Andrés Monroy Gómez
Partido Comunista Colombiano
Partido Comunista Colombiano
Asesinatos y montajes judiciales contra los supervivientes del genocidio de la UP
El precio de la estigmatización en San Vicente del Caguán
Dos años después del asesinato del defensor de derechos humanos Joel Pérez, su hermano Domingo Pérez se encuentra al borde de un proceso judicial acusado de ser colaborador de las Farc. Mientras tanto, desde la Presidencia de la República se contribuye a la estigmatización de los movimientos sociales.
La región amazónica colombiana ha sido el escenario de cruentas formas de exterminio contra líderes de oposición política, persecución y estigmatización de la protesta social. En esa región se ubica el departamento de Caquetá, con 88.965 km2, conocido como el corazón de la Amazonía colombiana. Uno de sus municipios, San Vicente del Caguán, fue centro de la zona de distensión durante el fallido proceso de paz entre el gobierno del conservador Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc, entre 1998 y 2002.
Existe un tenebroso hilo conductor que por ahora termina con el anuncio hecho este 18 de diciembre desde la Presidencia de la República y que afecta directamente a los líderes sociales de San Vicente del Caguán. El Presidente Juan Manuel Santos afirmó que fue hallado un correo electrónico atribuido a “Jorge Briceño” en el que “se confirma que efectivamente las Farc ayudan a financiar una parte de estas movilizaciones y lo vemos aquí claramente. Creo que es una información bastante interesante” (1). Santos se refiere a las movilizaciones indígenas y campesinas del 20 y 21 de julio que, provenientes de todo el país, culminaron con la marcha de más de 18.000 personas en Bogotá (2).
Según Juan Manuel Santos, “Es un correo del propio ‘Jojoy’ a los miembros del Secretariado. Y ahí se comprueba, se comprueba (sic) cómo las Farc financian las movilizaciones de protestas sociales y las movilizaciones que hemos visto con cierta frecuencia. Les voy a leer parte de este correo que será publicado en la web del Ministerio de Defensa”.
Estas declaraciones fueron rápidamente reproducidas en la mayoría de los medios de comunicación colombianos y hacen juego a los señalamientos contra las marchas organizadas por movimientos sociales, como los pronunciados por del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria quien acusó en 2008 a los convocantes de una manifestación de víctimas de crímenes de Estado, de ser simpatizantes de la guerrilla de las Farc. A los pocos días, cuatro líderes sociales fueron asesinados y 30 más recibieron amenazas. Hoy, J.O. Gaviria está públicamente cuestionado por su posible participación en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de magistrados, políticos de oposición y periodistas.
Continuando con el hilo conductor, en un comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) fechado el 27 de julio de este año, se expresó la “preocupación por la integridad física del secretario técnico del Capítulo Caquetá, Domingo Pérez Cuellar y advierte sobre un posible montaje judicial en su contra”.
Según el Movice, Domingo hizo parte de la organización de las actividades conmemorativas del bicentenario en San Vicente del Caguán, entre las que se encontraba la “Marcha Patriótica”. “En los días anteriores de la marcha el gobernador de Caquetá, el comandante de la Brigada XII y el comandante de la Policía Departamental declararon que la marcha estaba impulsada y/o infiltrada por la organización insurgente de las FARC-EP. La alcaldesa de Florencia (Caquetá) prohibió a través de un decreto la realización de la marcha el 21 de julio y desde la Gobernación del departamento, el 16 y 19 de julio se decretó la prohibición de la libre circulación en el departamento durante los días de la marcha”.
Domingo Pérez tuvo que denunciar por injuria ante la fiscalía a los responsables militares en la zona, luego de que éstos presentaran un panfleto que supuestamente habían encontrado a la guerrillera “Jessica”, abatida el 10 de junio de 2010. En dicho panfleto supuestamente se dan instrucciones de coordinación con Domingo Pérez para las actividades de la “Marcha Patriótica” (3).
Retrocediendo dos años, en febrero de 2008, se produjo un informe de inteligencia militar en el que se acusa a Domingo de formar parte de la red de apoyo de las Farc (Referencia MD-EJC-CIME-RIME6-53.1, enviado por el Director Regional Inteligencia Militar No. 6, TC Rafael Eduardo Gutiérrez Hortúa, al comandante de la Brigada Móvil Nº 22 en Peñas Coloradas Caquetá). Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la existencia de este informe fue denunciada en mayo de 2009 durante la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad realizada en Florencia Caquetá (4).
Diez meses después de elaborado ese informe de inteligencia, el 10 diciembre de 2008, fue encontrado en San Vicente del Caguán el cadáver incinerado y decapitado de Joel Pérez, hermano de Domingo e hijo de Simeón Pérez, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica.
Joel Pérez fue parte activa de la creación de la Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive, además de presidir la Junta de Acción Comunal de la vereda Vegas Bajo Pato, vicepresidente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato, ex concejal de San Vicente del Caguán y miembro del partido político izquierdista Polo Democrático Alternativo. Según testimonios de habitantes del sector y recogidos por la prensa alternativa, el Grupo Meteoro del Ejército Nacional hacía presencia en la zona el 8 de diciembre, día en que Joel desapareció. Este hecho, calificado por la Comisión Colombiana de Juristas como un homicidio político, apenas fue reseñado en la sección de “breves” de uno de los diarios de circulación nacional, aún se encuentra en la impunidad.
Esto demuestra que no se ha superado la campaña de desprestigio a los movimientos sociales. Funcionarios públicos y destacados columnistas de opinión de la derecha colombiana ponen en constante riesgo la vida de los líderes y defensores de derechos humanos al señalarlos en una macabra generalización, como colaboradores de grupos subversivos. Los procesos judiciales en los que se presume la inocencia han sido desplazados por la justicia de micrófono y los comunicados hacen el papel de sentencias.
Notas
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