Paramilitares y para-Estado

Por: Carlos A. Lozano Guillén

En la región Caribe, desde finales de los años ochenta y sobre todo en la década de los noventa del siglo pasado, se fue consolidando un proyecto paramilitar ultraderechista, de la mano de los militares, los organismos de seguridad del Estado, gremios de latifundistas y ganaderos y políticos tradicionales, que hicieron pactos, en dirección a copar el Estado, es decir, al surgimiento de un para-Estado, al servicio de una fuerza irregular y del narcotráfico, a cambio del poder local compartido.

“(…)En su etapa de expansión política y operativa, los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y, por supuesto, Córdoba y Sucre, sirvieron de escenarios favorables para la consolidación de las etapas orientadas ya no sólo a la confrontación violenta para beneficio de sus intereses, sino a la captura y reconfiguración cooptada del Estado en los niveles local y regional, y con la intención de alcanzar incluso hasta ciertas instancias del nivel nacional”, consignan Luis Jorge Garay Salamanca, Eduardo Salcedo Albarracín e Isaac de León Beltrán en el artículo “Redes de Poder en Casanare y la Costa Atlántica”, en el libro “Y refundaron la patria…”, página 247.

A los paramilitares del Magdalena Medio en los años 80, siguieron las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, luego convertidas en las “Autodefensas Unidas de Colombia”. En ningún caso, aunque se proclamaba contrainsurgente, no enfrentaron a las guerrillas, salvo como fuerza de apoyo de las Fuerzas Militares, sino que en lo fundamental atacaban el “frente interno” con el argumento de que era necesario eliminar a los infiltrados de las guerrillas en la izquierda, en las organizaciones sindicales, sociales y populares. “(El Estado) a cambio de expulsar a las guerrillas y de mantener bajo control a las sociedades en la periferia, se les permitía regular el narcotráfico en sus territorios y convertirse en el poder hegemónico y en el eje del orden social de las poblaciones dominadas”, dice Gustavo Duncan en “Los señores de la guerra”, página 315.

El laboratorio de Urabá y Córdoba

El laboratorio de Urabá y Córdoba de los hermanos Castaño Gil (Fidel, Carlos y Vicente) se fue extendiendo a otros departamentos de la Costa Atlántica y desde allí agrupando a los paramilitares del Magdalena Medio, Meta y otros departamentos, o creando bloques regionales con la ayuda de las Fuerzas Militares. Las brigadas militares y la policía se convirtieron en aliados del paramilitarismo, que hacía el trabajo sucio de sicariato, aunque también colaboraban en patrullajes conjuntos y compartían información e inteligencia.

Así se fue configurando un nuevo mapa político regional, ligado a jefes paramilitares y narcotraficantes, que concretaron acuerdos con ganaderos, finqueros, transnacionales, empresarios y políticos locales. En contraprestación las “AUC” ejercían control sobre la minería y el narcotráfico al tiempo que recibían gruesas sumas de dinero de las transnacionales, empresas privadas, terratenientes y ganaderos. En el Magdalena y La Guajira, Hernán Giraldo y Jorge 40; en Cesar y Sucre, “Jorge 40”; en Bolívar, Juancho Prada y “La Gata”; en Atlántico, “Jorge 40”; en Córdoba y Urabá, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, “Ernesto Báez” y “Julián Bolívar”, dirigían el proyecto de copar el Estado y de expansión a otras regiones, incluyendo la creación del Bloque Capital en Bogotá.  Estos jefes paramilitares decidían a quien amenazar y a quien “ajusticiar”. En el primer plano estaban dirigentes de izquierda, profesores universitarios y sindicalistas. Muchas de las listas eran entregadas por los organismos de seguridad, en particular el DAS, que depende en línea directa del Presidente de la República. 

Los pactos regionales

Los ocho años de los dos gobiernos de Uribe Vélez fueron dinámicos en esta dirección, porque se establecieron pactos políticos con sus amigos en el Congreso de la República y en la política regional. Así cobraron vida el “Pacto de Ralito” suscrito por Salvatore Mancuso y dirigentes de la región Caribe; los pactos de Pivijoy y de Chivolo con “Jorge 40” y el Pacto de Salvación de Urabá de Julián Bolívar, hoy todos bajo la lupa de la justicia colombiana.

Los casos de Magdalena, Cesar y Sucre son ejemplos de cooptación total de la clase política tradicional, empresarial y hasta cultural. Son conocidos los casos de candidatos únicos a la Gobernación, como en Cesar el de Hernando Molina Araújo, hijo de “La Cacica Consuelo Araújo Noguera. En Cesar “siempre se conocía desde antes quién iba a ser el gobernador”, comentó un dirigente liberal. Hasta los compositores y cantantes vallenatos de mayor renombre le compusieron canciones a “Jorge 40” y a otros criminales del paramilitarismo, así como fueron a sus fincas y haciendas en plan de farra o de parranda vallenata. Hay que recordar que Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y Salvatore Mancuso son miembros familias poderosas y ricas del Cesar y Córdoba.

Fue la descomposición total de la clase dominante, que convivió y auspició el paramilitarismo en toda la región sin ningún atenuante. Es desde finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI, según lo reconoció “Jorge 40”, que las “AUC” resuelven intervenir los programas de Gobierno, los proyectos de infraestructura y combatir a la guerrilla, para facilitar que sus pupilos en la región Caribe pudieran mantener el poder local sin ninguna amenaza de fuerzas distintas a las tradicionales. Casi todos los congresistas uribistas de la región Caribe, en los ocho años últimos, enfrentaron procesos por la llamada “parapolítica”.

El proceso 27052

El proceso penal No. 27052, adelantado por la Corte Suprema de Justicia –sala penal- contra el entonces senador Álvaro Araújo Castro, demuestra bajo la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de los magistrados, hasta dónde llegó el entramado criminal de la clase política del Cesar y de la costa Atlántica con los paramilitares de las “AUC”. Trabajaron férreamente unidos.

De acuerdo con la Corte, no sólo Araújo sino casi todos los políticos, seguidores de Uribe Vélez, establecieron cooperación con el Bloque Norte de las “AUC”, liderado por Rodrigo Tovar Pupo (alías “Jorge 40”). Políticamente se beneficiaron de ellos.

“En desarrollo de los acuerdos celebrados entre los líderes de las AUC para la consecución de sus fines, el Cesar fue dividido en tres regiones: 1) la constituida por los denominados municipios mineros, que se asignó al doctor Mauricio Pimiento Barrera; 2) la conformada por los municipios del sur, adscrita al doctor Araújo Castro, y 3) la de ‘cielos abiertos’ correspondiente a Valledupar y municipios circunvecinos. Situación que benefició al acusado, quien la apoyó y aceptó adelantando su campaña electoral en aquella época”, dice la Fiscalía en la formulación de cargos a Araújo Castro. Se entendía por “cielos abiertos” aquella zona geográfica en donde los dos candidatos podían adelantar campaña conjunta para obtener votos cada uno.

Mancuso reconoció ante justicia y paz, que en el Cesar no podía adelantar campaña ninguna persona que no tuviera el aval de esa organización criminal. “La transformación sustancial del mapa político del departamento en la cual había un interés manifiesto, iba de la mano con el ejército irregular conformado por las fuerzas paramilitares interesadas en doblegar las instituciones municipales y departamentales antes que respetar los derechos de los coasociados”, quedó demostrado en el expediente 27052 y fue la base para condenar a Álvaro Araújo Castro.

En las elecciones de 2002 se demostró con los resultados electorales, el acuerdo con los paramilitares y la distribución de los votos: Es así como en la zona sur, desde Curumaní hasta San Alberto, el doctor Araújo Castro obtuvo 19.766 votos mientras el doctor Pimiento Barrera 3.002, y en la zona noroccidental, desde El Copey hasta Chimichagua 21.012 votos a favor de Pimiento Barrera y 2.260 para Araújo Castro, hecha la comparación entre las dos más altas votaciones al Senado en el departamento, lo cual permite advertir la calculada parcelación a favor de los candidatos, con la activa participación de la aludida agrupación armada ilegal. Lo que salta de bulto es que esa situación se mantiene, no ha cambiado.

Foto: Las “AUC” impusieron el poder local en los últimos 15 años en la región Caribe