Clara López denuncia masacre laboral en Bogotá
La ex alcaldesa encargada de Bogotá Clara López Obregón denunció hoy a través de Radio Santa Fe una “masacre laboral” en la administración de Gustavo Petro, bajo el pretexto de un supuesto combate de la corrupción.
Al mismo tiempo, Clara López Obregón censuró la visión catastrófica que el alcalde Petro y otros altos funcionarios de su administración están presentando de la ciudad y defendió su gestión, que dijo, fundamentalmente se orientó a “poner la casa en orden”.
La ex alcaldesa y actual presidenta del Polo Democrático afirmó que en 30 días del gobierno de Petro se han realizado despidos masivos de funcionarios y empleados con 10, 15 y 20 años de servicio, en una estigmatización generalizada so pretexto de una “limpieza” para acabar con presuntos focos de corrupción.
Advirtió que se están violando derechos constitucionales y laborales, pues las responsabilidades son individuales y no colectivas y dentro de este contexto, las sanciones tienen que aplicarse después de la correspondiente investigación.
Aunque dijo desconocer el número exacto de los funcionarios y empleados despedidos en las distintas dependencias Distritales, López Obregón citó “casos aberrantes” como los registrados en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, donde, dijo, los funcionarios que presentaron renuncia fueron declarados insubsistentes.
Además subrayó que se han impartido instrucciones para que no se renueve ningún contrato de prestación de servicios.
A este respecto, recordó el llamado de atención que le hizo al alcalde Petro el ministro del Trabajo Rafael Pardo por el despido masivo para reducir la nómina por prestación de servicios.
De otro lado, Clara López Obregón refutó nuevamente las denuncias del Contralor de Bogotá, Mario Solano, sobre una presunta feria de contratos realizada en los últimos cinco días de su administración.
Advirtió que no hubo ninguna irregularidad en los contratos que se firmaron al finalizar el año.
Insistió en que se trató de un proceso normal, de contratos represados por los 4 meses de vigencia de la ley de garantías electorales y el bache administrativo provocado por la investigación contra el suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas.
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