Acerca de la Ley de Víctimas el MOVICE y la Corporación Jurídica Libertad recuerdan que (1):“ Fue aprobada sin consulta ni participación de los y las interesadas, en este caso las víctimas, y sin tener en consideración las propuestas de los partidos de oposición. Sólo el Polo Democrático Alternativo presentó 105 modificaciones a consideración de la plenaria, pero que no fueron consideradas. El optimismo ha sido la nota predominante que han trasmitido los medios de comunicación, además de la propaganda a favor del actual gobierno nacional”
Y señala que la ley: “ agrava al dejar por fuera a las miles de familias que han sufrido por cuenta de las acciones del neo-paramilitarismo, eufemísticamente llamado BACRIM. El reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado es una cortina de humo que sirve para dejar sin derechos a las víctimas del conflicto socio político en todo el país al exigirles el tener que probar que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Este fue justamente el argumento con el que se le negó a la mayoría de víctimas la reparación individual por vía administrativa alegando que eran acciones cometidas por delincuencia común. (…).
Con relación al falsimediatizado “reconocimiento del conflicto” cabe además señalar acerca de la legislación aprobada, que el documento, aunque reconoce la existencia del conflicto armado no le otorga estatus de beligerancia a las organizaciones guerrilleras, a las que califica de "grupos terroristas". Con lo cual tampoco es “una puerta para la paz”.
MOVICE y la Corporación Jurídica Libertad señalan además acerca de la Ley de Víctimas que: “El contrato de transacción aprobado por el Senado es totalmente ilegal e inmoral, y busca evitar que se evidencie la responsabilidad del Estado en la mayoría de estos crímenes (…)”
En cuanto a la restitución de tierras señalan que: “Será sólo reconocido a víctimas desplazadas forzadamente a partir del 1° de enero de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años anteriores (…)La intención de formalizar la propiedad para poder impulsar las famosas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial -y de paso legalizar el despojo- quedan claros al ver cómo la ley aprueba el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, de acuerdo con los cuales donde existan proyectos de interés económico, como es el caso de las grandes extensiones de palma aceitera, se debe privilegiar su continuidad. (…)”
Y evidencia la gravedad con relación a la desaparición forzada y la impunidad:
Entrevista a Ramiro Orjuela, defensor de derechos humanos
Las organizaciones sociales tienen gran preocupación de que las víctimas del Terrorismo estado quedan por fuera de la ley.
El defensor de derechos humanos Ramiro Orjuela pone de manifiesto que la Ley de Víctimas, recientemente aprobada por el congreso colombiano, no es la panacea que han querido presentar los grandes medios. Los principales opositores a la Ley de Víctimas, son las propias Víctimas.
TeleSUR: ¿Cuál es la relevancia de esta ley?
Ramiro Orjuela: "Es importante que exista una ley de víctimas, porque se reconoce que hay víctimas, y se reconoce que hay un conflicto interno armado (...) tenemos preocupación porque con la redacción de la ley muchas personas víctimas de terrorismo de estado pueden quedar por fuera de la ley. Se habla en la ley de sólo las víctimas del conflicto armado, pero muchas personas, miles de personas fueron víctimas del ejército, de los paramilitares, y de las bandas criminales que actuaron siempre en connivencia con el ejército: personas que no estaban dentro del conflicto, eran ciudadanos de a pie, ciudadanos que no estaban en la guerra, que no pertenecían a ningún bando, y sin embargo fueron asesinados, o fueron desaparecidos, o fueron desplazados. (Con relación a ) estas personas que son víctimas de crímenes de estado pero que no estaban dentro del conflicto podría presentarse una dificultad en la ley."
¿Cuál es la posición de las organizaciones sociales colombianas con relación al inicio del conflicto, establecido por la Ley?
"Precisamente esa una de las principales causas por las que las organizaciones de derechos humanos estamos en contra de la ley, son muchas cosas importantísimas que le faltaron a la ley. El conflicto armado colombiano no empezó en 1985, este es un conflicto que viene desde hace 50 años, y las personas que fueron víctimas, asesinadas y perseguidas desde antes de 1985 también deberían haber sido incluidas dentro de la ley (...) Hay personas que fueron indemnizadas de manera parcial e irrisoria y ellas también podrían quedar por fuera de los beneficios que la ley debería traerles y que hoy no están consagrados en la ley. Creemos que con esta Ley podría presentarse una nueva frustración contra las víctimas de Colombia que la mayoría son pobres, campesinos, humildes obreros, defensores de derechos humanos, y en general el pueblo colombiano raso."
Pregunta acerca de las víctimas sepultadas en las fosas comunes
"Esta es apenas la punta del iceberg: nosotros el año pasado hicimos las denuncias de las fosas en la Macarena, con 2000 víctimas, en granada Meta, solo en un departamento. En Colombia hay una fosa común en todo el país, hay fosas clandestinas, fosas en los cementerios, y muchas fosas en agua, los que se llevaron los ríos, la gente que fue descuartizada y botada en los ríos que jamás aparecerán; pero los criminales sí están hoy gozando de las tierras que se robaron, gozando de las pensiones altísimas que da el gobierno: muchos de los generales hoy pensionados, viviendo incluso en la diplomacia, y que no han respondido de los crímenes que se han cometido contra nuestro pueblo"
¿Qué sigue ahora después de la aprobación de la Ley de Víctimas?
"Sigue la judicialización: necesariamente esos victimarios tienen que responder ante los tribunales; y si el gobierno colombiano, si la justicia colombiana no es capaz de llevarlos ante los tribunales a hacer justicia, tendremos que recurrir a la justicia internacional. Por un lado (llevar ante la justicia) a los autores materiales como tal, pero también a los autores intelectuales que desde las altas cúpulas del estado que dirigieron la economía y que solamente mediante el terror pudieron implantar el neoliberalismo, la "apertura" económica en Colombia. Porque creemos que no solo los autores materiales son responsables, también son responsables desde las altas esferas, desde los gremios de la producción, desde los grandes gremios económicos, los terratenientes, ellos deben responder por los crímenes que se han cometido en Colombia que son incontables. Son tantos los crímenes que los crímenes que se han cometido en las dictaduras del Cono sur del continente bajo las dictaduras militares, son apenas una muestra al lado de lo que sólo en Colombia ha ocurrido en los últimos 25-30 años."
· Cinco puntos de MOVICE y Corporación Jurídica Libertad, que denuncian la Ley de Víctimas:
1. Esta es una ley inconsulta, debatida y aprobada de espaldas a las víctimas. Desde su inicio el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propuso la realización de audiencias públicas donde se discutiera los puntos más controversiales y se tuvieran en cuenta las propuestas que salieran de estos espacios. Sin embargo la propuesta fue rechazada sin ninguna justificación. Pero, lo más grave es que no se realizó consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes como lo exige el Convenio 169 de la OIT y lo ha reafirmado en diferentes sentencias la Corte Constitucional. Para subsanar dicho error la ley le otorga facultades especiales al Presidente de la República para que expida un decreto donde se concrete con dichas comunidades su derecho a la reparación. Sin embargo, el tema no es así de simple. La consulta es un derecho fundamental que no se puede desconocer, es irrenunciable y la Corte ha sido radical en su reconocimiento. Además muchas organizaciones étnicas han anunciado su disposición de demandar el texto aprobado por inconstitucional.
2. El universo de víctimas es restrictivo y viola el derecho a la igualdad. El senador Cristo ha afirmado que la ley reconoce a todas las víctimas y que la fecha del 1° de enero de 1985 es sólo para el tema de reparación. Este argumento resulta realmente un contrasentido porque deja sin derechos a más de diez mil víctimas que en la década de los años setenta y principios de los ochenta sufrieron toda clase de agresiones, graves violaciones a sus derechos y crímenes de lesa humanidad. Situación que se agrava al dejar por fuera a las miles de familias que han sufrido por cuenta de las acciones del neo-paramilitarismo, eufemísticamente llamado BACRIM. El reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado es una cortina de humo que sirve para dejar sin derechos a las víctimas del conflicto socio político en todo el país al exigirles el tener que probar que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Este fue justamente el argumento con el que se le negó a la mayoría de víctimas la reparación individual por vía administrativa alegando que eran acciones cometidas por delincuencia común.
3. El contrato de transacción aprobado por el Senado es totalmente ilegal e inmoral, y busca evitar que se evidencie la responsabilidad del Estado en la mayoría de estos crímenes. Además por esta vía el Gobierno podrá convertir en medidas reparatorias las obligaciones sociales que por ley y constitución le competen. La gran mayoría de las víctimas provienen del sector social más empobrecido y excluido, situación que va a ser aprovechada para promover los “bonos” en salud y educación que las dejarán sin derechos.
4. Uno de los principales problemas es el tema de la restitución de tierras que será sólo reconocido a víctimas desplazadas forzadamente a partir del 1° de enero de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años anteriores. El gobierno –y los parlamentarios uribistas, fieles a su líder- han argumentado que se deben respetar las leyes que protegen a los poseedores, pero se abstienen de recordar que éstos por lo general han sido ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, empresarios y paramilitares que se hicieron a la tierra mediante métodos de barbarie y terror, que además se aprovecharon de que la mayoría de los campesinos carecen de títulos de propiedad.
La intención de formalizar la propiedad para poder impulsar las famosas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial -y de paso legalizar el despojo- quedan claros al ver cómo la ley aprueba el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, de acuerdo con los cuales donde existan proyectos de interés económico, como es el caso de las grandes extensiones de palma aceitera, se debe privilegiar su continuidad. Con lo cual a los desplazados sólo se les devolverán formalmente sus tierras y se tendrán que contentar con vender o ser obreros asalariados en sus propias tierras. Tampoco habrá restitución de otros bienes patrimoniales ni se tiene en consideración el tema del despojo intraurbano tan común en la última década.
5. La ley deja por fuera todo el tema de las políticas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y las garantías de investigación, juzgamiento y sanción de este delito. Ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado se quisieron escuchar y debatir las propuestas de las organizaciones de familiares al respecto.
Muchos otros puntos deben ser materia de debate. Queda pues mucho camino por recorrer y mucha lucha por dar. Es necesario fortalecer los procesos organizativos de las víctimas y las organizaciones sociales, que hagan posible un total reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Es necesario definir cómo enfrentar lo aprobado por el Congreso, cómo debe ser la forma de participación y la veeduría que se haga a la implementación de esta ley.
En todo caso el reto más grande es la lucha para hacer que estos crímenes nunca más se repitan.
“La ley deja por fuera todo el tema de las políticas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada (…)”. Al final de esta nota remitimos los 5 puntos en los que brevemente MOVICE y Corporación Jurídica Libertad, exponen las vulneraciones a las Víctimas que supone la ‘Ley de Víctimas’.
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