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La Defensoría
del Pueblo había activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente por la
desaparición forzada de un miembro del Consejo Comunitario de Curbaradó y
de su hijo en el bajo Atrato Chocoano.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, había señalado que la Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas que preside la Defensoría del
Pueblo, activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente por la presunta
desaparición forzada del señor Manuel Ruíz, de 56 años de edad, miembro
del Comité del Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, localizado
en la cuenca de Curbaradó, y de su hijo Samir Ruíz Gallo, de 15 años de
edad, quienes fueron retenidos el pasado viernes 23 de marzo por
presuntos integrantes del autodenominado grupo armado ilegal conocido
como “Aguilas Negras”, que operan en el Bajo Atrato en el departamento
del Chocó.
De acuerdo con información allegada a la Defensoría del Pueblo, el
pasado 23 de marzo a las 2:15 p.m. el joven Samir Ruiz se comunicó con
la Defensoría Regional de Urabá para denunciar la retención de su padre,
Manuel Ruiz, por parte de la policía del municipio de Mutatá en el
Departamento de Antioquia, y a quien señalaban de no haber cancelado
unas recargas del teléfono celular, según se informó.
La Defensoría Regional de Urabá conoció posteriormente que la policía
de Mutatá dejó en libertad al señor Manuel Ruiz; y horas después se
supo que había sido desaparecido por hombres presuntamente integrantes
del grupo armado ilegal autodenominado “Águilas Negras”.
A las 5:00 p.m. del 23 de marzo, el señor Manuel Ruiz se comunicó con
la Defensoría del Pueblo expresando que se encontraba junto con su hijo
Samir Ruiz en una finca y que debía pagar la suma $2’500.000 antes de
la media noche.
Igualmente, en la conversación, vía celular, con la Defensoría del
Pueblo, el señor Manuel Ruiz solicitó que se le avisara a su familia y
no respondió a la pregunta sobre el sitio donde se encontraba. Al
parecer, integrantes del grupo armado ilegal se comunicaron con la
familia exigiendo la cancelación del dinero.
El equipo en terreno de la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento
los hechos ante las autoridades del municipio de Mutatá y el riesgo que
representa para la integridad física y el derecho a la vida del señor
Manuel Ruiz su condición de líder de restitución de tierras en la Cuenca
de Curbaradó.
Ante este hecho, la Defensoría Regional de Urabá remitió una
comunicación, vía fax, a la Fiscalía Seccional de Chigorodó para
solicitar la activación del mecanismo de búsqueda urgente de personas
desaparecidas con el fin de encontrar al señor Manuel Ruiz y su hijo
Samir.
Medidas de protección
La Defensoría del Pueblo conoció que el señor Manuel Ruiz había
solicitado medidas de protección en el marco del comité del censo del
primer anillo que se realizó en el primer semestre de 2011. También
pidió medidas el 19 de noviembre de 2011 en el marco de la capacitación
para el segundo anillo que se adelantó en el municipio de Apartadó, y
una tercera solicitud, durante el mes de febrero del presente año, para
la realización del tercer comité del censo. En este proceso se realizó
un estudio de riesgo individual cuyos resultados no conocemos.
El señor Manuel Ruiz debía adelantar durante la presente semana,
junto con funcionarios del Ministerio de Agricultura, una inspección de
linderos en el área conocida como Los Piscingos, un predio ocupado desde
1996 luego de operaciones de grupos armados ilegales en Curbaradó. La
inspección se realizaría en cumplimiento del Auto de la Corte
Constitucional A-045 del 7 de marzo de 2012.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, expresó que el caso de la
presunta desaparición forzada del señor Manuel Ruiz y de su hijo Samir,
muestra la persistencia de las amenazas y los homicidios contra los
líderes que participan en los procesos de restitución de tierras.
Por tanto, la Defensoría del Pueblo solicita de los organismos
competentes del Estado adelantar las investigaciones de rigor para
capturar a los responsables de este hecho. Al mismo tiempo, insta a las
autoridades a adoptar medidas sobre las zonas receptoras de población en
retorno y la implementación de medidas de prevención y protección para
los líderes y sus familias.
Escenario de riesgo
De otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del
Pueblo, informó el 23 de marzo de 2011, mediante la nota de seguimiento
No. 005-11, la situación de riesgo para la población civil
afrocolombiana, campesina e indígena, que promueve acciones en defensa
de los derechos fundamentales y la restitución de las tierras y sus
territorios en los municipios de Carmen del Darién, Riosucio y Belén de
Bajirá, por la presencia de columnas de las FARC y el accionar de grupos
armados ilegales post desmovilización en la región de Curbaradó y
Jiguamiandó.
En la mencionada Nota de Seguimiento, que fue declarada Alerta
Temprana por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas que
coordina el Ministerio del interior, se hacía referencia a la probable
ocurrencia de homicidios, desapariciones forzadas, homicidios
selectivos, reclutamiento ilícito de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, desplazamientos forzados y confinamiento de las comunidades, y
se recomienda a las autoridades la adopción de medidas urgentes de
prevención y protección para dirigentes comunitarios, autoridades
étnicas y líderes de procesos de restitución de tierras, entre otros.
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