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| Uribe y exdirectora del Departamento de Inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado. |
Prensa Latina
El Estado panameño será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no revoca el asilo político dado en noviembre a la exdirectora del Departamento de Inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado.
Activistas de derechos humanos hicieron la advertencia en una carta dirigida al canciller Roberto Henríquez, en la que plantean que el gobierno panameño obstruye los procesos judiciales en Colombia y actúa en flagrante violación de la Constitución.
Los remitentes aprovecharon el anuncio de hoy de la Fiscalía General de Colombia que fijó para mañana la audiencia en la que le imputarán oficialmente los cargos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Hurtado es procesada en su país por intervenir teléfonos ilegalmente.
La especialista Dilma Camargo opina que el presidente Ricardo Martinelli, el canciller Henríquez, su antecesor Juan Carlos Varela, los procuradores Giusseppe Bonissi y José Ayú Prado, son responsables ante la Corte Penal Internacional por la violación del Estatuto de Roma.
Ese instrumento jurídico, señala, prohíbe la colaboración con los crímenes de lesa humanidad, similares a los que se le imputan a Hurtado, y el gobierno panameño no puede ampararse en la febril excusa de que Colombia no ha pedido la extradición de Hurtado, ya que sólo con darle asilo viola la Constitución.
El Estado panameño será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no revoca el asilo político dado en noviembre a la exdirectora del Departamento de Inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado.
Activistas de derechos humanos hicieron la advertencia en una carta dirigida al canciller Roberto Henríquez, en la que plantean que el gobierno panameño obstruye los procesos judiciales en Colombia y actúa en flagrante violación de la Constitución.
Los remitentes aprovecharon el anuncio de hoy de la Fiscalía General de Colombia que fijó para mañana la audiencia en la que le imputarán oficialmente los cargos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Hurtado es procesada en su país por intervenir teléfonos ilegalmente.
La especialista Dilma Camargo opina que el presidente Ricardo Martinelli, el canciller Henríquez, su antecesor Juan Carlos Varela, los procuradores Giusseppe Bonissi y José Ayú Prado, son responsables ante la Corte Penal Internacional por la violación del Estatuto de Roma.
Ese instrumento jurídico, señala, prohíbe la colaboración con los crímenes de lesa humanidad, similares a los que se le imputan a Hurtado, y el gobierno panameño no puede ampararse en la febril excusa de que Colombia no ha pedido la extradición de Hurtado, ya que sólo con darle asilo viola la Constitución.
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