Foto: Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ, cuando recibió la Orden de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. |
Edición de VOZ 2631 del 21 al 27 de marzo de 2012 Página 4
A petición del director de VOZ, Carlos A. Lozano Guillén, hecha a la entonces fiscal General de la Nación, Viviane Morales, el ente judicial inició una investigación por el presunto delito de falsedad personal, con responsables desconocidos, debido a que existe la información y se tienen indicios de que a nombre del dirigente comunista y periodista fue abierta una cuenta en un banco de la ciudad de Panamá con varios millones de dólares depositados en la misma y a su favor.
La demanda fue presentada en septiembre del año pasado, cuando Lozano supo por fuentes confiables de la existencia de tales cuentas, que ponen en peligro su seguridad y la de su familia, además de que lo expone a que la DEA o un organismo judicial estadounidense pueda solicitarlo en extradición por lavado de activos. Todo indica que fue suplantado por elementos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo con nexos internacionales para la apertura de la cuenta en Panamá.
“Llegué a creer que podría ser una provocación de alguna agencia secreta de Colombia (ya conocemos como actúo el DAS en el anterior Gobierno y fui una de las víctimas de las ‘chuzadas’ y acciones ilegales denunciadas) o de Estados Unidos, para involucrarme en un delito de lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Con el agravante de ser en un país que no es el mío”, consignó Carlos Lozano en la misiva que le envió a Viviane Morales el pasado 8 de septiembre. De la misma puso en conocimiento al Gobierno Nacional y a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
El Director de VOZ y dirigente comunista fue sometido a un proceso judicial por supuestas menciones de su nombre en los computadores de Raúl Reyes en el cual fue finalmente absuelto por resolución de preclusión de la Fiscalía, como también fue blanco de seguimientos y persecuciones por el DAS en las acciones ilegales que adelantó durante el Gobierno de Uribe Vélez, aunque la Corte Suprema de Justicia le negó la calidad de víctima en este acto criminal más que comprobado.
Lozano recordó que en los informes de Policía Judicial de la Sijin, entregados a la Fiscalía como parte del proceso en su contra, se le atribuyeron la propiedad de inmuebles y teléfonos celulares en cuyas adquisiciones fue suplantado por individuos que nunca fueron investigados.
“Pero ahora se trata de una situación más compleja y peligrosa”, dice. La investigación apenas comienza, aunque cuando se trata, seguramente, de la participación de narcotraficantes y paramilitares, surgen más elementos de preocupación por su seguridad.
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