En Grecia inicia este miércoles una nueva huelga general de 48 horas en protesta al proyecto de ley que será votado el jueves que incluye recortes de ingresos, pensiones, más impuestos y cambios en el reglamento laboral, el cual se añade a las medidas que han sido implantadas en ese país desde hace meses para reducir el déficit a 8,5 por ciento este año.
La nación amanece con los colegios y universidades estatales cerrados, los hospitales (que tendrán sólo servicios de emergencia) y los tribunales fuera de servicio.
Sin laborar estarán también los empleados bancarios y los abogados. No habrá transporte ferroviario ni taxis y los transportes públicos funcionarán sólo algunas horas en Atenas.
El sector público también estará paralizado debido a que los funcionarios del Ministerio de Finanzas y los inspectores de Hacienda decidieron no asistir a su trabajo y otros despachos del gabinete continúan ocupados por manifestantes que impiden que empleados laboren.
La protesta fue convocada por los dos sindicatos mas importantes del país que representan a los trabajadores del sector privado y del público respectivamente.
La policía de Atenas ha instalado una valla metálica a la entrada del Parlamento y en los alrededores se han desplegados fuerzas de brigadas antidisturbios, pues se espera que los manifestantes se congreguen delante de esta Cámara.
Las autoridades policiales temen que durante las manifestaciones sean incendiadas las decenas de toneladas de basura que permanecen en las calles por la huelga de trabajadores de la limpieza que cerró el basurero principal de la zona, pese al decreto de movilización civil dictado por el Gobierno para que se usen los camiones.
El proyecto de ley que será votado este jueves por la tarde incluye recortes de ingresos, pensiones y más impuestos para que Grecia pueda reducir su déficit del 10,6 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2010 al 8,5 por ciento este año.
También regula la reserva laboral de los empleados públicos (respecto a su despido), que afecta a todos los trabajadores pagados por el Estado (incluidos las fuerzas armadas y los jueces) y reforma la legislación en un intento de reducir el coste de mantener el sector público.
El Gobierno griego está obligado a aprobar esta ley, ya que la troika (La misión de supervisión conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), no aprobará la sexta parte del rescate de 8 mil millones de euros que dará liquidez al estado griego para pagar salarios y pensiones a partir de noviembre.
LRDS
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