Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre Colombia enciende las alarmas por “los ataques continuos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes comunitarios, especialmente contra los que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra”, crímenes que ponen “de relieve la magnitud de las dificultades que quedan por superar”.
Esta mirada a la situación de Colombia se enmarca dentro del informe que AI, en la víspera de su 50 aniversario, presenta sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y que leva por título “una oportunidad sin precedentes para lograr un cambio en los derechos humanos”, cambio que, sin embargo, “pende de un hilo”.
Respecto de Colombia, la investigación pone de relieve como “la población civil, especialmente las comunidades rurales y urbanas pobres, siguió sufriendo la peor parte del largo conflicto armado. Grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad fueron responsables de abusos graves y generalizados contra los derechos humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, incluidos crímenes de guerra”.
Señala que si bien el gobierno de Juan Manuel Santos ha cambiado el discurso de estigmatización y de señalamiento contra las organizaciones de derechos humanos que era característico del cuestionado expresidentes Álvaro Uribe Vélez y ha impulsado leyes sobre reparación de vñictimas y devolución de tierras a los desplazados, las dudas sobre la efectividad de las mismas son muy altas.
En efecto, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos expresan sus reservas sobre la legislación, y los defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes sociales siguieron siendo víctimas de amenazas y homicidios. Corren especial riesgo quienes hacen campaña por la devolución de las tierras apropiadas indebidamente durante el conflicto, sobre todo por grupos paramilitares. También se ha amenazado y se ha matado a defensores de los derechos humanos, jueces, abogados, fiscales y testigos relacionados con causas penales de derechos humanos, así como a víctimas y a sus familias.
El informe de AI, que se circunscribe exclusivamente a hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, afirma que “en Colombia, el conflicto armado interno iniciado hacía 45 años siguió afectando gravemente a la población civil, que sufría la peor parte de las hostilidades. Miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Las partes en conflicto atacaban a los grupos más marginados: las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y las comunidades urbanas pobres”.
En su documento, AI reitera que las promesas del presidente Santos “de dar prioridad a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad suscitaron la esperanza de que su gobierno mostrara la voluntad política necesaria para hacer frente a la larga crisis de derechos humanos del país. Sin embargo, los ataques continuos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes comunitarios, especialmente contra los que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra, pusieron de relieve la magnitud de las dificultades que quedaban por superar”.
Al examinar el tema de “justicia e impunidad”, AI precisa que “en varios países latinoamericanos, sobre todo del Cono Sur, se hicieron avances continuos y significativos en los esfuerzos por llevar ante la justicia a algunos de los responsables de las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas durante regímenes militares anteriores”.
En ese contexto, AI señala el caso del coronel retirado Luis Alfonso Plazas, “condenado en junio a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, después de que el Ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varias personas como rehenes”.
“Sin embargo”, frente a estos avances, anota AI, se presentaron serios obstáculos “por la falta de colaboración de las instituciones militares con las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y, en ocasiones, por su resistencia directa a dichas investigaciones”.
Es así como “en México y Colombia”, añade AI, “el sistema de justicia militar continuó reclamando la jurisdicción sobre casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas”.
“La nueva legislación de Colombia y las reformas legales propuestas en México no garantizaban que todas las violaciones de derechos humanos quedaban excluidas de la jurisdicción militar, pese a los claros indicios de falta de independencia e imparcialidad de los tribunales y fiscales militares”, reclamó AI.
Mayo 13 de 2011.
Esta mirada a la situación de Colombia se enmarca dentro del informe que AI, en la víspera de su 50 aniversario, presenta sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y que leva por título “una oportunidad sin precedentes para lograr un cambio en los derechos humanos”, cambio que, sin embargo, “pende de un hilo”.
Respecto de Colombia, la investigación pone de relieve como “la población civil, especialmente las comunidades rurales y urbanas pobres, siguió sufriendo la peor parte del largo conflicto armado. Grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad fueron responsables de abusos graves y generalizados contra los derechos humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, incluidos crímenes de guerra”.
Señala que si bien el gobierno de Juan Manuel Santos ha cambiado el discurso de estigmatización y de señalamiento contra las organizaciones de derechos humanos que era característico del cuestionado expresidentes Álvaro Uribe Vélez y ha impulsado leyes sobre reparación de vñictimas y devolución de tierras a los desplazados, las dudas sobre la efectividad de las mismas son muy altas.
En efecto, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos expresan sus reservas sobre la legislación, y los defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes sociales siguieron siendo víctimas de amenazas y homicidios. Corren especial riesgo quienes hacen campaña por la devolución de las tierras apropiadas indebidamente durante el conflicto, sobre todo por grupos paramilitares. También se ha amenazado y se ha matado a defensores de los derechos humanos, jueces, abogados, fiscales y testigos relacionados con causas penales de derechos humanos, así como a víctimas y a sus familias.
El informe de AI, que se circunscribe exclusivamente a hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, afirma que “en Colombia, el conflicto armado interno iniciado hacía 45 años siguió afectando gravemente a la población civil, que sufría la peor parte de las hostilidades. Miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Las partes en conflicto atacaban a los grupos más marginados: las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y las comunidades urbanas pobres”.
En su documento, AI reitera que las promesas del presidente Santos “de dar prioridad a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad suscitaron la esperanza de que su gobierno mostrara la voluntad política necesaria para hacer frente a la larga crisis de derechos humanos del país. Sin embargo, los ataques continuos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes comunitarios, especialmente contra los que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra, pusieron de relieve la magnitud de las dificultades que quedaban por superar”.
Al examinar el tema de “justicia e impunidad”, AI precisa que “en varios países latinoamericanos, sobre todo del Cono Sur, se hicieron avances continuos y significativos en los esfuerzos por llevar ante la justicia a algunos de los responsables de las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas durante regímenes militares anteriores”.
En ese contexto, AI señala el caso del coronel retirado Luis Alfonso Plazas, “condenado en junio a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, después de que el Ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varias personas como rehenes”.
“Sin embargo”, frente a estos avances, anota AI, se presentaron serios obstáculos “por la falta de colaboración de las instituciones militares con las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y, en ocasiones, por su resistencia directa a dichas investigaciones”.
Es así como “en México y Colombia”, añade AI, “el sistema de justicia militar continuó reclamando la jurisdicción sobre casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas”.
“La nueva legislación de Colombia y las reformas legales propuestas en México no garantizaban que todas las violaciones de derechos humanos quedaban excluidas de la jurisdicción militar, pese a los claros indicios de falta de independencia e imparcialidad de los tribunales y fiscales militares”, reclamó AI.
Mayo 13 de 2011.
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