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| Según el testimonio que le entregó a la justicia el oficial, la Fuerza Pública cometió toda clase de crímenes en el departamento de Córdoba./Archivo. El Espectador |
Oficial detenido reveló cómo operaban las unidades del Gaula de Córdoba para ‘legalizar’ decenas de falsos positivos. Su versión es valorada hoy por fiscales de derechos humanos.
El capitán Antonio Rozo Valbuena, experto en combate y operaciones contraguerrilla, instructor de las fuerzas especiales y unidades élite del Ejército, le confesó a la Fiscalía toda la violencia, no que evitó, sino de la cual fue protagonista como uno de los oficiales del Gaula de Córdoba entre 2006 y 2007. Una escandalosa declaración que con todo detalle revela cómo operaba esa unidad, los dineros y felicitaciones que recibía y cómo ‘legalizaba’ la estela de crímenes para mostrar resultados en una de las zonas más conflictivas de Colombia.
En febrero de 2006 se creó el Gaula Córdoba, que tenía jurisdicción en 41 municipios de Córdoba y Antioquia. Fue la respuesta del gobierno a la ola de secuestros y extorsiones de las autodefensas y la guerrilla. El capitán Rozo fue designado allí como comandante de la unidad operativa y pronto entró en ese círculo de asesinatos, porque “entre más muertos reportara una unidad, mejor se iba a ver calificada e iba a permitir que los comandantes tuvieran viajes al exterior o estímulos para sus subalternos”.
Lo primero que confesó Rozo fue que en marzo de 2006, mientras el presidente Álvaro Uribe descansaba en una finca cerca del municipio de Sabanal y el Gaula custodiaba la región, con el ánimo de sobresalir fueron ejecutadas cinco personas por orden del comandante de ese grupo, mayor Óscar Alberto Acuña, investigado por falsos positivos. Luego seguirían otras muertes que le costaron a ese Gaula las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos que llegaron a oídos de la embajada de Estados Unidos, la cual de inmediato restringió su ayuda en armas.
Rozo relató que si no daban bajas, sencillamente los relevaban de sus cargos, que jurídicamente ‘amarraban’ bien los casos para que la Justicia Penal Militar les archivara las investigaciones y solicitó que se investigara a un general de la República, de quien dijo que cuando comandaba la brigada se cometieron muchos falsos positivos, porque necesitaba mostrar estadísticas para ser llamado a curso de general y, según Rozo, dicha distinción era evaluada por los éxitos operacionales. Este diario se abstiene de publicar el nombre del general para no afectar el proceso.
El testigo narró otros episodios particulares como lo ocurrido en El Bagre (Antioquia), jurisdicción que tenía al mando un oficial de apellido Ramírez, que había sido encargado de cuidar unas dragas para la explotación de petróleo. “Misteriosamente le dieron una medalla al mérito por orden público porque ese año él hizo demasiados resultados”, señaló Rozo, al afirmar que el batallón del mencionado oficial reportó 54 bajas en combate ese año. Muchos casos de falsos positivos se los atribuyó a la Brigada 11 en Córdoba.
“Cuando un soldado se allana a cargos y dice ‘sí, yo lo hice, yo lo maté, mi coronel no tenía conocimiento’, eso es mentira. Para hacer un falso positivo se necesita un tren logístico y una capacidad intelectual bastante amplia para poder maquinar y amarrar bien el procedimiento”, dijo Rozo, y añadió que es inaudito pensar que un soldado regular, cuya máxima bonificación es de $86.000, compre una pistola en el mercado negro que cuesta $700.000, o que va a dar dinero para traer víctimas desde otros departamentos, como ocurrió en el caso de Soacha. “Somos los oficiales los que hacemos eso, porque uno tiene un entrenamiento y la capacidad intelectual y ha recibido cursos que dio la misma Fiscalía”.
Añadió que la clave para evadir la mano de la justicia era idear la forma para eximirse de las responsabilidades, “presentando el delito como actos típicos del ejercicio y con armas para defender la soberanía”. Después, contó Rozo, muchos extorsionistas fueron asesinados porque la orden era simple: “No me reporte nada sino bajas”. De acuerdo con el militar, un detective del DAS con funciones de policía judicial (es decir, cuya labor era recolectar pruebas), junto con otro investigador que hoy trabaja en la unidad de derechos humanos de Montería, ‘legalizaba’ esos resultados.
“Están condenando a los más idiotas. No busquen aquí, busquen arriba”, refirió Rozo para explicar que la justicia debe ocuparse de las responsabilidades de los oficiales que daban las órdenes a los soldados, y recordó que el Batallón Rifles tuvo nexos con bandas criminales e influencia de los paramilitares de Macaco y Cuco Vanoy en Caucasia y Tarazá. En Pueblo Nuevo, Cereté, Cuturú, Tierralta y Chinú, los hombres bajo su mando ‘legalizaron’ falsos positivos, algunos de los cuales habrían sido cometidos por bandas criminales.
Por último, mencionó la participación de varios altos oficiales cuyos nombres se reserva El Espectador; cómo éstos entregaban armas, coordinaban la logística, repartían dinero y en coordinación con otros agentes del Estado simulaban combates, acomodaban las escenas de los crímenes, plantaban armas a las víctimas y cobraban los méritos y las recompensas. Incluso, sugirió que algunos de ellos tendrían nexos con grupos de narcotráfico y que se habrían cometido peculados al destinar dineros de gastos reservados para construir cabañas.
También señaló que muchas de las investigaciones por estas muertes no tenían mayores avances en la Justicia Penal Militar y que, mientras hay muchos soldados o militares de bajo rango condenados o enfrentando juicios por estos episodios, la mayoría de los uniformados que dieron las órdenes siguen pasando de agache. En síntesis, esbozó una horrenda radiografía de barbarie en el Gaula de Córdoba. Hoy su testimonio está siendo valorado por un fiscal de derechos humanos que investiga toda la suerte de atrocidades que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública cometieron en busca de beneficios y medallas.
Aun cuando Colombia parece ya anestesiada por las denuncias y expedientes de los mal llamados falsos positivos, la confesión del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien incluso hizo dos especializaciones en derechos humanos en Estados Unidos, fue tan escabrosa que la justicia apenas comienza a procesar su ventilador. Un testimonio cuyo valor principal reside en que quedó al descubierto, como él dijo, el modus operandi de todos estos crímenes.
El récord militar del capitán Antonio Rozo
Según su hoja de vida, el capitán Antonio Rozo Valbuena cursó derecho y administración de empresas, con especialización en la Escuela de Ingenieros y varios diplomados con la Fiscalía durante el año 2006. Además, hizo especializaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Estados Unidos, al punto de ser instructor.
“Dentro del campo militar desarrollé todos los cursos de combate, entre ellos lancero y contraguerrilla. Soy instructor de fuerzas especiales, creé y me entrené con las unidades del Ejército que tantos resultados han dado en los últimos años. En el año 2005, como estímulo por mi desempeño, me mandaron a descansar a esta llamada unidad Gaula Córdoba, de la que fui integrante durante los años 2006 y 2007”.
Actualmente, junto con otro oficial, el mayor Julio César Parga, busca beneficios por colaboración confesando todo cuanto sabe de las irregularidades y los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública con los que trabajó en el departamento de Córdoba. El próximo 5 de diciembre cumplirá 31 años.
Tres años de escándalos
En septiembre de 2008, un cruce de datos entre Medicina Legal y la Fiscalía fue el primer paso en dirección a descubrir que en las Fuerzas Militares, desde hacía varios años, se venía cometiendo la escalofriante prática de asesinar a un civil y, posteriormente, presentarlo como muerto en combate.
El escándalo de Soacha, como se le conoció, provocó que varios altos oficiales, entre ellos el general (r) Mario Montoya —comandante del Ejército—, se retiraran de sus cargos. La ONU ha manifestado que esta práctica fue sistemática por un largo tiempo, pero ha reconocido asimismo los esfuerzos del Gobierno colombiano para acabar por completo con estas irregularidades.
Redacción Judicial Elespectador.com
El capitán Antonio Rozo Valbuena, experto en combate y operaciones contraguerrilla, instructor de las fuerzas especiales y unidades élite del Ejército, le confesó a la Fiscalía toda la violencia, no que evitó, sino de la cual fue protagonista como uno de los oficiales del Gaula de Córdoba entre 2006 y 2007. Una escandalosa declaración que con todo detalle revela cómo operaba esa unidad, los dineros y felicitaciones que recibía y cómo ‘legalizaba’ la estela de crímenes para mostrar resultados en una de las zonas más conflictivas de Colombia.
En febrero de 2006 se creó el Gaula Córdoba, que tenía jurisdicción en 41 municipios de Córdoba y Antioquia. Fue la respuesta del gobierno a la ola de secuestros y extorsiones de las autodefensas y la guerrilla. El capitán Rozo fue designado allí como comandante de la unidad operativa y pronto entró en ese círculo de asesinatos, porque “entre más muertos reportara una unidad, mejor se iba a ver calificada e iba a permitir que los comandantes tuvieran viajes al exterior o estímulos para sus subalternos”.
Lo primero que confesó Rozo fue que en marzo de 2006, mientras el presidente Álvaro Uribe descansaba en una finca cerca del municipio de Sabanal y el Gaula custodiaba la región, con el ánimo de sobresalir fueron ejecutadas cinco personas por orden del comandante de ese grupo, mayor Óscar Alberto Acuña, investigado por falsos positivos. Luego seguirían otras muertes que le costaron a ese Gaula las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos que llegaron a oídos de la embajada de Estados Unidos, la cual de inmediato restringió su ayuda en armas.
Rozo relató que si no daban bajas, sencillamente los relevaban de sus cargos, que jurídicamente ‘amarraban’ bien los casos para que la Justicia Penal Militar les archivara las investigaciones y solicitó que se investigara a un general de la República, de quien dijo que cuando comandaba la brigada se cometieron muchos falsos positivos, porque necesitaba mostrar estadísticas para ser llamado a curso de general y, según Rozo, dicha distinción era evaluada por los éxitos operacionales. Este diario se abstiene de publicar el nombre del general para no afectar el proceso.
El testigo narró otros episodios particulares como lo ocurrido en El Bagre (Antioquia), jurisdicción que tenía al mando un oficial de apellido Ramírez, que había sido encargado de cuidar unas dragas para la explotación de petróleo. “Misteriosamente le dieron una medalla al mérito por orden público porque ese año él hizo demasiados resultados”, señaló Rozo, al afirmar que el batallón del mencionado oficial reportó 54 bajas en combate ese año. Muchos casos de falsos positivos se los atribuyó a la Brigada 11 en Córdoba.
“Cuando un soldado se allana a cargos y dice ‘sí, yo lo hice, yo lo maté, mi coronel no tenía conocimiento’, eso es mentira. Para hacer un falso positivo se necesita un tren logístico y una capacidad intelectual bastante amplia para poder maquinar y amarrar bien el procedimiento”, dijo Rozo, y añadió que es inaudito pensar que un soldado regular, cuya máxima bonificación es de $86.000, compre una pistola en el mercado negro que cuesta $700.000, o que va a dar dinero para traer víctimas desde otros departamentos, como ocurrió en el caso de Soacha. “Somos los oficiales los que hacemos eso, porque uno tiene un entrenamiento y la capacidad intelectual y ha recibido cursos que dio la misma Fiscalía”.
Añadió que la clave para evadir la mano de la justicia era idear la forma para eximirse de las responsabilidades, “presentando el delito como actos típicos del ejercicio y con armas para defender la soberanía”. Después, contó Rozo, muchos extorsionistas fueron asesinados porque la orden era simple: “No me reporte nada sino bajas”. De acuerdo con el militar, un detective del DAS con funciones de policía judicial (es decir, cuya labor era recolectar pruebas), junto con otro investigador que hoy trabaja en la unidad de derechos humanos de Montería, ‘legalizaba’ esos resultados.
“Están condenando a los más idiotas. No busquen aquí, busquen arriba”, refirió Rozo para explicar que la justicia debe ocuparse de las responsabilidades de los oficiales que daban las órdenes a los soldados, y recordó que el Batallón Rifles tuvo nexos con bandas criminales e influencia de los paramilitares de Macaco y Cuco Vanoy en Caucasia y Tarazá. En Pueblo Nuevo, Cereté, Cuturú, Tierralta y Chinú, los hombres bajo su mando ‘legalizaron’ falsos positivos, algunos de los cuales habrían sido cometidos por bandas criminales.
Por último, mencionó la participación de varios altos oficiales cuyos nombres se reserva El Espectador; cómo éstos entregaban armas, coordinaban la logística, repartían dinero y en coordinación con otros agentes del Estado simulaban combates, acomodaban las escenas de los crímenes, plantaban armas a las víctimas y cobraban los méritos y las recompensas. Incluso, sugirió que algunos de ellos tendrían nexos con grupos de narcotráfico y que se habrían cometido peculados al destinar dineros de gastos reservados para construir cabañas.
También señaló que muchas de las investigaciones por estas muertes no tenían mayores avances en la Justicia Penal Militar y que, mientras hay muchos soldados o militares de bajo rango condenados o enfrentando juicios por estos episodios, la mayoría de los uniformados que dieron las órdenes siguen pasando de agache. En síntesis, esbozó una horrenda radiografía de barbarie en el Gaula de Córdoba. Hoy su testimonio está siendo valorado por un fiscal de derechos humanos que investiga toda la suerte de atrocidades que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública cometieron en busca de beneficios y medallas.
Aun cuando Colombia parece ya anestesiada por las denuncias y expedientes de los mal llamados falsos positivos, la confesión del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien incluso hizo dos especializaciones en derechos humanos en Estados Unidos, fue tan escabrosa que la justicia apenas comienza a procesar su ventilador. Un testimonio cuyo valor principal reside en que quedó al descubierto, como él dijo, el modus operandi de todos estos crímenes.
El récord militar del capitán Antonio Rozo
Según su hoja de vida, el capitán Antonio Rozo Valbuena cursó derecho y administración de empresas, con especialización en la Escuela de Ingenieros y varios diplomados con la Fiscalía durante el año 2006. Además, hizo especializaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Estados Unidos, al punto de ser instructor.
“Dentro del campo militar desarrollé todos los cursos de combate, entre ellos lancero y contraguerrilla. Soy instructor de fuerzas especiales, creé y me entrené con las unidades del Ejército que tantos resultados han dado en los últimos años. En el año 2005, como estímulo por mi desempeño, me mandaron a descansar a esta llamada unidad Gaula Córdoba, de la que fui integrante durante los años 2006 y 2007”.
Actualmente, junto con otro oficial, el mayor Julio César Parga, busca beneficios por colaboración confesando todo cuanto sabe de las irregularidades y los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública con los que trabajó en el departamento de Córdoba. El próximo 5 de diciembre cumplirá 31 años.
Tres años de escándalos
En septiembre de 2008, un cruce de datos entre Medicina Legal y la Fiscalía fue el primer paso en dirección a descubrir que en las Fuerzas Militares, desde hacía varios años, se venía cometiendo la escalofriante prática de asesinar a un civil y, posteriormente, presentarlo como muerto en combate.
El escándalo de Soacha, como se le conoció, provocó que varios altos oficiales, entre ellos el general (r) Mario Montoya —comandante del Ejército—, se retiraran de sus cargos. La ONU ha manifestado que esta práctica fue sistemática por un largo tiempo, pero ha reconocido asimismo los esfuerzos del Gobierno colombiano para acabar por completo con estas irregularidades.
Redacción Judicial Elespectador.com
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