En su sabiduría, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, determinó al decretar acto inhibitorio en el proceso por rebelión contra el ex congresista Wilson Borja, que los supuestos computadores de Raúl Reyes no son una prueba válida y lo argumenta con criterios jurídicos puntuales y específicos. Eso, por supuesto, echa por tierra la llamada "farcpolítica" y sobre todo los procesos que aún se adelantan en los cuales la única prueba son los contenidos de los computadores que nadie vio, solo los que invadieron el territorio ecuatoriano violando el orden internacional, según lo dicen pero no lo demuestran.
Santos argumenta que razones de seguridad nacional deben prevalecer para darle validez a esos esperpentos juríidicos, que nada tienen que ver con los preceptos jurisdiccionales. Alega el actual mandatario, que se cuidó con rigor la prueba y prevaleció la cadena de custodia. No es cierto. Él lo sabe, como Ministro de Defensa que era en la época, porque al otro día del "hallazgo" los supuestos correos electrónicos que incriminaban a colombianos y extranjeros, incluyendo a los presidente Chávez y Correa, comenzaron a aparecer en los medios de comunicación del país y del exterior, en abierta violación de la cadena de custodia y de la reserva del sumario. Se presume que los responsables de la "fuga" eran los custodios en principio de la "prueba reina", ni más ni menos que Santos a la sazón Mindefensa y el general Óscar Naranjo, director de la Policía.
La Interpol avaló los computadores en dudosa pesquisa, porque al tiempo reconoció que 48 horas antes de la entrega a la Fiscalóa hubo ingresos sin los cuidados que ello requiere. Pero como si fuera poco -lo reconoce la Corte- un oficial de la Dijin declaró en varios procesos que nunca aparecieron correos electrónicos como se asegura sino documentos en formato word y que sí hubo manipulación de los computadores y de la documentación hallada en las USB.
Lo que ocurrió es que el gobierno de Uribe quiso montar procesos jurídicos contra facilitadores de paz y críticos de la "seguridad democrática" en medio de un espectáculo público, llevándose por delante las normas de procedimiento penal que son ley de la república. De esta manera acabaron con las garantías procesales y el debido proceso. De ello deben responder: Uribe Vélez, Santos Calderón y Naranjo. Fue lo que le faltó a la Corte, demasiada prudente al reconocer la ilegalidad de la prueba.
Llama la atención, que el presidente Santos al arremeter contra la Corte, invocando la seguridad nacional, de manera sutil defiende a los responsables de las chuzadas y de haber orquestado una asociación para delinquir, altos funcionarios del Gobierno anterior, que propiciaron una actividad criminal e ilegal del DAS. Por cierto, el suscrito, comprobó como víctima de las chuzadas, que en los documentos encontrados por la Fiscalía en el DAS y que son materia de los procesos criminales, están varios de los que después aparecieron como hallados en los computadores de Reyes. Pregunta: ¿Cómo pudieron allegarse, aunque de manera ilegal, al expediente de seguimientos contra Carlos A. Lozano Guillén, cuando aún no se conocían porque fueron encontrados después en los computadores mágicos de Reyes?
La Corte tiene la razón. Los demócratas deben apoyar su decisión y exigir más bien que los responsables de los actos ilegales respondan ante la justica por estos actos y tropelías que cometieron en el Gobierno anterior y que el actual mandatario se atreve a defender en una suerte de apología del delito. Por cierto, en el juicio que nos adelantaron, tanto los abogados como el acusado sostuvieron lo mismo que ahora la Corte determina.
Carlos A. Lozano Guillén
Director del Semanario VOZBogotá D.C. 22 de mayo de 2011
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