AFP | Fecha: 10/07/2011.- El saldo de los derechos humanos sigue siendo negativo en Colombia, donde siguen registrándose asesinatos, impunidad y desplazamientos por el conflicto interno, a más de un año asumir el poder el presidente Juan Manuel Santos, estimó este viernes la organización Wola.
"Es importante reconocer que el gobierno del presidente Santos ha mostrado una mayor disposición al diálogo con las organizaciones de derechos humanos (...) y que ha avanzado en la formulación de políticas encaminadas al reconocimiento de las víctimas del conflicto armado", señaló el informe.
Pero "esa voluntad todavía no se ha visto traducida en cambios reales en el estado de observancia y cumplimiento de los derechos humanos en el país en el último año", indicó la Oficina de América Latina en Washington (Wola).
"A pesar del cambio de discurso y la disposición al diálogo, los asesinatos, las amenazas, los atentados y las interceptaciones ilegales en contra de los y las defensores/ras de derechos humanos continúan" y los niveles de impunidad no se reducen, subrayó la organización estadounidense.
Mientras que en 2010 se registraron 174 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, sólo en los primeros cinco meses de 2011 se documentaron 1.451 casos de violencia, 29 de ellos asesinatos, afirmó Wola.
En lo que va de este año, 20 sindicalistas han sido asesinados, diez de ellos desde que en abril Washington y Bogotá firmaran un plan de acción para garantizar el respeto de los derechos laborales en Colombia de cara a la ratificación de un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
Durante la presidencia de Santos, que asumió el poder en agosto de 2010, "se han registrado 29 casos de ejecuciones extrajudiciales", indicó el informe.
De enero a junio pasados, los homicidios de indígenas aumentaron en 38% con respecto al mismo periodo de 2010. En esos seis meses se registraron también 17.500 personas desplazadas por motivo del conflicto interno.
Wola saludó la designación de Viviane Morales como fiscal general, quien ha hecho "algunos avances" en investigaciones de violaciones de derechos humanos, pero lamentó que la tasa de impunidad siga por encima del 90%.
La organización, que en el pasado ha recibido amenazas de muerte de presuntas organizaciones paramilitares colombianas, pidió a la comunidad internacional impulsar al gobierno de Santos para que "la voluntad política mostrada hasta el momento se traduzca en un cambio real y sostenible".
"Es importante reconocer que el gobierno del presidente Santos ha mostrado una mayor disposición al diálogo con las organizaciones de derechos humanos (...) y que ha avanzado en la formulación de políticas encaminadas al reconocimiento de las víctimas del conflicto armado", señaló el informe.
Pero "esa voluntad todavía no se ha visto traducida en cambios reales en el estado de observancia y cumplimiento de los derechos humanos en el país en el último año", indicó la Oficina de América Latina en Washington (Wola).
"A pesar del cambio de discurso y la disposición al diálogo, los asesinatos, las amenazas, los atentados y las interceptaciones ilegales en contra de los y las defensores/ras de derechos humanos continúan" y los niveles de impunidad no se reducen, subrayó la organización estadounidense.
Mientras que en 2010 se registraron 174 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, sólo en los primeros cinco meses de 2011 se documentaron 1.451 casos de violencia, 29 de ellos asesinatos, afirmó Wola.
En lo que va de este año, 20 sindicalistas han sido asesinados, diez de ellos desde que en abril Washington y Bogotá firmaran un plan de acción para garantizar el respeto de los derechos laborales en Colombia de cara a la ratificación de un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
Durante la presidencia de Santos, que asumió el poder en agosto de 2010, "se han registrado 29 casos de ejecuciones extrajudiciales", indicó el informe.
De enero a junio pasados, los homicidios de indígenas aumentaron en 38% con respecto al mismo periodo de 2010. En esos seis meses se registraron también 17.500 personas desplazadas por motivo del conflicto interno.
Wola saludó la designación de Viviane Morales como fiscal general, quien ha hecho "algunos avances" en investigaciones de violaciones de derechos humanos, pero lamentó que la tasa de impunidad siga por encima del 90%.
La organización, que en el pasado ha recibido amenazas de muerte de presuntas organizaciones paramilitares colombianas, pidió a la comunidad internacional impulsar al gobierno de Santos para que "la voluntad política mostrada hasta el momento se traduzca en un cambio real y sostenible".
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