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| Exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, en la cárcel. |
Cómo un condenado por parapolítica dirige desde la cárcel gran parte de la política regional colombiana. Aspira a elegir cinco gobernadores y 106 alcaldes sin que el Estado pueda hacer mucho para impedirlo. Este es Juan Carlos Martínez.
"Es mejor negocio la política que el narcotráfico", le oyeron decir, hace unos meses, al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, en la cárcel. Y, con su estilo de hablar escueto, precisó: "La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque".
Con esa frase, tal vez, Martínez intentaba dar argumentos para demostrar su inocencia en el caso que le sigue la Fiscalía por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero más allá de si logra convencer o no, lo cierto es que esa frase resume su vida: Martínez ha hecho de la política uno de los más rentables negocios. El senador, hoy preso en la cárcel El Bosque de Barranquilla por parapolítica, tiene los cálculos de cuánta plata se le puede sacar a una alcaldía, cuánto a una Secretaría de Salud y cuánto, por dar otro ejemplo, al manejo de la Dian en el Puerto de Buenaventura.
Y por esa razón, desde la cárcel sigue moviendo los hilos del poder. En las elecciones al Congreso en 2010, por ejemplo, cuando ya llevaba detenido un año, aumentó su cuota de tres parlamentarios a siete, y la votación de su estructura política pasó, solo en el suroriente del país, de unos 100.000 votos a 250.000.
Aunque puede parecer un gamonal más, Martínez es una especie distinta en la fauna de la política. Y a pesar de estar preso, ha logrado ser invulnerable en materia electoral: la cárcel no le acaba los votos, se los multiplica.
Prueba de su poder fue el repertorio de visitas durante su estadía en La Picota, antes de que lo mandaran a Barranquilla: altos cargos del gobierno de Cali y del Valle se echaron desde uno hasta diez viajes hasta Bogotá para acompañarlo (ver tabla). Así como los invitados a la fiesta por su cumpleaños número 41, en enero de este año: un notario, un exfiscal delegado ante la Corte Suprema, un exsecretario jurídico de la Gobernación y dos congresistas, entre otros.
La figura de Juan Carlos Martínez cobra hoy un especial interés porque en las elecciones del próximo 30 de octubre se pondrá a prueba su poder. Martínez tiene una apuesta muy ambiciosa: ha construido una astuta fábrica de avales -mediante los partidos PIN, MIO y Afrovides- y gracias a ellos hoy tiene cinco candidatos a gobernaciones, 101 para asambleas, 106 en alcaldías y 2.363 aspirantes a concejos. Con esa maquinaria se propone aumentar la cuota que hoy tiene de seis diputados, diez alcaldes y 156 concejales.
Ese día, el 30 de octubre, se sabrá si ha dado algún resultado la batalla que ha venido dando el Estado para tratar de atajar a este hombre, que en junio pasado fue condenado a 7,5 años por parapolítica y que ha montado todo un entramado de saqueo del erario a su alrededor.
¿Cómo lo ha hecho?
Este hombre, un negro grande y fornido que nació en un pueblito pobre de la costa pacífica, cuyo aspecto trae a la memoria el de ciertos mandatarios africanos que imponen su propia ley a como dé lugar, ha sabido encontrar todo tipo de atajos para poner el Estado a su servicio.
Martínez logra con un chasquido de dedos una tarea como la de crear un partido para participar en las elecciones, lo que a personajes políticos de alto reconocimiento en el país les ha costado mucho(Mockus, Peñalosa y Lucho tuvieron en su momento que acampar en el Verde, y Petro está hoy sin partido). Y lo ha hecho no una, sino muchas veces. tanto que tiene hoy tres partidos: PIN, MIO y Afrovides, y ninguno tiene más de dos años.
La cárcel es apenas una molestia en el zapato para él. Es el único preso que se ha dado el lujo de celebrar su fiesta de cumpleaños con la orquesta Guayacán a bordo, y de tumbar tres paredes de su celda para hacerla más amplia. Y lo que el país no sabe es que además tiene un séquito de presos a su servicio. Incluso, el recién condenado Jorge Noguera, exdirector del DAS, hacía por él oficios como lavar los baños a cambio de un pago necesario para subsistir en La Picota.
Cuando lo trasladaron a Barranquilla, Martínez aplicó la misma táctica. Unos policías presos le cocinaban y hacían la limpieza en todo el pabellón. Y lo más curioso es que con ese trabajo de otros es Martínez el que redime tiempo: en los libros dice que él dedica ocho horas al día a barrer las áreas comunes. El director del Inpec trasladó a los uniformados para ponerle tatequieto, pero de nada valió, pues durante el día cinco policías se pasan de su pabellón al de los parapolíticos y le siguen haciendo los oficios a este emperador del Pacífico.
Y para acabar de ajustar, las rejas parecen ser un chiste para Martínez. Logró que el Inpec le diera un certificado de días trabajados -a pesar de ser en cuerpo ajeno- y un juez le dio un guiño de buena conducta -a pesar de los escándalos-, y así logró un exótico permiso de 72 horas. ¿En qué país del mundo un condenado sale tres días de la cárcel? ¿En dónde ese condenado puede salir solo para aceitar su maquinaria política?
El argumento que usó para pedir el permiso es que su esposa, Nelly Bonilla, estaba muy enferma por un trasplante de hígado que le hicieron en diciembre: "Pernoctaré en mi residencia ubicada en el municipio de Yumbo". Y al final, casi que a la única que no visitó fue a ella. Primero hizo una parada técnica en Cartagena, para el matrimonio de la hija del también parapolítico Jorge Castro, y de ahí se fue a una gira relámpago por cinco ciudades del Valle, donde, como todo un patrón, impartió instrucciones y dio bendiciones.
En Cartago, la cumbre fue en un lujoso condominio en la casa de su ahijado político, el senador Carlos Arturo Quintero, y dio línea a sus candidatos en Ansermanuevo, Obando, Toro, Argelia y Bolívar. En Tuluá, la reunión se dio dentro del carro escoltado por una caravana de camionetas con vidrios polarizados. En Palmira fue quizás la parada más provechosa, porque concretó una alianza con el candidato de Cambio Radical Miguel Motoa, padre del senador Carlos Motoa. En Buenaventura lo recibió una calle de honor frente al palacio municipal y atendió a decenas de personas que querían saludarlo en el Hotel Estación. Y en Cali se concentró en enfilar baterías hacia su candidato a la Gobernación del Valle.
En todas y cada una de las reuniones, Martínez dijo que lo esperaran antes del 30 de octubre. El salvoconducto que logró es permanente: puede salir cada tres meses.
¿Quién es Martínez?
Juan Carlos Martínez nació en 1970 en una casa de madera en uno de los pueblos más pobres del Cauca, Timbiquí, al que hoy solo se puede llegar por aire o por mar. En la escuela era uno de los más pilos: "En el estudio se destacó entre los mejores", le dijo a SEMANA Jacinto Sinisterra, su maestro de matemáticas y primo lejano. Como cualquier otro niño, jugaba fútbol descalzo y era acólito en la parroquia Santa Bárbara.
Su tía Felisa Sinisterra cree que la "berraquera de Juan Carlos" se debe a que le tocó trabajar desde niño, "primero, en la panadería de su mamá y, luego, en una ebanistería. Esos eran los dos oficios de la familia", recordó doña Felisa tras precisar que su hermana Teófila -la mamá de Juan Carlos- lo crió sola porque el papá -Euclides- murió cuando apenas tenía 2 años.
Muy joven se fue a Popayán a estudiar carpintería en el Sena. Luego saltó a Buenaventura, donde terminó el bachillerato, se convirtió en un próspero comerciante de plátanos y después manejó un restaurante: El Sazón Timbiquireño, en el centro del puerto. En esa época, 1994, con 24 años aspiró al Concejo de Buenaventura y obtuvo 780 votos. No ganó la curul, pero fue suficiente para que el entonces senador Carlos Herney Abadía le echara el ojo y lo pusiera a trabajar en el Hospital de Buenaventura, cuando la hoy senadora Dilian Francisca Toro era la secretaria de Salud del Valle. Martínez se lanzó en 1998 a la Asamblea y ganó. Repitió en 2001 y en 2002 se retiró para lanzarse al Senado, al que llegó con 58.000 votos. "Creció demasiado rápido. Es que manejaba mucha plata, y aquí se da una política de estómago (de pedir dinero a los políticos), por eso se dio su poder", dijo a los medios, en su momento, un dirigente comunal de Buenaventura.
Sin duda, no es propiamente el carisma lo que catapultó a Juan Carlos Martínez en las urnas. Dos fantasmas han rondado su figura desde que comenzó su carrera política: el narcotráfico y la corrupción. Empezando por su padrino político, el exsenador Abadía, que lo adoptó en el preciso momento en que lo estaban investigando por el proceso 8.000, que no era otra cosa que la financiación del cartel de Cali a los políticos. Abadía fue condenado por enriquecimiento ilícito y hace pocos años la Fiscalía ocupó 17 bienes suyos avaluados en 3.000 millones de pesos. Carlos Herney, con 11 visitas, fue el más asiduo visitante de Martínez en la cárcel.
En segundo lugar ha desempeñado un papel importante en su carrera Olmes Durán Ibargüen, alias el Señor del Pacífico, un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2007. Los dos no solo se conocieron en el barrio La Playita de Buenaventura y fueron compañeros de colegio, sino que Martínez fue su padrino de boda en una apoteósica fiesta de dos días en 2003, en Pizarro, Chocó -en una conversación telefónica, interceptada por las autoridades se tratan de "padrino" y "ahijado"-. El exsenador, en la audiencia ante la Corte Suprema, trató de relativizar su amistad y dijo que eran solo amigos de infancia. Y el narco desde Estados Unidos salió a defenderlo diciendo que era un complot contra Martínez. Pero su testimonio se vino a tierra cuando la Corte demostró que fue el mismo Olmes Durán el que se encargó de pedirles a los paramilitares del Bloque Calima el apoyo para la candidatura de Martínez al Senado en 2002 y, sobre todo, en el fallo queda claro que 'hicieron política' juntos. Durán apoyaba a los candidatos de Martínez en el Chocó, para tomarse el poder político y saquear al Estado. La Fiscalía ocupó hace dos años cien bienes del capo extraditado avaluados en más de 50.000 millones de pesos.
Un tercer capítulo del tema narco se dio también en las elecciones al Congreso de 2002, cuando Martínez recibió el apoyo de la representante a la Cámara Nancy Montoya, esposa de Ariel Rodríguez, alias el Diablo, temido jefe de sicarios del capo Rasguño. Montoya dio a la Corte el año pasado un comprometedor testimonio en contra de Martínez en el cual lo señala de haber tenido vínculos con el también extraditado Rasguño para las elecciones de alcaldías y concejos en 2003. Y para rematar, el contador en una de las campañas de Martínez a la Asamblea del Valle resultó incluido en la Lista Clinton (de la cual ya fue sacado) como miembro de la organización de Víctor Patiño Fómeque.
¿Qué tanto incidió el narcotráfico en el poder que adquirió Martínez en Buenaventura, que como se sabe es puerto sobre el Pacífico por el cual se distribuía buena tajada de la coca al mundo? Es una pregunta que trata de responder la Fiscalía, a la que la Corte Suprema le compulsó copias del expediente para que investigue al excongresista por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Juan Carlos Martínez no es un gamonal tradicional más. Es, más bien, el mejor exponente de una nueva generación de políticos que resume las pesadillas de narcos, paras y corrupción que ha padecido el país. ¿Qué tantos de los seis escaños que tiene en asambleas, las diez alcaldías y los 145 concejales son parte de esa 'tradición'? ¿Y qué tantos los candidatos para las elecciones del próximo 30 de octubre?
El fantasma de la corrupción
El otro capítulo por el cual Martínez se refiere a la política como un buen negocio, es el de su habilidad para drenar los recursos del Estado. Y no deja títere con cabeza.
Desde 2003, el senador liberal Luis Fernando Velasco denunció "un cartel de drogas lícitas e ilícitas que se quiere tomar la política". En voz alta no dijo el nombre, pero se refería a Juan Carlos Martínez. Su organización fue la precursora del saqueo de la salud, como se demostró unos años después: la Contraloría encontró sobrecostos en compras de medicamentos por 3.000 millones de pesos, en Cauca, "pagaban el acetaminofén a 5.000 pesos la unidad", y el responsable era de la cuerda de Martínez. Y así mismo, la semana pasada, el general Óscar Naranjo denunció que se va a destapar el saqueo a la salud en el Chocó y mencionó que el extraditado Olmes Durán no solo manejaba una red de farmacias, sino que tenía en su casa contratos por más de 4.000 millones con la Secretaría de Salud.
También le jaló al tema de tierras. En noviembre de 2005 destituyeron de manera fulminante a José Tovar, director del Incoder de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle, por graves irregularidades en la asignación de tierras y propiedades. En su defensa, Tovar dijo en su momento: "No me va a pasar nada, porque tengo el respaldo del senador Martínez".
Y por supuesto, el puerto era una mina de oro para él. Un funcionario del gobierno anterior le contó a SEMANA que la Casa de Nariño había decidido darle a una ficha de Martínez el cargo de administrador de la Dian en Buenaventura. Martínez llegó a la Dian en ese entonces y, como le estaban poniendo trabas a su nombramiento, dijo: "Limítese a cumplir. Bernardo Moreno ya dio la orden de que eso es mío". Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda del gobierno anterior le explicó a esta revista el porqué del interés: "Eso es oro en polvo. Alguna vez supimos que a la Dian de Sincelejo le sacan una buena tajada para engrasar a todo el grupo y de eso le puede quedar libre 1.000 millones mensuales al congresista. Los congresistas 'dueños' de la Dian en Barranquilla se pueden quedar con 5.000 millones mensuales. ¿Se imagina usted cuánto deja el de Buenaventura?".
En el último año han salido a flote una serie de escándalos que han dejado al descubierto el tamaño de los tentáculos de Martínez en entidades como Acuavalle y la CVC. Hace menos de un año, al gobernador Lourido, recién posesionado, se le salió la siguiente perla: "La verdad, la CVC (Corporación Autónoma del Valle) pertenece al PIN y desafortunadamente nosotros (Gobernación) todavía no hemos logrado el manejo, como tampoco en Acuavalle".
El gerente de Acuavalle hasta hace un año era Álex Pascual Loango, la mano derecha de Martínez, quien visitó diez veces a su 'jefe' en La Picota. El presupuesto de más de 100.000 millones sirvió para favorecer a aportantes a la campaña al Congreso en 2002 de Martínez y a fundaciones de Guacarí, tierra natal de Carlos Herney Abadía, en las cuales aparecen personas cercanas a su familia. Y eso no fue todo: la entidad concesionó a finales del año pasado un polémico contrato de construcción de acueductos y alcantarillado con vigencias futuras, pese a las objeciones de la Procuraduría, que se opuso porque costará 300.000 millones más de lo contratado. Por último, la Contraloría investiga un posible detrimento patrimonial de más de 30.000 millones de pesos en contratos con La Guajira. ¿Se repite la historia del escándalo de los Nule?
En la Corporación Ambiental del Valle (CVC) se repite la dosis. Era el fortín burocrático de Martínez -el Estado lo recuperó hace unos meses- y con casi 200.000 millones de pesos hacían contratos con fundaciones ambientales cercanas a la estructura política de Martínez. Hace unos meses, William Garzón, entonces director de la CVC, denunció que "nadie llega a este puesto (el de director) sin el apoyo de Martínez".
Y como si fuera poco, los escándalos de corrupción de la guardia pretoriana de Martínez terminan también en oscuros episodios. Como, por ejemplo, el asesinato del decano Ébert Mosquera Hurtado, de la Universidad Santiago de Cali (Usaca). El catedrático era del PIN y había visitado dos veces al exsenador Martínez en La Picota. Fue asesinado en medio de un escándalo.
Hace menos de un mes se armó otra batahola. La contralora de Buenaventura, Betty Arboleda, encontró un detrimento patrimonial cercano a los 102 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda del puerto. La contralora lanzó un SOS al país, a través de La W, y dijo que su vida estaba en peligro porque desde su despacho lideraba investigaciones contra la administración del alcalde José Félix Ocoró, ficha de Martínez.
Y la propia Corte Suprema, en su sentencia de hace tres meses, también disparó las alarmas sobre el terror que cundió en el proceso del exsenador Martínez. "Especial mención merece este aspecto de las retractaciones de los testigos (…) si se asocia esta circunstancia a varios eventos más, los cuales analizados en conjunto permiten inferir la existencia de intimidaciones (…) como son las manifestaciones de riesgo por su propia vida que consignaron en sus versiones (…) y el exterminio de la casi totalidad de los miembros urbanos del Frente Pacífico, asignados al puerto de Buenaventura".
Caja menor de 1.000 millones
De paquete de 1.000 millones de pesos en paquete de 1.000 millones, la caja menor de Martínez va sumando. Por eso no es extraño que en los archivos secretos del DAS aparezcan algunas anotaciones sobre Martínez como un hombre que apuesta fuertes sumas de dinero para lograr lo que quiere. En un informe conocido por SEMANA se dice que en noviembre de 2008 Martínez Sinisterra estaba reunido con otro congresista en un restaurante de la exclusiva zona T de Bogotá y se comunicaron por teléfono con el vicepresidente de la Cámara de entonces para ofrecerle 1.000 millones de pesos para que apoyara el artículo de un proyecto de ley que beneficiaba el esquema financiero de las pirámides (ver facsímil).
Ese episodio no pasó a mayores, porque, entre otras, el vicepresidente no aceptó la oferta. Pero la historia que sí fue ratificada por fuentes cercanas al caso fue la de la compra que hizo Martínez de la personería jurídica del partido Colombia Viva por una cifra de miles de millones, para convertirlo en ADN, otro partido que no duró más de cinco meses.
Con tal poder económico y político, y con una evidente falta de escrúpulos, Martínez impone su ley a cada sitio que llega. Y si bien trata cálidamente a sus amigos, frente a sus enemigos despliega una actitud soberbia y un tono de voz impositivo. Felisa Sinisterra, tía del exsenador, explica que "desde muy joven mostró un temperamento fuerte; cuando quería hacerse escuchar de sus amigos de barriada, se ponía serio y hablaba duro". En la Comisión Cuarta del Congreso, la de Presupuesto, no se movía una hoja sin su visto bueno, le contó un exministro a SEMANA, y creó un curioso grupo conocido como 'la bancada de los amigos'. En la cárcel, además del ya mencionado séquito de sirvientes, se permite ciertas extravagancias como someterse a una operación de bypass gástrico para perder peso y llevar una dieta a punta de pescados y mariscos que le traen de Buenaventura. No acepta alimentos del Inpec. "Martínez llegó muy alzado de Bogotá, y siempre que pedía algo quería que lo complacieran y que fuera ya", cuenta uno de sus compañeros.
A su pueblito, Timbiquí, viajaba todos los diciembres y era recibido como un ídolo. Sobre todo porque junto a la caravana de escoltas de la Armada también arribaba un barco cargado de regalos. "A todos les trae su detallecito", dijo una fuente. Sus estadías se convertían en carnavales, "aunque no es bebedor. Cuando venía siempre se tomaba una costosa champaña que trae de la capital". Gracias a las gestiones de Martínez, pavimentaron la única calle que tiene Puerto Luz, el barrio donde creció, asfaltaron la pista del aeropuerto, donde llegan tres vuelos semanales, y consiguieron 3.000 millones de pesos para construir un muro de contención para proteger a los habitantes de un corregimiento.
Y para completar el retrato de este hombre, no puede faltar una característica de su personalidad que lo hace bastante particular: no solo suelen verlo con bellas mujeres que hacen parte de su círculo de confianza, sino que, según cuentan quienes lo visitaban en su casa, tiene más de un 'matrimonio' formalmente establecido. Del sonajero no se salvan funcionarias de las alcaldías de Cali y de Buenaventura, con quienes le atribuyen relaciones más allá de la política. Quizás buena parte de esa fama de casanova se debe a que el exsenador es padre de cinco hijos de tres madres distintas; el último de ellos lo tuvo el año pasado. "De Martínez pueden decir lo que sea, pero quienes lo conocen saben que es todo un caballero con las mujeres", dice una gran conocedora de los entresijos de la política local.Hace cuatro años, después de las elecciones de 2007, Martínez se convirtió en aliado o 'jefe' de buena parte del poder político del Valle: desde el gobernador Juan Carlos Abadía y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pasando por su influencia en las elecciones de los contralores del Valle y Cali, el apoyo a 30 de los 42 alcaldes y el bloque que armó con 19 de los 21 diputados del departamento. "En diciembre de 2007 citó a todos los asambleístas electos a una de sus fincas en Rozo y allí repartió las mesas directivas de la duma", le dijo un diputado a los medios, en ese entonces.
Sin embargo, en estos cuatro años el Estado ha hecho un gran esfuerzo por cortarle todos sus tentáculos. Ya desmontaron su influencia en la CVC y Acuavalle. El gobernador Abadía fue destituido. El Consejo Nacional Electoral le anuló el partido ADN. Capturaron al propio Martínez y lo condenaron. Y hasta la extradición de Olmes Durán suma en ese esfuerzo por neutralizarlo. Llega, pues, en otras condiciones a las elecciones de octubre. No obstante, en las elecciones de marzo pasado, en menos de seis meses creó (¿o compró ) un partido, el PIN, que con nueve senadores y 11 representantes se convirtió en la cuarta fuerza política del país.
En Colombia no es extraño que personajes muy cuestionados terminen elegidos o capturando la política. Pablo Escobar lo hizo hace treinta años cuando fue elegido a la Cámara, después el cartel de Cali puso en su nómina a varios congresistas y, más tarde, el paramilitar Salvatore Mancuso dijo que el 40 por ciento del Congreso era de ellos. Lo que está sucediendo con Martínez refleja que muy poco ha cambiado a pesar de las denuncias, los escándalos, las capturas y el alboroto político.
Juan Carlos Martínez dice que todas las acusaciones son una mentira y que lo atacan solo porque él es pobre y negro.
¿Quién puede parar la maquinaria política de este hombre?
Semana
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