1. ¿Nota algún cambio en materia de paz y negociación con los grupos armados, especialmente con las guerrillas, en gobierno Santos con respecto a gobierno Uribe?
R. No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental el gobierno de Santos continúa la línea de guerra de la llamada seguridad democrática del anterior Gobierno. La guerra le es útil para mantener el modelo neoliberal y plutocrático. Con Santos el lenguaje es de mayor prudencia, a la vez que anuncia una y otra vez que tiene en la mano la llave de la paz, dispuesto a abrir la puerta cuando lo considere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, sin aportar la voluntad del Gobierno en esa dirección, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atribuible al Estado cuya naturaleza violenta es evidente. La salida política negociada exige gestos recíprocos y voluntad de ambas partes, tanto el Gobierno como las guerrillas deben entender que no hay una vía diferente a la salida negociada y pacífica. No es suficiente que el presidente tenga una actitud más decente que la de su predecesor, tiene que romper las ataduras a las presiones uribistas y militaristas y a la herencia de los últimos ocho años.
2. ¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, especialmente con las guerrillas?
R. Son un paso positivo pero insuficiente. Son parte de las reformas que generan condiciones de salida política del conflicto, pero aún son tibias. La ley de tierras elude lo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier solución al problema de la tierra pasa por “tocar” la tenencia y la concentración de su propiedad. La existencia del latifundio es una deuda histórica del capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley de tierras con todo lo importante que significa quitarle las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que fueron víctimas del despojo. Pero mientras persista el conflicto y la presencia paramilitar en las regiones, con evidentes complicidades de empresarios, ganaderos, latifundistas, políticos regionales y autoridades, será difícil que los dueños retomen la posesión de sus predios.
Pero como si fuera poco lo anterior, el PDA advirtió en estos días sobre el artículo 45 del Plan de Desarrollo que legaliza el despojo de tierras a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, al tiempo que establece que los baldíos nacionales que incluyen territorios de alta sensibilidad ecológica, sean habilitados para la minería de cielo abierto.
Respecto de la ley de víctimas, hay limitaciones que han sido señaladas por destacadas ONG humanitarias. La falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la ausencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, se constituyen en obstáculos para el logro de los objetivos de la Ley. La pretensión gubernamental de sacar adelante la llamada sostenibilidad fiscal como norma constitucional elevada a derecho fundamental, será una talanquera en la aplicación de las leyes de tierras y de víctimas, no me cabe la menor duda.
3. Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para “aclimatar” un posible diálogo con los grupos armados?
R. Se requieren reformas políticas importantes, incluyendo el estatuto de la oposición, las plenas garantías para que los partidos actúen en el escenario político en igualdad de condiciones. Contrasta con estas necesidades para fortalecer la democracia casi inexistente, la aprobación del nuevo censo electoral que elimina del mismo a los electores del PDA que se abstuvieron en la segunda vuelta presidencial el año pasado. Otras reformas indispensables están en el camino de lograr el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana y la concertación, letra muerta en la carta política de 1991.
4.- ¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?
R. No tienen alternativa. Pero es indispensable que sea un verdadero diálogo que debe empezar por acuerdos humanitarios que disminuyan la intensidad del conflicto y aseguren el pleno reconocimiento por ambas partes del DIH. Diálogo sin condiciones en el objetivo de una paz digna para los insurgentes. Si el Gobierno insiste en que es la paz de los vencidos y que el diálogo debe estar precedido de la desmovilización y otros inamovibles, así no funciona. El diálogo debe ser útil y constructivo.
5. ¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad democrática nos encontramos en un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Políticas? ¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?
R. Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen siendo las mismas, no se modificaron y por eso existe, pero sí cambió el marco del mismo, la iniciativa o la ofensiva la tiene ahora el Gobierno y eso no pueden perderlo de vista las guerrillas. La seguridad democrática si bien es cierto que no logró el objetivo declarado de aplastar a la insurgencia, sí le propinó duros golpes. Aunque está lejos de ser derrotada; no llegó la anunciada madre de todas las batallas.
6. Para usted ¿qué señal está dando las FARC con la liberación de algunos secuestrados?
R. Son evidentes gestos de voluntad política y humanitaria. No se pueden negar. Han estado acompañados de mensajes del Secretariado y de Alfonso Cano en que reiteran la disposición de diálogo y de lograr la paz. Aunque aún son insuficientes.
7.- ¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción acerca de un posible diálogo con los grupos armados en este último año? ¿Cree que la opinión pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados?
R. Creo que sí. Sectores del Establecimiento, se muestran proclives a los diálogos de paz, son conscientes del fracaso de la seguridad democrática y como lo demuestran recientes acciones, reconocen la recomposición de las guerrillas, que han asimilado los golpes y tienen capacidad política y militar. La realidad contradice la campaña mediática belicista de la “gran prensa” y la creación de un “estado de opinión” que quiere promoverse a través de encuestas de dudosa calidad científica.
R. No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental el gobierno de Santos continúa la línea de guerra de la llamada seguridad democrática del anterior Gobierno. La guerra le es útil para mantener el modelo neoliberal y plutocrático. Con Santos el lenguaje es de mayor prudencia, a la vez que anuncia una y otra vez que tiene en la mano la llave de la paz, dispuesto a abrir la puerta cuando lo considere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, sin aportar la voluntad del Gobierno en esa dirección, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atribuible al Estado cuya naturaleza violenta es evidente. La salida política negociada exige gestos recíprocos y voluntad de ambas partes, tanto el Gobierno como las guerrillas deben entender que no hay una vía diferente a la salida negociada y pacífica. No es suficiente que el presidente tenga una actitud más decente que la de su predecesor, tiene que romper las ataduras a las presiones uribistas y militaristas y a la herencia de los últimos ocho años.
2. ¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, especialmente con las guerrillas?
R. Son un paso positivo pero insuficiente. Son parte de las reformas que generan condiciones de salida política del conflicto, pero aún son tibias. La ley de tierras elude lo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier solución al problema de la tierra pasa por “tocar” la tenencia y la concentración de su propiedad. La existencia del latifundio es una deuda histórica del capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley de tierras con todo lo importante que significa quitarle las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que fueron víctimas del despojo. Pero mientras persista el conflicto y la presencia paramilitar en las regiones, con evidentes complicidades de empresarios, ganaderos, latifundistas, políticos regionales y autoridades, será difícil que los dueños retomen la posesión de sus predios.
Pero como si fuera poco lo anterior, el PDA advirtió en estos días sobre el artículo 45 del Plan de Desarrollo que legaliza el despojo de tierras a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, al tiempo que establece que los baldíos nacionales que incluyen territorios de alta sensibilidad ecológica, sean habilitados para la minería de cielo abierto.
Respecto de la ley de víctimas, hay limitaciones que han sido señaladas por destacadas ONG humanitarias. La falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la ausencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, se constituyen en obstáculos para el logro de los objetivos de la Ley. La pretensión gubernamental de sacar adelante la llamada sostenibilidad fiscal como norma constitucional elevada a derecho fundamental, será una talanquera en la aplicación de las leyes de tierras y de víctimas, no me cabe la menor duda.
3. Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para “aclimatar” un posible diálogo con los grupos armados?
R. Se requieren reformas políticas importantes, incluyendo el estatuto de la oposición, las plenas garantías para que los partidos actúen en el escenario político en igualdad de condiciones. Contrasta con estas necesidades para fortalecer la democracia casi inexistente, la aprobación del nuevo censo electoral que elimina del mismo a los electores del PDA que se abstuvieron en la segunda vuelta presidencial el año pasado. Otras reformas indispensables están en el camino de lograr el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana y la concertación, letra muerta en la carta política de 1991.
4.- ¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?
R. No tienen alternativa. Pero es indispensable que sea un verdadero diálogo que debe empezar por acuerdos humanitarios que disminuyan la intensidad del conflicto y aseguren el pleno reconocimiento por ambas partes del DIH. Diálogo sin condiciones en el objetivo de una paz digna para los insurgentes. Si el Gobierno insiste en que es la paz de los vencidos y que el diálogo debe estar precedido de la desmovilización y otros inamovibles, así no funciona. El diálogo debe ser útil y constructivo.
5. ¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad democrática nos encontramos en un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Políticas? ¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?
R. Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen siendo las mismas, no se modificaron y por eso existe, pero sí cambió el marco del mismo, la iniciativa o la ofensiva la tiene ahora el Gobierno y eso no pueden perderlo de vista las guerrillas. La seguridad democrática si bien es cierto que no logró el objetivo declarado de aplastar a la insurgencia, sí le propinó duros golpes. Aunque está lejos de ser derrotada; no llegó la anunciada madre de todas las batallas.
6. Para usted ¿qué señal está dando las FARC con la liberación de algunos secuestrados?
R. Son evidentes gestos de voluntad política y humanitaria. No se pueden negar. Han estado acompañados de mensajes del Secretariado y de Alfonso Cano en que reiteran la disposición de diálogo y de lograr la paz. Aunque aún son insuficientes.
7.- ¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción acerca de un posible diálogo con los grupos armados en este último año? ¿Cree que la opinión pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados?
R. Creo que sí. Sectores del Establecimiento, se muestran proclives a los diálogos de paz, son conscientes del fracaso de la seguridad democrática y como lo demuestran recientes acciones, reconocen la recomposición de las guerrillas, que han asimilado los golpes y tienen capacidad política y militar. La realidad contradice la campaña mediática belicista de la “gran prensa” y la creación de un “estado de opinión” que quiere promoverse a través de encuestas de dudosa calidad científica.
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