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| En Asunción, simpatizantes del presidente Fernando Lugo salieron a las calles para mostrarle su apoyo.(Foto: Archivo) |
PG.- El intento de golpe de Estado en contra del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por parte de los sectores de la derecha fue rechazado por organismos regionales, gobernantes de América del Sur y por el pueblo paraguayo, quienes durante el pasado jueves hicieron llamados a la defensa de la democracia y a respetar el proceso constitucional que vive ese país.
Del lado de Unasur, el bloque envió a sus cancilleres de forma automática a Paraguay, donde se entrevistaron con el mandatario. Por su parte, los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), respaldaron la gestión de Lugo y denunciaron que el juicio político en su contra, aprobado por el Parlamento, busca su “destitución” y “la instalación de un gobierno ilegítimo para retrogradar al Paraguay a las viejas prácticas políticas ya superadas”.
En horas de la tarde, el mandatario paraguayo calificó como “incostitucional” la medida tomada por los legisladores y confirmó que detrás de los planes desestabilizadores se encuentra el empresario y dirigente del Partido Colorado (PC), Horacio Cartes.
Expresó que el juicio político en su contra “no respeta el debido proceso”, a lo que agregó que existe “una hipótesis muy fuerte, con indicios muy claros, de que quien está detrás de todo esto es el precandidato del Partido Colorado, Horacio Cartes”.
El Parlamento paraguayo aprobó, con 76 votos a favor y 1 en contra, un juicio político a Lugo luego de que el pasado viernes se registrara un enfrentamiento entre policías y habitantes en la región de Curuguaty, a unos 380 kilómetros de Asunción, donde murieron 17 personas, 11 campesinos y seis efectivos de seguridad.
Entre las justificaciones para impulsar el juicio, los legisladores derechista esgrimieron un argumento repetido por ese sector: el gobierno nacional respalda las “invasiones” de tierra en detrimento de la propiedad privada.
En el escrito aprobado por los parlamentarios se llama abiertamente a que se reprima al movimiento campesino que exige tierras para laboral.
Por su parte, el secretario general de Unasur, Alí Rodríguez Araque, afirmó que deben establecerse las garantías de defensa en el proceso contra Lugo.
Agregó que en el juicio político se tiene respetar el debido proceso, que comprende el tiempo necesario para ejercer su defensa.
En declaraciones recogidas por la agencia de noticias IP, Rodríguez Araque manifestó que “la mayor preocupación de la Unasur es el ejercicio legítimo de la democracia, y que dentro de la misma, como principio rector haya una administración de justicia y condiciones, absolutamente indispensable”.
El titular del organismo regional explicó que las naciones miembros del bloque respetan la soberanía paraguaya, aunque aclaró que los los problemas que atañen a la democracia de un país afectan a toda América del Sur.
Rodríguez Araque anunció que se reunirá con diversos sectores políticos paraguayos para buscar una salida pacífica al conflicto.
Para este viernes al mediodía se espera que el jefe de Estado se traslade al Congreso donde expondrá su defensa ante las acusaciones. A 2:30 de la tarde se presentarán las pruebas y una hora más tarde los alegatos. Se calcula que a las 4:30 se conocerá la sentencia.
Durante la jornada del juicio, los defensores del mandatario presentarán una acción de inconstitucionalidad, confirmaron el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho.
Éste último explicó que esa medida cautelar es concedida, se podría extender el procedimiento del juicio.
Mientras tanto, reportes de prensa han indicado que pobladores de todo el país se trasladan hacia Asunción, para respaldar al presidente Lugo y denunciar el plan desestabilizador en su contra.
A esto se suman decenas de pronunciamientos de presidentes latinoamericanos, organizaciones sociales y políticas del continente, y residentes paraguayos en el exterior, que han rechazado cualquier intento de que el presidente Lugo sea expulsado del Ejecutivo.
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