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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos junto a Uribe, y el ex comandante general de las fuerzas militares, Freddy Padilla. -EFE |
Entre 2002 y 2008 se produjeron en Colombia 3.345 ejecuciones
extrajudiciales. La mayoria de las víctimas eran hombres jóvenes,
algunos sin trabajo, otros campesinos o habitantes de zonas rurales y
todos de familia con escasos recursos económicos. Gran parte de los
casos seguían un patrón parecido: a los meses de abandonar sus casas,
convencidos de que un trabajo les aguardaba en algún lugar lejano,
aparecían muertos vestidos de guerrileros o con armas en las manos.
Son los llamados “falsos positivos”, los asesinatos de civiles que
se han usado para inflar las cifras y presentar los buenos resultados
falsamente obtenidos en la guerra del Ejército colombiano contra las
guerrillas, en especial en la lucha principal contra las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un informe presentado en La Haya, la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado los casos que de manera
“sistemática y generalizada” ocurrieron bajo la presidencia de Álvaro
Uribe. La ONG pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una
investigación por crímenes de lesa humanidad contra los altos cargos
militares que han quedado impunes.
Parcialidad en los juicios
El texto, de más de 50 páginas, y elaborado en conjunto con
la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) documenta cómo
“se reclutaba a las víctimas con información falsa para que después el
Ejército se encargara de la ejecución de los civiles y de simular la
baja en combate”. “Estos actos estaban apoyados por los más altos
mandos del Ejército, quienes no solo no ejercieron el necesario deber
de control sino que promovieron estos hechos”, añade el informe La
guerra se mide en litros de sangre (pincha aquí para ver el documento
en PDF).
En 2006, la oficina del fiscal de la CPI anunció un “examen
preliminar” sobre la situación en Colombia para determinar si era
necesario abrir una investigación por la incapacidad de la justicia
colombiana para juzgar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o
actos de genocidio. Para las organizaciones denunciantes es algo
insuficiente ya que, a su juicio, ha quedado demostrado que los
juicios por este presunto delito no son llevados a cabo con
imparcialidad porque es la justicia penal militar y no la “ordinaria” la
que lleva los casos.
El estudio denuncia además que las investigaciones en Colombia por
los falsos positivos se limitan a juicios a soldados de poca categoría.
“No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los
altos mandos militares, máximos responsables de las ejecusiones”,
sentencia el texto, que añade que los crímenes se enfocan como “casos
aislados” en los que pocas veces se acusa por “desaparición forzada (…)
no se investiga la tortura, ni la violencia sexual o la detención
arbitraria”.
Incentivos a los militares
Los falsos positivos de Colombia vienen de lejos. Ya en 2010,
Wikileaks destapó las presiones que ejercía la cúpula militar para
ocultarlos “intimidando a testigos para evitar que declaren”. En un
cable diplomático, el embajador estadounidense, William Brownfield, el
general designado por el Ministerio de Defensa para investigar los
crímenes, narra lo que le llegó a contar el general de división Carlos
Suárez, nombrado inspector general por el entonces ministro de Defensa
y hoy presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Suárez cuenta cómo comandantes del Ejército colombiano se oponen a
iniciar una investigación y, lo más grave, no duda en calificar las
ejecuciones de “fenómeno generalizado”. El inspector cree que la
insistencia por parte de algunos mandos militares en usar el número
de cadáveres como medida de éxito es la causa de los falsos positivos.
“No sólo mina la legitimidad del Ejército, sino que crea una falsa
ilusión de éxito y, como resultado, los falsos positivos han hecho que
se desvíen fondos y atención de la lucha contra las FARC”.
Algo que remarca la FIDH en su informe: “Paralelamente al sistema de
incentivos monetarios (a civiles y exinsugentes para facilitar
información al Ejército) existían recompensas para los miembros del
ejército” que iban desde licencias a ascensos o condecoraciones.
Los falsos positivos son sólo una pequeña muestra de los 32.000
desaparecidos que existían en Colombia cuando Uribe abandonó el cargo en
agosto de 2010 quemado por el escándalo de los servicios secretos del
país (DAS), bajo orden directa del expresidente. Algunos de los
responsables del DAS entraron en prisión acusados de facilitar datos a
los paramilitares sobre líderes sociales y sindicales que después
fueron asesinados.
La cifra de personas cuyo rastro se ha perdido en Colombia durante
las últimas décadas asciende a 51.000, según el estudio ‘Rompiendo el
Silencio: en busca de los desaparecidos en Colombia’, del Grupo de
Trabajo para América Latina y la Oficina para Colombia de EEUU. Más
de la mitad han sido víctimas de desapariciones forzosas cometidas por
guerrillas, paramilitares o miembros de los cuerpos de seguridad,
cifras que colocan a Colombia a la cabeza de este tipo de crímenes en
todo el mundo, incluso por delante de las terribles dictaduras chilena y
argentina de los años 70 y 80.
El estudio de la FIDH pone nombres y apellidos de los autores de las
ejecuciones. En la presentación del informe, la ONG ha indicado que
junto a sus denuncias ha enviado a la CPI una lista confidencial
con los principales presuntos criminales. Ahora, sólo espera que la
Corte con sede en La Haya recoja el guante e inicie una
investigación que, hasta ahora, no ha visto necesaria.
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