Constancia presentada por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos .- "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías"

Gloria Inés Ramírez Ríos.- Senadora de la República por el PDA

Constancia presentada por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos en la plenaria del Senado "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías"

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

Constancia

Me permito dejar la presente constancia en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, en relación con el Proyecto de Ley No. 127 de 2010 – Cámara, 153 –Senado “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.”

El proyecto se orienta a recortar las regalías que hoy reciben los departamentos y municipios productores por concepto de explotación minera y petrolera, apoyándose, de una parte, en el argumento de que es necesario ponerle fin a la corrupción que ha dilapidado los recursos y, de otra, en que debe haber equidad regional y social para que todos los colombianos puedan beneficiarse de los recursos. En el momento actual, aproximadamente 400 municipios no están recibiendo ningún tipo de regalías después de la entrada en funcionamiento del nuevo Sistema General de Regalías el pasado 30 de marzo de 2012.

El Gobierno Nacional anuncia que 8,3  billones de pesos en regalías al año se destinarán a los diferentes departamentos y municipios del país, este dinero equivale a un tercio de los recursos de inversión de la Nación y solo se destinarán a los municipios y departamentos que muestren los proyectos en los que serán invertidos.  El sistema además asignará los recursos a través de los Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional y de Ciencia y Tecnología, de los cuales el 40% del Fondo de Compensación Regional es para los municipios, es decir, para proyectos de impacto local; de ese porcentaje el 30% es para los 700 municipios mas pobres y el 10% para los otros 300; el 60% restante es para proyectos de impacto regional de todo el país.

El Polo Democrático Alternativo se opuso al Acto Legislativo 5 de 2011 y advirtió que con esta reforma el gobierno nacional despojaría a los departamentos y municipios sus derechos a invertir los recursos de regalías en proyectos de beneficio local. El presente proyecto, confirma esas advertencias por las siguientes razones:

•    El Proyecto le entrega al Gobierno Nacional el poder para definir en qué se deben invertir los recursos de regalías. Para que las entidades territoriales puedan gastar estos recursos deben aprobarse unos “Proyectos de Inversión”, el trámite para la aprobación de dichos proyectos tiene varios obstáculos que permiten que el Gobierno Nacional sea finalmente quien defina qué proyectos se aprueban o no ejerciendo un control vertical sobre este nuevo Sistema de Regalías. Además, contribuye a aumentar las dificultades burocráticas al recargar a los Alcaldes de requisitos  administrativos y de planeación para presentar los proyectos, sin tener en cuenta que esto puede desbordar las capacidades técnicas y logísticas de muchos municipios y dificultar el uso de los recursos que por derecho les corresponden.

•    No es cierto que las regalías se distribuirán de manera democrática entre las distintas entidades territoriales en primer lugar, porque sólo el 50% de ellas llegará a las entidades vía fondos de Compensación y Desarrollo Regional, la otra mitad ya tiene una destinación específica que amarra los recursos para que no puedan ser utilizados. Aproximadamente, el 30% de estos recursos  se invertirán en operaciones de especulación financiera a través de su conservación en el Fondo de Ahorro y Estabilización.

•    Tampoco es cierto que las regalías se distribuirán de manera democrática entre las distintas entidades territoriales en primer lugar, porque sólo el 40% de ellas llegará a las entidades vía fondos de Compensación y Desarrollo Regional, la otra mitad ya tiene una destinación específica que amarra los recursos para que no puedan ser utilizados por los municipios. Aproximadamente, el 30% de estos recursos  se invertirán en operaciones de especulación financiera a través de su conservación en el Fondo de Ahorro y Estabilización.

•    No se fortalece la fiscalización a las empresas que explotan recursos naturales no renovables, porque no se contempla un mecanismo o sistema para conocer los ingresos y egresos de las empresas que explotan recursos naturales lo cual debería ser ejercido por la Contraloría, entidad  que tiene la plena capacidad para ejercer un control real sobre los recursos públicos. Esta facultad no debe ser delegada a terceros a través de la contratación de auditorias porque resultan las mismas empresas auditándose generando un círculo vicioso de falta de controles y despilfarro de los recursos.

•    Durante el proceso de aprobación del Proyecto de Ley se violó el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades y pueblos indígenas cuyo sustento está en el Artículo 1, 7,  40  y 330 de la Constitución Política excluyendo a las comunidades de las decisiones que las afectan en sus territorios, ignorando las resoluciones de la Corte Constitucional al respecto  y el artículo 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT.  

•    En los distintos debates el Gobierno Nacional ha anunciado que los municipios que paguen el 125% del pasivo pensional podrán usar los recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para el pago de mesadas pensionales.  De esta manera el gobierno condiciona como parte de la estrategia “pago – castigo” los recursos destinados a la seguridad social en las regiones, lo cual desde nuestro punto de vista es inaceptable y lesiona el artículo 1 de la Constitución Política sobre la autonomía de las entidades territoriales, así como los demás derechos sociales y laborales de los trabajadores.

•    Resulta inaceptable que con el boom minero –energético que ha dado como resultado un aumento notable de la inversión extranjera directa que ha pasado de 278 millones de dólares en 2003 a más de 4.300 millones de dólares en 2011 en el sector de hidrocarburos , hayan disminuido notablemente los recursos de regalías de la mayoría de regiones donde se explotan los recursos naturales de 4,5 a 3,9 billones de pesos  aproximadamente. .

•    Según la Federación Colombiana de Municipios 400 poblaciones no recibirán ni un solo peso por Regalías y 312 que tenían derecho verán reducidas sus partidas. .  Esta dramática situación no se compensa con el anuncio del gobierno nacional de aumentar los recursos en 900 mil millones de pesos que serán dirigidos a la financiación de programas asistencialistas de alimentación infantil y transporte escolar. 

La denominada pelea “por la repartición de la mermelada” no se soluciona con partidas que sólo serán migajas de cara a los problemas estructurales que padecen hoy las regiones donde se explotan los recursos naturales, las cuales soportan la falta de inversión social, las consecuencias de los altos impactos medioambientales y sociales de estos proyectos y la sobre explotación de los trabajadores, víctimas de reiteradas violaciones a los derechos laborales.

Por tal motivo, el Polo se opone a este proyecto considerando que los recursos deben dirigirse hacia la financiación de los municipios más pobres de Colombia para incentivar las economías de las entidades territoriales, la inversión social y el desarrollo  integral de las regiones y no sólo el beneficio de unos cuantos empresarios de las grandes empresas multinacionales cuyo nivel de ganancia es el más alto en los últimos años.

En este punto, evidentemente el Proyecto constituye un retroceso inaceptable en materia de descentralización y le entrega al gobierno nacional cuantiosas sumas de dinero para alimentar el clientelismo y la politiquería, atentando gravemente contra la autonomía regional.

El camino indicado, entonces, es el de adoptar una nueva legislación que proteja los intereses nacionales y logre una participación mayor del Estado en la renta que produce la explotación de los hidrocarburos para que redistribuya equitativamente los recursos en las regiones y en todo el país.

Por todas estas razones, nos oponemos decididamente al Proyecto de Acto Legislativo No 13 de 2010 Senado, lo votamos negativamente y llamamos a la opinión pública a movilizarse a favor de una política de defensa de nuestros recursos naturales no renovables que sirva para el progreso y mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el P.D.A.

Bogotá, D.C., Mayo 2 de 2012.