Declaración de la Asamblea de Profesores de la UTP
Ante la justicia de las demandas de un movimiento estudiantil se responde con distractores violentos que lo que persiguen es borrar, desdibujar, desvirtuar, y perder el foco de lo que está en juego: la construcción de un proyecto de reforma universitaria democrática.
Lo que este conflicto sobre la reforma a la Ley 30, propuesta por el gobierno, y objetada por los estudiantes, ha puesto en evidencia es: la no viabilidad de políticas neoliberales en la educación y la salud con ánimo de lucro.
Una generación de jóvenes atravesada por la precarización laboral de su futuro que se levanta “indignada”, en diversos sitios del planeta contra la mercantilización de la vida, de la educación, de la salud.
Su levantamiento responde a una lucha que nadie parece darla por ellos, por su presente y por su futuro.
Estos jóvenes confrontan la injusticia de nuestros tiempos actuales, con formatos simbólicos que ponen en escena la “carnavalización” de las políticas públicas.
Cuando estos nuevos lenguajes que llaman al despertar, al amor por la universidad como bien público y como derecho ciudadano empiezan a penetrar en la sociedad y se inicia la comprensión de su movimiento y que este puede conducir a que la sociedad lo apropie y le asigne el lugar que le corresponde en la problemática del país, suceden hechos atípicos; justamente en ese momento y como freno a ese ascenso aparecen improvisadamente y de manera “inexplicable” y “extraña” hechos violentos que consiguen criminalizar la protesta y desorientar a una sociedad ya de por sí bastante desorientada y resignada.
A una sociedad que desconoce lo dramático de los efectos de una ley que desfinancia la educación pública por parte del Estado y que solamente posibilitará el ingreso de sus hijos por medio del endeudamiento financiero y la consiguiente usura bancaria, se le imponen por fuerzas extrauniversitarias y anarquizantes la violencia que han precisamente rechazado en sus “performances” y “acciones simbólicas”. Estas fuerzas irrumpen en el “campus universitario” con artefactos explosivos, autobuses en llamas, vidrios rotos y la consecuente policialización de la universidad.
Resultado de esta nueva situación: aislamiento del movimiento universitario, condena por la ciudadanía, criminalización de la protesta.
Ante esta situación la Asamblea de Profesores reunida el día 25 de octubre en el auditorio Jorge Roa Martínez considera:
- Identificarse con la justicia del movimiento universitario colombiano, por una reforma que sea democrática, que recoja la participación y las observaciones de toda la sociedad.
Ante la justicia de las demandas de un movimiento estudiantil se responde con distractores violentos que lo que persiguen es borrar, desdibujar, desvirtuar, y perder el foco de lo que está en juego: la construcción de un proyecto de reforma universitaria democrática.
Lo que este conflicto sobre la reforma a la Ley 30, propuesta por el gobierno, y objetada por los estudiantes, ha puesto en evidencia es: la no viabilidad de políticas neoliberales en la educación y la salud con ánimo de lucro.
Una generación de jóvenes atravesada por la precarización laboral de su futuro que se levanta “indignada”, en diversos sitios del planeta contra la mercantilización de la vida, de la educación, de la salud.
Su levantamiento responde a una lucha que nadie parece darla por ellos, por su presente y por su futuro.
Estos jóvenes confrontan la injusticia de nuestros tiempos actuales, con formatos simbólicos que ponen en escena la “carnavalización” de las políticas públicas.
Cuando estos nuevos lenguajes que llaman al despertar, al amor por la universidad como bien público y como derecho ciudadano empiezan a penetrar en la sociedad y se inicia la comprensión de su movimiento y que este puede conducir a que la sociedad lo apropie y le asigne el lugar que le corresponde en la problemática del país, suceden hechos atípicos; justamente en ese momento y como freno a ese ascenso aparecen improvisadamente y de manera “inexplicable” y “extraña” hechos violentos que consiguen criminalizar la protesta y desorientar a una sociedad ya de por sí bastante desorientada y resignada.
A una sociedad que desconoce lo dramático de los efectos de una ley que desfinancia la educación pública por parte del Estado y que solamente posibilitará el ingreso de sus hijos por medio del endeudamiento financiero y la consiguiente usura bancaria, se le imponen por fuerzas extrauniversitarias y anarquizantes la violencia que han precisamente rechazado en sus “performances” y “acciones simbólicas”. Estas fuerzas irrumpen en el “campus universitario” con artefactos explosivos, autobuses en llamas, vidrios rotos y la consecuente policialización de la universidad.
Resultado de esta nueva situación: aislamiento del movimiento universitario, condena por la ciudadanía, criminalización de la protesta.
Ante esta situación la Asamblea de Profesores reunida el día 25 de octubre en el auditorio Jorge Roa Martínez considera:
- Identificarse con la justicia del movimiento universitario colombiano, por una reforma que sea democrática, que recoja la participación y las observaciones de toda la sociedad.
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