El río Ranchería a merced de las locomotoras mineras
Por: Carlos Victoria.- Agenda Ciudadana
La locomotora minera está a punto de engullirse al río Ranchería, en la Guajira. No menos de 68 mil hectáreas serán intervenidas a lo largo de más de 20 kilómetros de su cauce, lo que implicará su desviación y con ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios. Se trata del 33 % de un territorio desértico que depende de este río para su subsistencia. En el lecho del afluente hay reservas de carbón, y la multinacional brasilera MPX, se frota las manos antes de iniciar la explotación del mineral. El río se ha constituído en el freno al desierto, y ahora en icono para detener a las locomotoras carboníferas.
Por: Carlos Victoria.- Agenda Ciudadana
La locomotora minera está a punto de engullirse al río Ranchería, en la Guajira. No menos de 68 mil hectáreas serán intervenidas a lo largo de más de 20 kilómetros de su cauce, lo que implicará su desviación y con ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios. Se trata del 33 % de un territorio desértico que depende de este río para su subsistencia. En el lecho del afluente hay reservas de carbón, y la multinacional brasilera MPX, se frota las manos antes de iniciar la explotación del mineral. El río se ha constituído en el freno al desierto, y ahora en icono para detener a las locomotoras carboníferas.
Río Ranchería, símbolo de la resistencia guajira
El
anuncio ha despertado el más rotundo rechazo de distintos sectores de
la Guajira que desde ya preparan una serie de actividades para oponerse a
la intervención del río, tal como de manera contundente lo hiciera la
ciudadanía de Bucaramanga y Santander, en defensa del Páramo de
Santurban. La historia de la minería a cielo abierto en la península
caribeña empezó en los años 80 con la estatal Carbocol. Las reservas
calculadas en el río Ranchería serían de 500 millones de toneladas, y se
prevé una enorme movilización social para salvarlo.
La desviación del curso del río pondría en peligro, además, las actividades agropecuarias y el tejido social y cultural para una docena de comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus márgenes, tal como lo ha denunciado el Comité Cívico de la Guajira contra la Gran Minería que desde ya ha convocado para el próximo 20 de noviembre a una gran movilización cívica desde la cual se busca denunciar y frenar este Megaproyecto. "A pesar de la corrupción local y la manipulación, la resistencia crece", sostiene Felipe Rodríguez, Coordinador del Centro de Estudios del Carbón.
La desviación del curso del río pondría en peligro, además, las actividades agropecuarias y el tejido social y cultural para una docena de comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus márgenes, tal como lo ha denunciado el Comité Cívico de la Guajira contra la Gran Minería que desde ya ha convocado para el próximo 20 de noviembre a una gran movilización cívica desde la cual se busca denunciar y frenar este Megaproyecto. "A pesar de la corrupción local y la manipulación, la resistencia crece", sostiene Felipe Rodríguez, Coordinador del Centro de Estudios del Carbón.
Felipe Rodriguez, Centro de Estudios del Carbón
"Cambiar
un cauce afecta aguas subterráneas y también la fauna y la flora, los
cambios físicos y químicos que se generarán por el solo hecho de correr
en un nuevo cauce; la migración de especies animales nativas; pero
especialmente la potencial pérdida de volumen de agua en el río. Este
recurso hídrico, amenazado por el avance descontrolado de la minería, es
muy importante, determina las actividades económicas de gran parte de
la población y además, conforma el entorno cultural y turístico de la
región", afirma Jacobo Solano Cerchiaro.
Arcesio Romero, Director de Corpoguajira.
El comité cívico denunció que el director de Corpoguajira, Arcesio Romero Pérez,
fue fletado por MPX al Brasil, junto con funcionarios, diputados y
representantes de la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta para
"conocer alternativas de desarrollo sostenible" en ese país, en el mes
de marzo pasado, lo que fue calificado como un evidente hecho de
corrupción. Entre los políticos, con gastos pagados por la empresa, se
contaban los concejales de Dibulla, donde se construirá un muelle
carbonífero. Por Acuerdo del Concejo, el Alcalde tiene manos libres para
exonerar de impuestos a la firma extranjera.
En su edición del pasado 25 de junio El Heraldo de Barranquilla denunció que MPX tiene entre sus filas a varios ex altos funcionarios del gobierno Uribe: "Junto con Leyla Rojas, ex viceministra de Agua y quien hoy es la jefe Jurídica de la compañía brasilera en Colombia, llegaron Diana Zapata Pérez, exdirectora de Licencias, además de Adriana Rodríguez y el ingeniero Juan Carlos Burgos, quienes trabajaron en esta dependencia ministerial". Según el periódico esta firma ha invertido 200 millones de dólares y está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental para arrancar con las explotaciones.
El poder corruptor de las multinacionales del carbón parece imparable, como también ha sucedido en el caso del Municipio de Barrancas, donde el Concejo había archivado por lesivo e inconveniente a los intereses de la comunidad, el Acuerdo que pretendía modificar el ordenamiento territorial. Sin embargo El Cerrejón logró que entre el Alcalde y un grupo de concejales ampliaran la zona de explotación minera. La Compañía, además, pagó los costos del nuevo EOT. Como se puede apreciar las autoridades de la Guajira, el César, y el Magdalena, están al servicio de la mega minería multinacional, a pesar de las denuncias e investigaciones exhaustivas.
En su edición del pasado 25 de junio El Heraldo de Barranquilla denunció que MPX tiene entre sus filas a varios ex altos funcionarios del gobierno Uribe: "Junto con Leyla Rojas, ex viceministra de Agua y quien hoy es la jefe Jurídica de la compañía brasilera en Colombia, llegaron Diana Zapata Pérez, exdirectora de Licencias, además de Adriana Rodríguez y el ingeniero Juan Carlos Burgos, quienes trabajaron en esta dependencia ministerial". Según el periódico esta firma ha invertido 200 millones de dólares y está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental para arrancar con las explotaciones.
El poder corruptor de las multinacionales del carbón parece imparable, como también ha sucedido en el caso del Municipio de Barrancas, donde el Concejo había archivado por lesivo e inconveniente a los intereses de la comunidad, el Acuerdo que pretendía modificar el ordenamiento territorial. Sin embargo El Cerrejón logró que entre el Alcalde y un grupo de concejales ampliaran la zona de explotación minera. La Compañía, además, pagó los costos del nuevo EOT. Como se puede apreciar las autoridades de la Guajira, el César, y el Magdalena, están al servicio de la mega minería multinacional, a pesar de las denuncias e investigaciones exhaustivas.
Minería a cielo abierto en la Guajira.
A
través de múltiples estrategias jurídicas, mediáticas y sociales, las
transnacionales BHP Billiton, Anglo América y Xtrata, propietarias de El
Cerrejón, que acapara el 40 % de la producción nacional, ha intervenido
11.700 hectáreas, de las cuales solo ha recuperado ambientalmente
2.700. Hacia el 2014, la meta fijada de producción es de 60 millones de
toneladas, casi el doble de lo que estaba explotando en el 2009. El
pasado 9 de agosto se cumplieron 10 años del desalojo de Tabaco,
en el Municipio de Hato Nuevo, convirtiéndose en el símbolo del avance
de la minería a cielo abierto: Allí quedó patentado la confabulación de
las autoridades con las compañías extranjeras.
Los indígenas Wayuu están dando la batalla en defensa de su territorio.
Ante los estragos sociales, económicos, ambientales y culturales dejados por las explotaciones carboníferas, el resguardo Wayuu de El Zahino, al sur de la Guajira, en la consulta previa convocada por el Ministerio del Interior, decidió categóricamente que: "…
en nuestro territorio ancestral, no se permitirá la construcción de
ninguna línea férrea, ni mucho menos, la exploración ni explotación de
nuevos yacimientos hidrocarburos o de carbón, por parte de ninguna
compañía que nos afecta de manera general". MPX pretende construir una línea férrea por territorio Wayuu para transportar el carbón hasta Dibulla.
El
pasado 13 de septiembre, cientos de estudiantes de la Universidad de la
Guajira salieron a las calles de Riohacha a reclamar los 30 mil
millones de pesos que El Cerrejón le adeuda al centro de estudios por
concepto de un impuesto creado, mediante Ordenanza de 1993, para ayudar a
financiar la educación superior en el departamento. En el Día de la Indignación, como fue llamada la jornada, los estudiantes devolvieron unos buses entregados por la empresa: "Vengan
y reciban los buses y paguen lo que nos deben. Los españoles nunca
pudieron embobar a los wayuu con espejitos y abolorios. En pleno siglo
XXI Cerrejón cree que nos va a embobar a nosotros con esos buses, para
no pagarnos el impuesto a la estampilla", dice un comunicado.
Como
lo corroboran las investigaciones del Centro de Estudios del Carbón, a
cargo de Felipe Rodríguez, y los estudios del profesor Jorge Iván González,
los impactos económicos y sociales de la gran minería son pingues
frente a las expectativas y discursos sobre “el desarrollo y progreso”
de los territorios donde se explota el subsuelo. En el caso de la
Guajira son contundentes: la cobertura y disponibilidad de agua potable
las 24 horas en los municipios sólo es del 74% y el de alcantarillado
del 56%, indicador asociado – también- a los estragos de la corrupción.
En esta región la minería solo genera el 10% de los empleos. De hecho
como sostiene González, la locomotora minero-energética y el sector financiero son los que menos empleo generan, al tiempo que no se articula con el sector agropecuario y destruye los ecosistemas.
Fuente: http://agendapu.blogspot.com/2011/09/vientos-de-indignacion-en-la-guajira-el.html
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