lunes, 3 de octubre de 2011

En 10 años, 354 sentencias por ataques contra sindicalistas

La justicia nacional ha logrado estos fallos por crímenes que muchos son por confesión de asesinos.
En diez años la justicia nacional ha logrado 354 sentencias por crímenes contra sindicalistas, la mayoría de ellas por la confesión de los mismos asesinos.

Según un informe de la Fiscalía General, conocido por EL TIEMPO, la mayoría de los condenados (31,7 por ciento) logró penas de entre 10 y 19 años de prisión. Otros 124 fueron sentenciados a prisión de entre 20 y 39 años, y solo en un caso se aplicó la máxima pena, de 60 años.

En 36 de los casos el fallo fue absolutorio y los investigados recuperaron su libertad.
Los años 2001 y 2002, cuando estaban en auge los grupos paramilitares, fueron los más críticos para los sindicalistas: en ese lapso se cometieron 106 de los crímenes juzgados hasta la fecha.

El documento revela que los departamentos de Valle del Cauca, con 41 casos; Santander, 22; Atlántico, 21; Antioquia, 20, y Norte de Santander, 16, fueron los más afectados por la violencia contra sindicalistas.

El 84 por ciento de las víctimas eran hombres y el 16 por ciento, mujeres. El sector más afectado por los ataques de grupos ilegales es el de los maestros, con 66 casos; seguido por el de los trabajadores del sector agrario, empleados de petroleras, de la salud y de la Rama Judicial.

Las autodefensas cometieron el 52 por ciento de los crímenes de sindicalistas, y lugo estuvo la delincuencia común con el 21 por ciento. Las Farc y el ELN también atacaron a los voceros de los trabajadores, registrando 21 casos.

En las condenas logradas por la justicia en la última década también hay integrantes de la Fuerza Pública: en diez casos, los responsables de los ataques eran militares; en dos, los perpetradores eran Policías, y en un crimen fue condenado un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

En la mayoría de los casos (156), los crímenes se cometieron por la supuesta vinculación de los sindicalistas con grupos guerrilleros, y en 47 hechos el crimen tenía un propósito económico. Llama la atención de la Fiscalía la existencia de 29 muertes en las que el móvil fue la venganza, incluyendo el ataque pasional.

La fiscal general, Viviane Morales, ordenó a los fiscales profundizar en las investigaciones contra los autores intelectuales de los crímenes, pues la mayoría de los condenados fueron quienes perpetraron el hecho.

Igualmente, la Fiscalía estableció un plan de descongestión para impulsar las investigaciones y evitar dilaciones que lleven a que los procesos contra sindicalistas empiecen a prescribir.

El Tiempo

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