Víctimas de Crímenes de Estado
Más de 900 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de víctimas, entre otras, enviaron al presidente Juan Manuel Santos una carta, en la que le solicitan rectifique públicamente “sus desafortunadas palabras” en contra del reciente fallo emitido contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, al considerar que las mismas, además de poner en mayor riesgo la vida de la Jueza, los familiares de las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia y sus abogados, alientan la impunidad y la perpetuación de las violaciones de derechos humanos.
La carta firmada por las tres grandes plataformas de derechos humanos, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, le manifestaron igualmente, que con sus declaraciones, ha absuelto ante la opinión pública al ex general Arias Cabrales, lo cual conlleva “una responsabilidad política y jurídica de su parte que no puede pasar desapercibida por el país, ni por la comunidad internacional.”
Por considerarlo de importancia, lea la carta completa.
Más de 900 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de víctimas, entre otras, enviaron al presidente Juan Manuel Santos una carta, en la que le solicitan rectifique públicamente “sus desafortunadas palabras” en contra del reciente fallo emitido contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, al considerar que las mismas, además de poner en mayor riesgo la vida de la Jueza, los familiares de las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia y sus abogados, alientan la impunidad y la perpetuación de las violaciones de derechos humanos.
La carta firmada por las tres grandes plataformas de derechos humanos, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, le manifestaron igualmente, que con sus declaraciones, ha absuelto ante la opinión pública al ex general Arias Cabrales, lo cual conlleva “una responsabilidad política y jurídica de su parte que no puede pasar desapercibida por el país, ni por la comunidad internacional.”
Por considerarlo de importancia, lea la carta completa.
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Ref.: Su “solidaridad” expresada con el ex general Jesús Armando Arias Cabrales y las Fuerzas Militares, constituye una afrenta a las víctimas y un mensaje contrario a la protección de los derechos humanos.
Señor Presidente:
Las redes y organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestra indignación y rechazo frente a sus declaraciones públicas en reacción a la condena proferida a 35 años de prisión contra el general Jesús Armando Arias Cabrales.
Manifestó Usted que “quiero reiterarle a las Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército, mi apoyo irrestricto y absoluto, y nuestra total solidaridad”, agregando que el fallo le dejaba un sabor amargo y afirmó que al general Arias Cabrales “no se le comprobó ninguna relación directa con los supuestos crímenes que se cometieron en la toma del Palacio de Justicia” y que su vinculación al proceso fue solamente porque en el momento de los hechos era el Comandante de la Brigada 13 del Ejército.
Con sus declaraciones, señor Presidente, ha absuelto ante la opinión pública al ex general Arias Cabrales, lo cual conlleva una responsabilidad política y jurídica de su parte que no puede pasar desapercibida por el país, ni por la comunidad internacional.
Señor Presidente, aunque usted ha declarado ser respetuoso de las decisiones de la justicia, sus recientes expresiones públicas que cuestionan un fallo judicial faltan al efectivo respeto que se debe a la institución de la justicia y a su obligación de respetar y acatar la independencia de la judicatura, como lo reiteran los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, que recuerdan que “1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.
Adicionalmente, su pronunciamiento expone la vida y la integridad física y sicológica de la juez que ha cumplido con sus deberes constitucionales y legales. También se pone en mayor riesgo la vida de los familiares de las víctimas y sus abogados.
2
Le recordamos Señor Presidente, que el señor Álvaro Uribe Vélez reaccionó de parecida manera, manifestando que “duele y da tristeza”, al conocerse la sentencia de otra jueza de la República que condenó al ex coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por los mismos hechos, agregando que este sólo “había cumplido con su deber”. Es de anotar que días después del pronunciamiento presidencial, la jueza amenazada tuvo que abandonar el país.
Señor Presidente, en los hechos conocidos como “El Holocausto del Palacio de Justicia”, en los que un comando del M-19 conformado por 35 guerrilleros asaltó y tomó como rehenes a centenares de personas con el pretexto de “enjuiciar” ante la Corte Suprema de Justicia al gobierno del ex presidente Belisario Betancur por haber incumplido el acuerdo de diálogo por la paz firmado con dicha guerrilla el 24 de agosto de 1984, resultaron muertas alrededor de cien personas y once fueron objeto de desaparición forzada por parte de las Fuerzas Armadas.
Si la toma del M-19 fue un hecho repudiable constitutivo de múltiples delitos, la retoma por parte de la Fuerza pública, más allá de haber impedido el diálogo por el cual se hubieran podido salvar muchas vidas, conllevó la comisión de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas , que dadas las circunstancias en las que ocurrieron constituyen crímenes de lesa humanidad.
Señor Presidente, el comando del M-19 responsable de dichos hechos fue casi totalmente aniquilado. Los máximos responsables del M-19, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, fueron muertos en acciones de la fuerza pública y Carlos Pizarro Leongómez fue ejecutado extrajudicialmente cuando había firmado la paz y era candidato a la presidencia de la República.
Los señores Arias Cabrales y Plazas Vega no respetaron el derecho internacional humanitario ni cumplieron con su deber de garantizar la vida e integridad de las personas que salieron ilesas del Palacio de Justicia y que, en consecuencia, se hallaban bajo su custodia. Tampoco cumplieron con sus deberes constitucionales y legales los demás miembros del Ejecutivo y de la fuerza pública que dirigieron dicho operativo y que no atendieron el clamor de “cese al fuego” del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.
Señor Presidente, usted ha afirmado que no se encontró “prueba de responsabilidad directa” del Sr. Arias Cabrales con dichos hechos. Esto, lejos de reñir con la juiciosa labor de la Fiscalía General de la Nación y de la valoración de la jueza que sí la encontraron, nos permite recordarle que, a la luz de la evolución del derecho penal internacional, los funcionarios públicos que tienen responsabilidad o comprometen su responsabilidad penal por los crímenes cometidos por sus subordinados, incluso si no hay pruebas de su responsabilidad directa, como ha sido reconocido en el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional y por la Convención internacional para la protección de todas
3
las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, entre otros instrumentos internacionales.
Señor Presidente, sus desafortunadas palabras además de poner en mayor riesgo la vida de la jueza, de los familiares de las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia y sus abogados, también alientan la impunidad y la perpetuación de las violaciones de derechos humanos. Por tanto, acudiendo a sus responsabilidades constitucionales como jefe de Estado y de Gobierno e invocando el artículo 95 de la Constitución Política, le exigimos que se retracte públicamente de las mismas.
De usted muy cordialmente,
Las Redes,
Asamblea Permanente de la sociedad civil por la Paz – 754 organizaciones
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – 218 organizaciones
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – 110 organizaciones
Las Organizaciones,
Asociación para la investigación y acción social – Nomadesc
Asociación Santandereana de Servidores Públicos “ASTDEMP”
Asonal Judicial
Campaña Prohibido Olvidar
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Colectivo de Comunicacion Comunitaria “El Campanazo”
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Justicia y Paz
Corporación de Encuentros y Estudios Sociales del Trabajo CEEST
Corporación de Profesionales para la Defensa de los Derechos Humanos -
CORPRODERH
Corporación para el Desarrollo Regional - Valle del Cauca
Corporación Sembrar
Dhcolombia - Red de defensores No Institucionalizados
Escuela Nacional Sindical ENS
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - Valle del Cauca
Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES)
Memoria Viva
Red de Hermandad - Valle del Cauca
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Colombia - Valle del Cauca
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal
No hay comentarios:
Publicar un comentario