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Cinco medidas de aseguramiento y 29 procesos basados en la información de los computadores del ex jefe guerrillero 'Raúl Reyes' podrían caerse, tras la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal el contenido de esos dispositivos.
Como reveló ELTIEMPO.COM el domingo, la captura más importante por ese escándalo, la del director de Anncol, Joaquín Pérez, está en riesgo porque los datos de 'Reyes' son la base del proceso que permitió capturarlo en Venezuela y traerlo al país hace un mes.
Lo mismo pasaría con el caso de Miguel Ángel Beltrán, 'Alberto Cienfuegos', preso en Colombia tras ser capturado en México. También los casos de Liliany Patricia Obando Villota, primera capturada por 'Farcpolítica', y del periodista William Parra. De hecho, el miércoles la fiscal general, Viviane Morales, confirmó su preocupación porque el fallo de la Corte "cierra la puerta" para utilizar pruebas claves.
"Si la Corte dice que son ilícitos (los archivos de los PC), ni siquiera se pueden mirar y se caen como elemento de prueba", señaló Morales en declaraciones a la radio.
La decisión ya tuvo eco en el exterior. La Corte Suprema de Chile suspendió el proceso que se le seguía a Manuel Olate, quien aparece en fotografías con jefes guerrilleros. Y en España, fuentes cercanas a las investigaciones que lleva la justicia de ese país a 15 personas señalaron que lo más probable es que al menos uno de estos casos se caiga.
El miércoles, la Sala Penal del alto tribunal defendió su decisión, emitida la semana pasada cuando declaró auto inhibitorio en el proceso al ex congresista Wilson Borja por sus presuntos nexos con las Farc.
"La Sala Penal, si bien admite que sus decisiones pueden ser sometidas a la crítica, también reclama respeto por las mismas y en particular deplora y rechaza las expresiones degradantes de algunos comentaristas", señaló en un comunicado. Y explicó que al declarar ilegales las pruebas allegadas al caso Borja, se valoró que fueron recogidas en el extranjero" y que su validez estaba sujeta al cumplimiento de protocolos y de convenios internacionales.
"No se siguieron procedimientos establecidos al efecto por el Código de Procedimiento Penal Colombiano, ni por el Convenio de Cooperación Judicial y asistencia mutua en Materia Penal, entre los gobiernos de Colombia y Ecuador", indicó la Corte.
El miércoles, la Procuraduría radicó en la Corte Suprema el recurso de reposición contra el fallo de ese tribunal.
REDACCIÓN JUSTICIA El Tiempo
Lo mismo pasaría con el caso de Miguel Ángel Beltrán, 'Alberto Cienfuegos', preso en Colombia tras ser capturado en México. También los casos de Liliany Patricia Obando Villota, primera capturada por 'Farcpolítica', y del periodista William Parra. De hecho, el miércoles la fiscal general, Viviane Morales, confirmó su preocupación porque el fallo de la Corte "cierra la puerta" para utilizar pruebas claves.
"Si la Corte dice que son ilícitos (los archivos de los PC), ni siquiera se pueden mirar y se caen como elemento de prueba", señaló Morales en declaraciones a la radio.
La decisión ya tuvo eco en el exterior. La Corte Suprema de Chile suspendió el proceso que se le seguía a Manuel Olate, quien aparece en fotografías con jefes guerrilleros. Y en España, fuentes cercanas a las investigaciones que lleva la justicia de ese país a 15 personas señalaron que lo más probable es que al menos uno de estos casos se caiga.
El miércoles, la Sala Penal del alto tribunal defendió su decisión, emitida la semana pasada cuando declaró auto inhibitorio en el proceso al ex congresista Wilson Borja por sus presuntos nexos con las Farc.
"La Sala Penal, si bien admite que sus decisiones pueden ser sometidas a la crítica, también reclama respeto por las mismas y en particular deplora y rechaza las expresiones degradantes de algunos comentaristas", señaló en un comunicado. Y explicó que al declarar ilegales las pruebas allegadas al caso Borja, se valoró que fueron recogidas en el extranjero" y que su validez estaba sujeta al cumplimiento de protocolos y de convenios internacionales.
"No se siguieron procedimientos establecidos al efecto por el Código de Procedimiento Penal Colombiano, ni por el Convenio de Cooperación Judicial y asistencia mutua en Materia Penal, entre los gobiernos de Colombia y Ecuador", indicó la Corte.
El miércoles, la Procuraduría radicó en la Corte Suprema el recurso de reposición contra el fallo de ese tribunal.
REDACCIÓN JUSTICIA El Tiempo
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