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| Senadora Gloria Inés Ramírez |
El país vive un clima de intimidación y zozobra que se ha agudizado en las últimas semanas y al que el gobierno trata de restarle gravedad, no obstante que en la medida en que transcurre el tiempo se hace cada vez más crítico.
En los dos últimos años han sido asesinados 70 líderes de tierras, durante lo corrido de 2012 ha habido 7 asesinatos de sindicalistas y cada día hay nuevas amenazas contra sindicalistas, dirigentes populares, figuras destacadas de la oposición, mandatarios regionales y personalidades democráticas.
De la larga lista de amenazados, destacamos los casos de la Ex senadora Piedad Córdoba, dirigenta de Colombianas y Colombianos por la Paz y de la Marcha Patriótica; el Representante a la Cámara por Bogotá y dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, Iván Cepeda Castro; la dirigenta del Polo Democrático Alternativo y de la Marcha Patriótica, Gloria Cuartas; el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro; el Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo; los alcaldes del Polo Democrático Alternativo en el Caquetá, entre otros.
A esta lista se le suma ahora el compañero Carlos Lozano Guillén, Director del semanario Voz, integrante de Colombianas y Colombianos por la Paz y miembro de la dirección de la Marcha Patriótica, quien ha sido amenazado por la banda paramilitar “Los Urabeños”, que, según las informaciones recibidas, han dispuesto de 200 mil dólares para su asesinato. Condenamos y rechazamos con todas nuestras energías esta repudiable amenaza y le expresamos al compañero Carlos Lozano nuestra más firme solidaridad. Lo propio hacemos con las demás víctimas de la ofensiva criminal que se vive en el país.
Todo indica que detrás de esta oleada criminal se ocultan tenebrosas fuerzas de la extrema derecha, dedicadas a exacerbar el clima de confrontación para cerrarle el paso a cualquier posibilidad de encontrarle una salida negociada al conflicto interno que vive el país desde hace cerca de 50 años. Para los ultraderechistas, la única alternativa es la política de tierra arrasada. Han vivido de la guerra, la han usufructuado y aspiran a prolongarla indefinidamente porque no conciben otra manera de mantener su vigencia política.
El gobierno, por su lado, se dedica a hacerle toda clase de concesiones a la ultraderecha y, en vez de utilizar la tan mencionada “llave de la paz” para abrir un proceso de diálogo y negociación que posibilite encontrarle una salida política al conflicto interno, lo que ordena es “más plomo”, de manera que lo que se avisora en el futuro es el agravamiento de la situación.
Ante esta preocupante realidad, llamamos al movimiento sindical, a las ONG de derechos humanos, a los partidos y movimientos políticos democráticos y de izquierda y a la opinión pública nacional e internacional a pronunciarse contra la ofensiva criminal que se vive en Colombia, a expresar su más amplia y decidida solidaridad con las víctimas y a trabajar por la construcción de un gran movimiento por la solución negociada del conflicto y por la paz de Colombia.
Bogotá, D.C., 8 de junio de 2012
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