Más de 500 ONG piden que los parlamentos de los 27 estados de la UE voten el TLC con Colombia

OIDHACO

Por respeto a la democracia, debe garantizarse el debate en los parlamentos nacionales de los 27 países que integran la UE

Dictámenes jurídicos señalan que el Acuerdo multipartes entre la UE-Colombia y Perú no es de competencia exclusiva de la UE, sino que requiere de la ratificación en los Estados miembros al incluir cláusulas sobre el respeto a los Derechos Humanos y la no proliferación de armas de destrucción masiva.

Los Estados miembros deben exigir la posibilidad de un debate democrático interno para poder abordar los altos índices de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la situación de conflicto armado como en Colombia.

Estos TLC agudizarán los conflictos y desigualdades sociales existentes en estos países y agravarán la situación de DD.HH.

Señalan que las empresas europeas que realizan inversiones en Colombia, en territorios que han sido arrebatados a campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendendientes a través de graves violaciones a los DD.HH., podrán convertirse en cómplices de estas atrocidades

En el Consejo Europeo se ha dado comienzo al trámite necesario para la aprobación del Acuerdo comercial entre la UE-Colombia y Perú. Ante las preguntas parlamentarias al Comisario Karel De Gucht en relación con la grave situación de los derechos humanos en Colombia, las redes europeas y latinoamericanas, agrupadas en OIDHACO, la red birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), Grupo Sur, Alianza Social Continental, la Red Colombiana de Acción contra el Libre Comercio (RECALCA) y CNCD-11.11.11, expresan su profunda preocupación por la posible aprobación de dicho Acuerdo.

Estas organizaciones solicitan al Consejo Europeo que defina la naturaleza del acuerdo, como mixto, por contener en él dos prescripciones que no forman parte del ámbito de la política comercial común. Según el artículo 2 del Tratado, las partes acuerdan la cooperación respecto al desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva.

“La UE carece de competencia en esta materia. Ante esta situación, ha de suponerse que el Tratado es un acuerdo mixto, al que deben adherirse tanto la UE como los Estados miembros que la componen”, explica Lourdes Castro, representante del Grupo Sur, “tal como se ha decidido en el caso del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica”.

Para Brid Brennan de la red Enlazando Alternativas, la cuestión está en la naturaleza democrática del debate. “Nos parece esencial que el Consejo Europeo considere que es un acuerdo mixto, que debe ser ratificado por los parlamentos nacionales, y permitir de esta forma un debate democrático abierto” en el que se dé cabida con la participación de la sociedad civil. “Dada la situación muy específica de estos dos países andinos, es inconcebible que un Acuerdo, que tendrá un impacto importante sobre la situación de los DD.HH., se considere exclusivamente ‘comercial’”, añade Gérard Karlshausen, de CNCD-11.11.11 y miembro del consejo de Concord. Para las organizaciones sociales firmantes sería un error muy grave si se impide un proceso verdaderamente democrático.

Durante los últimos años diversas organizaciones colombianas y peruanas así como europeas, han alertado a la UE de las nefastas consecuencias en estos dos países si estos TLC se aprueban. “La UE no ha tenido en cuenta a la sociedad civil colombiana”, manifiesta el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies. “Por ejemplo, los pueblos indígenas colombianos han expuesto en el Parlamento Europeo que este acuerdo podría contribuir a la extinción de al menos 35 pueblos que se encuentran en inminente riesgo de desparecer”.

“En el caso de Colombia, la UE no puede acaparar la competencia para firmar acuerdos con un país en medio de un conflicto armado, en el que, tan sólo en el primer semestre de 2011 han sido asesinados 29 defensores de DD.HH. y que presenta un alarmante incremento del 126% en las agresiones individuales contra defensores en comparación con el mismo periodo de 2010”, subraya Laura Rangel de la Alianza Social Continental. “La violencia contra las mujeres es un problema muy grave y Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas”, cierra Rangel.

Por su parte, Gustavo Hernández de ALOP, expone. “Más de 500 organizaciones europeas y latinoamericanas que representan a la sociedad civil, han solicitado a la UE que no firme ni apruebe estos Acuerdos. Si Europa vive una crisis económica, Colombia y Perú padecen una crisis social permanente con millones de personas en la pobreza y miseria, sumada al grave deterioro de los derechos humanos”.

Por todas estas razones las más de 500 organizaciones de América Latina y Europa agrupadas en redes, hacemos un llamado a cada uno de los países miembros de la UE para que exijan la posibilidad del escrutinio democrático en el seno de sus países.

Bruselas, 29 de septiembre de 2011.