Juan Alberto Sánchez Marín
Rebelión
En
la antigua Grecia, una polis, Esparta, fundamentó su vida y desarrollo
en el poderío militar. Desde la infancia y casi hasta la tumba, todo
espartano estaba vinculado con el estamento y su vida en el ejército
activo superaba los cuarenta años. Lo castrense no era parte del
ambiente: era el aire que se respiraba. La otra polis poderosa, Atenas,
aun inmersa en un contexto de formación e impulso militar, por el
contrario, basó su adelanto en alcanzar la plenitud intelectual. Sin el
militarismo que distinguió a Esparta, Atenas fue la polis que llegó a
ser el corazón de Grecia y el pilar de ese aglomerado amorfo de naciones
que conocemos como la “Civilización Occidental”.
Esta
es sólo la referencia de una historia plagada de naciones cuyo devenir
se ha instituido en la hegemonía de la esfera militar, en contraste con
otras que han apostado su futuro a propósitos menos afrentosos. Gracias a
las armas se han extendido territorios, saqueado riquezas o sojuzgado
pueblos, pero jamás avanzado en la lucidez o conquistado la
perdurabilidad, esa acción del pensamiento y la memoria que inicia justo
donde concluyen las trayectorias de las balas. Ni siquiera Napoleón,
guerrero portador de las ideas libertarias de la Revolución Francesa,
consiguió inculcárselas a sangre y fuego a los españoles. Un sueño de la
razón que les produjo tantos monstruos, muchos de los cuales todavía
amedrentan.
Desde los tiempos de los ejércitos
Comunero y Libertador, las distintas Fuerzas Militares colombianas, con
los nombres que se quiera, por la defensa del territorio no han actuado
más que en dos guerras absurdas, ambas contra Perú, en 1828, en los
tiempos de la efímera Gran Colombia, y poco más de cien años después, en
1932. Una guerra, la primera, se perdió, y la otra también, aunque en
los papeles y las actas protocolarias figure lo contrario. Y eso que nos
salvó el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, el controvertido
presidente peruano de facto y de iure, ocurrido cuando pasaba revista a
las cuantiosas tropas que iba a movilizar. También podrían nombrarse,
claro está, las olvidadas escaramuzas de 1911, en La Pradera, un
conflicto, también y por supuesto, con el Perú, en el que sólo ganó la
selva.
El resto del tiempo, que es toda la vida
republicana y todo el tiempo a la hora de la verdad, nuestras Fuerzas
Armadas no han hecho otra cosa que participar sin tregua en la refriega
interna y eterna que es este país, especializándose en el destripamiento
de compatriotas e inventando maneras para disimularlo o negarlo.
O
poniendo peones en el tablero de guerras ajenas y lejanas, como la de
Corea, adonde Colombia fue el único país de habla hispana que acudió
presto al estropicio aportando más de cuatro mil combatientes, con el
obvio resultado de muchos caídos y dejando regados cientos de veteranos
lunáticos que pocas veces fueron otra cosa que muertos en vida para la
patria que los timó. Nada nuevo, la verdad: Un montón de cargabultos que
apostaron las entrañas para no morirse de hambre en la propia tierra de
nacimiento, cuyo sueño se volvió pesadilla (1).
La realidad dura e inmadura
Nuestro
glorioso ejército contó con la mayor parte del siglo XIX para
despellejarse a bayonetazos y a sablazo limpio. Y con el XX y lo que va
del XXI para profesionalizarse y modernizarse, si por estos conceptos
entendemos las zancadas en las zonas más limítrofes de la barbarie. O
sea, la mayor capacidad para pulverizar con fuego tipo Nintendo,
aviones fantasma que esparcen racimos de bombas y obuses remolcados bajo
el brazo a unas guerrillas conformadas por campesinos que, al igual que
la prole de los sucesivos ejércitos nacionales, han sido proveídas no
más que por almas compradas a huevo por el diablo gracias a la creciente
pobreza patria.
El adversario no está en el
corazón, de seguro, pero va metiéndose por los lemas mañaneros, las
consignas que son órdenes, las bajas enemigas recompensadas, y por la
propia imaginación menguada, adiestrada, que ya no da para mucho más.
 |
| "Intercambio de inteligencia". Visita de soldados norteamericanos a la base militar de Apiay, en el Meta. (Foto: Archivo SEMANA). |
Una
tropa llena de venenos propios y ajenos, que entre sofismas y
obsesiones extrañas encubre su auténtico cometido de muerte: Lucha
contra las drogas, terrorismo. Delirios trazados afuera, sobre las mesas
del Pentágono o el escritorio de Rumsfeld, en esquemas de expansión que
nuestros dirigentes replican como suyos. Dueños de todo y todos: de las
tierras, de las inversiones, de los ingentes recursos gracias a los
cuales pueden darse el lujo de tener a los militares de este país como
asalariados.
Los Estados Unidos aportan
recursos para esa guerra y cooperan con dólares que pronto se llevan sus
propios mercenarios, ahora llamados contratistas. No son ayudas, sino
inversiones, útiles para el dominio económico y geopolítico de la
región.
Declara el portal “Just the Facts” que
“el auxilio” estadounidense a los militares y los policías colombianos
llegó a US$6,893,876,034, entre los años 1996 y 2011 (2), y, según un
grupo de congresistas demócratas estadounidenses, en carta al Presidente
Obama, entre los años fiscos de 2000 y 2008, su país entregó más de $6
mil millones de dólares en asistencia militar y no militar a Colombia,
como parte de Plan Colombia, un caudal que se usó para todo menos para
los propósitos divulgados de la lucha contra las drogas (3).
El
gringo de a pie, “the average man” de Whitman, abulta con sus
tributaciones los bolsillos de sus compatriotas corporativos. El
resultado de su plata se vuelve hambre a miles de kilómetros de sus
fronteras, asperjándose como glifosato si hay suerte o hundiéndose como
munición en cuerpos que no atañen. Y todos ganan, por lo menos los que
importan: Dyncorp Aerospace Technologies, uno de los contratistas
militares más grandes del mundo, nutrida de mercenarios de la Delta
Force y veteranos de todas las guerras de saqueo; Lockheed Martin
Corporation, otro de los contratistas militares más grandes del mundo,
con sus artilugios de guerra global; o Raytheon Corporation, el mayor
productor de misiles guiados del mundo; o Telford Aviation, Arinc, DRS
Tamsco, Bechtel, OLGOONIK, MAN TECH, ITT y un largo etcétera que a ratos
da el “salto estratégico” (un contrato quizás por disimulo después
rebautizado como Plan Nacional de Consolidación) a firmas de ex
militares y mercenarios israelís, entre ellas Global CST, del amigo del
presidente Santos, el general retirado Yisrael Ziv, como lo certifican
los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks (4).
En
una sociedad famélica, los militares cuentan con la gracia cuasi divina
de prerrogativas superiores y perpetuas. A cambio, hay que defender al
mejor postor, poner el pecho por el cabecilla, escoltar al pujante.
Hacerlo supone creerse el cuento del “intercambio de inteligencia” con
los superiores gringos o asumir sin empacho el papel de correveidile e
informante febril, cuestión de la que mucho sabe el Mayor General Óscar
Adolfo Naranjo Trujillo, por algo el mejor policía del mundo y no de
gratis vicepresidente para las Américas de Interpol, esa Santa Hermandad
instituida no por las Cortes de Madrigal sino por Washington. A veces,
exige marchar al compás de los “remosados” colegas israelíes del Mosad,
de pronto aliarse incluso con delincuentes muy menos glamurosos. Y muy
menos temidos que rogados, diría Quevedo (5).
Entonces,
en el abominable empeño de aniquilar y en el aún más execrable de
ganar, la vida, que por humanidad y mandato constitucional se debería
defender, se hace cada vez más ligera y ambigua. Hasta que el enemigo
está en todas partes y la existencia de cualquier conciudadano del
montón empieza a significar para el soldado lo mismo que vale para la
honorable institución y sus mentores extranjeros: Nada.
Ni falsos ni positivos: asesinatos y ejecuciones
Los
militares, de tal modo, sin fronteras que defender y sin los tantos
enemigos anunciados cruzando por las miras de los fusiles, en el
contexto de farsas y sainetes que es la cotidianidad nativa, optan por
la eliminación de indigentes, muchachos, agricultores, desempleados,
menesterosos de todas partes, y los presentan como trofeos de guerra
arrebatados a las guerrillas de las FARC o el ELN. Sus cabezas cuelgan
en la trastienda de una sociedad que no quiere saber nada de nada de los
suyos (ni de sí misma, por lo tanto), crasamente seducida por la
voracidad mediática y apropiadamente regida por ciertas perversidades
oficiales, gubernamentales.
Los asesinatos
cobardes y premeditados que fueron llevados a cabo por los militares,
muestra un informe reciente del CINEP, alcanzan las 1742 víctimas en 27
años (6), pero, según la propia Fiscalía, se aproximan a tres mil, con
3963 uniformados sindicados. Otras investigaciones documentan una cifra
mayor de víctimas y hay quienes sostienen que los crímenes rondan los
cinco mil. Sea el dato que sea, por menor que hubiera sido, aunque no lo
fue, la materia no es sólo de cantidades. Jamás fueron números: eran
personas, colombianos con las sublimes culpas de ser anónimos o de
querer dejar de serlo.
Fueron cazados en los
campos o embaucados en los cinturones de miseria de las ciudades, en una
serie de maniobras desarrolladas en tantas guarniciones de distintos
municipios de varios departamentos, que a fuerza de repetirse y afinarse
terminó siendo una operación sistemática, corrompidamente exquisita. Es
cierto que el invento no inició con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
como lo han dado a conocer las distintas investigaciones, pero fue
durante esos ocho años infernales que la práctica alcanzó mayor apogeo.
Y que la impunidad
también se consolidó en niveles alarmantes, casi absolutos. Según un
informe de 2010 del relator especial de la ONU para las ejecuciones
arbitrarias, Philip Alston, la impunidad en el país abarcaba en la fecha
el 98,5 por ciento de los casos (7 y 8).
Desde
aquellos días, los talantes han cambiado, pero pareciera que sólo para
que lo restante siga intacto o peor. Puede ser verdad que las
ejecuciones extrajudiciales han disminuido. Pero no lo es que se
acabaron, como aseguró Juan Manuel Santos con jactancia en los tiempos
de candidato a los cándidos electores: “Los acabé yo con el apoyo del
presidente Uribe y del Comandante General de las Fuerzas Militares.
Desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo” (9). Claro
que no ha habido un solitario falso positivo. Hubo nueve, y apenas en
su primer año, entre noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009
(10).
Pudiera ser que fuera cierto lo sostenido
por el Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio
Arboleda, que lidera el frenético uribista Alfredo Rangel, en el sentido
de que los militares sientan que hay “inseguridad jurídica”, o que
hayan terminado creyéndose su propia patraña de que “falta un marco
jurídico definido para afrontar este conflicto político-militar”, como
lo opinó el general Alejandro Navas, comandante de las FFMM (11). Pero
no lo es ni de broma que la impunidad haya cedido.
Por
el contrario, lo que se advierte es la tentativa del gobierno para
garantizarla, moviendo en el Congreso proyectos como el de “Marco para
la paz” (12), una calza a la medida del senador Roy Barreras, que semeja
un coladero de crímenes fabricado con la excusa de que se avecina la
paz y que habla de guerrilleros pero apunta a militares. El proyecto de
“Defensa Técnica” (13), producto de la paranoia jurídica de Uribe,
gracias al cual seremos los contribuyentes quienes financiemos los
abogados defensores de militares, en instancias nacionales e
insólitamente en las internacionales, y el de la “Reforma a la Justicia”
(14), algunos de cuyos acápites y “micos” no aspiran sino a fortificar
la Justicia Penal Militar, en detrimento de la Ordinaria, para la cual
no hay plata ni ganas.
Ya un paso grande, en este sentido, se dio con la reforma del Código Penal Militar, que
crea una estructura burocrática que es un armazón paralelo de la
Justicia, con figuras nuevas como el Fiscal General Militar, los Jueces
Penales Militares de Control de Garantías, de Ejecución de Penas y el
Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, y el reforzamiento de otras,
como el Tribunal Penal Militar.
Otro desagüe de
recursos a favor del estamento, con los militares investigados en
mente. Ad portas de que muchos se sazonen en la salsa agria de sus
actos, la meta es lograr la presunción constitucional de que las
violaciones a los Derechos Humanos son un acto de servicio y obedecen a
una orden de operaciones. No es otra cosa la reforma al artículo 221 de
la Constitución, radicada por el ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, cuando rezonga que “en todo caso, se presume la relación con
el servicio de las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”. Y
no se queda ahí: “Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio
de la acción penal, la misma se adelantará por la justicia penal militar
y policial” (15). Dicho de otro modo, un naciente ardid para que las
familias de las víctimas acaben de joderse y los militares condenados
salgan de los casinos de oficiales de los Cantones o del club Tolemaida
Resort (Centro de Reclusión Militar) hacia sus casas, o, peor aún, para
que se remocen en la simulada condición de héroes vilipendiados.
Aunque
se infrinjan de frente los tratados internacionales que el país ha
firmado y ratificado y que lo comprometen con la investigación seria de
las graves violaciones a los Derechos Humanos. Porque, en el discurso
imperante, ¿qué pueden ser las jurisprudencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Civiles y
Políticos, o del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si
no el producto de la oscura maquinación de ONG’s y de terroristas?
La ampliación del desafuero militar
Es
que no pueden estar satisfechos los militares con tal impunidad
reinante. Fuerza es que sea completa y para ello resta aquel azaroso
1,5%, que hoy tiene presos a generales como Jesús Armando Arias
Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las
desapariciones de once personas durante la toma del Palacio de Justicia;
coroneles como Plazas Vega, sentenciado a 30 años de prisión por el
delito de desaparición forzada agravada también en los hechos del
Palacio de Justicia, y enredados a otros, como el general Jorge Enrique
Mora Rangel por sus nexos de vieja data con los paramilitares. Y muchos
otros.
La comisión de delitos de lesa humanidad
no es, pues, suficiente para justificar la reprensión a los militares,
ni siquiera bajo el impúdico sistema de privilegios que los escuda. Más
bien pareciera que tales acciones atroces ameritan estímulos, para que
la moral del estamento no se debilite ni su avidez tambalee. Porque, al
decir de algunos más cínicos, las tropas “llevan un buen tiempo
sintiéndose maniatadas para obrar frente al enemigo” (16).
1.5%
que viene a suplir la ampliación del fuero militar, objetivo hacia el
que los militares han enfocado sus recientes esfuerzos, su maquinaria,
su influencia y su incuestionable capacidad de presión, coacción y
chantaje. El Congreso vota a favor y rebota. El gobierno apuesta por las
tropas del Averno. La Justicia se pifia. El ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón, compensa a todos con encomios por los medios. Agradecerá y
veremos.
 |
| Nueva cúpula militar. De izquierda a derecha, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa; Juan Manuel Santos, presidente de Colombia; general Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional, y general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares. |
Porque
la pretendida ampliación del fuero militar es un mecanismo más en la
desesperada búsqueda de sustraerse a la Justicia ordinaria: Es la
exigencia de la justicia amañada. No porque los jueces puedan conocer
los temas del intríngulis de las operaciones militares y policiales, que
suena bien y es constitucionalmente válido, sino porque en
instituciones como la militar o la policial el espíritu de cuerpo no es
asunto de menor cuantía. Con tal poder y tan requerida y experimentada
complicidad, fácil pasa el fuero del servicio y las acciones para
cumplirlo al miembro en sí mismo considerado.
Como
en el caso del subteniente Raúl Muñoz, acusado de la violación de dos
niñas y el asesinato de tres en Tame, Arauca, proceso donde la
institución ha puesto en marcha o avalado toda clase de
entorpecimientos, inventado testigos dudosos, desmovilizados o
integrantes del propio Ejército, que bien pueden ser cómplices, y que el
espíritu de cuerpo ni siquiera dejó bajo custodia de la Fiscalía, sino a
buen recaudo de la Brigada 18 del Ejército. Otro inocente cuyo ADN fue
hallado por Medicina Legal en una de las víctimas (17).
Aunque
el crimen va más allá del imputado y de lo aceptado, pues resulta obvia
la participación de más uniformados en los hechos, como alegan los
familiares de las víctimas, más de un año después la estrategia ha
funcionado y las maniobras dilatorias tienen riendo a los malhechores y
aterrorizada a la comunidad. ¡Y eso sin siquiera ampliar el fuero militar!
Apenas
con el manto de la Defensoría Militar Integral, DEMIL, una ONG que
agrupa a la misma cúpula militar y que asusta más que cualquiera de las
tantas mafias que tenemos por doquier, experta en lograr preclusiones
por vencimiento de términos o buscar la anulación de procedimientos que
benefician las investigaciones corrientes (18). A Demil le fastidia la
Justicia, pero aboga por la ley: La ley de los más fuertes.
Este
es un caso depravado, que tiene encima amenazados y desplazados, y la
muerte de la jueza Gloria Constanza Gaona, una mujer que se negó a poner
la balanza de la Justicia del lado de los asesinos. La misma jueza que
unos días antes se atrevió a expresar que la defensa llevada a cabo por
la abogada de Demil fue "temeraria, desleal e irrespetuosa" con las
víctimas y con el aparato judicial (El Espectador, 24-03-11), como citó
la periodista Laura Gil (19).
En un país en el
que todo límite es borroso, alterable e interpretable por el leguleyo al
antojo del poderoso, ¿dónde iniciarán o terminarán los casos típicos de
las llamadas operaciones legítimas de carácter militar o policial? Lo
sabemos de sobra: en cualquier parte, siempre y cuando las coordenadas
impidan el mínimo castigo. Ni actuaciones ni procesos remitidos, ni más
altos mandos embrollados. Las alteraciones a la Justicia no son un
recurso para que los abusos de la Fuerza Pública no se repitan, sino
para que prosigan sin alharaca ni tropiezos.
En
el fondo, una abolición más de los preceptos esenciales de la
Constitución de 1991. De modo parecido al que avanza el socio Obama en
la revocación de la Constitución estadounidense, que tiene más de
doscientos años, con iniciativas que ya no tienen vuelta atrás, como la
Ley de Autorización de la Seguridad Nacional, quiere Santos deshacer la
nuestra, que apenas tiene veinte, a través de una retórica que viste de
oveja al lobo.
Los héroes desheredados
“Nuestros
militares no saben qué normas son las que se utilizan en el contexto de
la guerra. A ellos les enseñaron a combatir a las guerrillas más
antiguas, más peligrosas y que más se reinventan, como si estuvieran
combatiendo en Suecia" (20). Este coronel (r) Torres Dávila pronuncia lo
que otros militares menos brutos callan, pero comparten, y que otros
aún más cerriles camuflan con eufemismos pavosos y pavorosa oratoria.
Sobre Derechos que no se entienden, Humanos que para qué se atienden.
Son así nuestros heroicos forjadores de héroes, qué se le va a hacer.
A
raíz del asesinato de los jóvenes de la localidad de Soacha, cerca de
Bogotá, y ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa y el
Comando General de las Fuerzas Militares expidieron una providencia que
se conoció como las “15 Medidas”, a fines de 2008, elaboradas para
fortalecer la protección de los Derechos Humanos (21).
Se
trató de una serie de inservibles mecanismos de escritorio, de
engominado ministro en confabulación con generales. Antes que beneficiar
el respeto de los Derechos Humanos, estas medidas, junto a otras normas
y directivas impuestas por las circunstancias y con idéntica excusa,
como las directivas permanentes Nos. 10 y 19 de 2007 (22 y 23), no
tienen otra pretensión que la de dejar en manos militares la
determinación de cuáles casos van a la justicia ordinaria y cuáles no
deben salir de la jurisdicción penal militar.
Las
medidas no dieron ni dan risa, pero sí causa tristeza el hecho de que
hombres con tanto mando mediante grageas tan espurias hubieran querido
paliar tanta muerte. Así son los comandantes y su saga de ministros de
arlequín: buenos para los comunicados de prensa, inigualables para
otorgarle medallas y honores a nuestros héroes, qué se le va a hacer.
Exaltados
héroes que, en medio del descompuesto conflicto colombiano, son los
idiotas útiles, casi todos difuntos, más útiles entre más difuntos.
Pequeños seres beligerantes a quienes su institución pretende hacer
grandes mediante sacrificios vanos. Bagazos humanos que un sistema atroz
desecha como si nada en medio de preces y discursos y órdenes al
mérito.
Héroes que no son ni han sido tales. No
lo fue nunca el férvido general Santander. Tampoco el coronel Aureliano
Buendía, ni su arquetipo, el general Rafael Uribe Uribe, incapaces
ambos de librar a sus estirpes de la condena a cien años de soledad, ni
“empleando los fusiles destructores” en la práctica, ni “con las
herramientas fecundas del trabajo” en la teoría.
Pudo
ser héroe el general Bolívar. De ahí que, mientras por dentro crecía,
sus contemporáneos lo asfixiaran y la historia se empeñara en
desfigurarlo. O el “Chispero” capitán Ricaurte, que por eso en átomos
volando voló en San Mateo. Los actuales héroes lo son de pacotilla,
prefabricados por su ignorancia y consumados en la bestialidad.
Combatientes
que actúan encabritados sobre un tablero peligroso en el que muchos
terminan vinculados con desapariciones, desplazamiento de campesinos
colombianos, afrocolombianos y de los pueblos indígenas. O con torturas.
O con el asesinato de sindicalistas. O con puestas en escena tramposas,
como la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana. O
mangoneados con paramilitares para delinquir, adelantando u omitiendo
procedimientos según la conveniencia, brindando apoyo e información,
haciéndoles el favor o dejándoselo hacer.
Muy
doloroso, en todo caso, que luego de décadas y siglos de heroicidades
infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten
miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de
los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí.
Cara de plomo
Donde
la guerra es consuetudinaria, la presencia de las armas se hace
habitual y la de los guerreros necesaria. De ese modo es normal que nos
zarandeen los huevos en alguna esquina o nos pongan patas arriba en
cualquier parque. Los subfusiles Galil de pura cepa israelí apuntan con
fiereza mientras el dragoneante de humilde origen esboza una fingida
sonrisa en la cara de plomo.
El Ejército lleva
brigadas de salud a indígenas y campesinos, remendadas con donaciones de
ropa, sazonadas con mercados, acicaladas con espejitos, en Saravena,
Catatumbo o Puerto Gaitán, o en Tolima, Huila, Boyacá, que abren paso a
multinacionales voraces de petróleo, carbón u oro, y que son el
preámbulo de desalojos, destierros y del desplazamiento de quienes
incurren en la fechoría de estar asentados hace siglos o ser pequeños
dueños hace años de tierras por donde cruza la tronante y tunante
locomotora de los hidrocarburos y la minería.
Que
no se absuelven el ralentí ni las trabas a la confianza inversionista,
ese nombre técnico provincial para convalidar el saqueo transnacional.
Nuestra democracia y su punta de lanza, nuestro Ejército y sus sabidos
asociados, desalojan comunidades y poblaciones enteras y cobran con la
vida la defensa de la identidad territorial indígena o de la pequeña
propiedad privada campesina, que no han sido o no son menester a la
propiedad privada de los grandes, las petroleras de todas partes: Cepsa,
Arco, Petrobras, Pacific Rubiales Energy, Exxon, Shell, Chevron, BP -
Amoco, Elf Aquitaine, Oxy, Maxus, Nomeco, Conoco, L.L. & E., Santa
Fe Energy, Triton, Harken, Total, Repsol, Lasmo, PetroCanada, Canadian
Petroleum, Sipetrol, San Jorge, Teikoku y Ampolex. O las carboneras
europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, la estadounidense
Drummond, la suiza Glencore, las brasileras Vale Coal S.A. y EBX Brasil.
O la descomunal anglo-australiana BHP Billinton, que da cuenta del
ferroníquel. O la dueña de Acerías Paz del Río, la Votoratim Metais,
también de Brasil. O las auríferas canadienses asociadas, Medoro
Resources (con Juan Carlos Santos, el que todo lo compra con dinero,
primo del presidente, como director corporativo) y Gran Colombia Gold. O
sus compatriotas, la Barrick Gold y la Ventana Gold. O la sudafricana
Anglo Gold Ashanti y su socia B2- Gold, entre muchísimas otras.
Otros
soldados, mano tiesa, pulgar alzado, saludan de manera mecánica en las
carreteras a los conductores de los vehículos particulares, mientras
metros adentro del monte sus compañeros de armas reparten metralla o
culatazos a los paisanos pobres. Mensajes institucionales: Hasta la
infamia tiene su lado afable y la conciencia se conduce más tranquila en
la hipocresía.
La sociedad descansa en paz
Hay
militares nobles, correctos. Haberlos… Húbolos, haylos, habralos. Pero
esos no importan, ¿quién los precisa? Sin las culatas llenas de muescas,
¿qué eran los pistoleros del Far West gringo? Sin los costados de los
Messerschmitt llenos de cruces, ¿quién fue el aviador de la Luftwaffe?
Si el guerrero no nos mata, si no viola ni despelleja, ¿quién podrá
defendernos?
Negarse a hacer parte de este
macabro juego del sistema no es potestativo de ningún recluta. No hay
cabida para las piezas sueltas. El albedrío se circunscribe a ultimar al
primero que se oponga a lo que sea que se apuntó que no corresponde. Un
galimatías que puede ser vital para penar en vida y más allá de la
muerte.
Por ejemplo, el caso del cabo Raúl
Antonio Carvajal Londoño (24), cuyo cuerpo padeció el fuego amigo cuando
vivo y cuyo cadáver vivió en carne seca y propia el olvido y la
impostura oficiales. Su padre, Raúl Antonio Carvajal Pérez, lleva más de
cinco años clamando una respuesta. Encaró a Uribe en barrios y plazas y
se le plantó frente al Ubérrimo. Confrontó cara a cara a un Santos que
no le dio la cara. Hubo de llegar al centro mismo del país, a la Plaza
de Bolívar de Bogotá (25), frente al Congreso, al lado de la Casa de
Nariño, junto al Palacio de Justicia, con el hijo muerto a bordo del
viejo camión y todo el peso de sus denuncias desesperadas a cuestas: Que
a su hijo militar lo mataron los militares porque se negó a matar. La
versión oficial no da el brazo a torcer: el cabo murió en la Operación
Serpiente, supuestamente desarrollada en los municipios de Tibú y El
Tarra, Norte de Santander, en enfrentamientos con las FARC. ¿O el ofidio
se mordió la cola?
 |
| Raúl Carvajal con el cadáver del hijo a bordo de su viejo camión, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, pidiendo explicaciones y justicia. |
Y ha habido operaciones triunfantes. Como
Jaque, una operación de negocios y cantidades de pesos antes que de
ajedrez e inteligencia, según algunos (26), en la que fueron liberados
Índrid Betancourt, tres mercenarios estadounidenses y varios miembros
del Ejército y la Policía. Fénix o bombardeo de Angostura, un ataque a
las FARC para matar al comandante guerrillero Raúl Reyes, en el que se
violó la soberanía territorial ecuatoriana. Camaleón, en la que se
rescataron cuatro militares, una operación tan rigurosamente colombiana
que contó con la consabida participación de los Estados Unidos en planos
y en pleno. "Una operación totalmente colombiana, por tropas e
inteligencia colombianas”, al decir del entonces ministro de Defensa
Gabriel Silva (27), y con el apoyo de Estados Unidos, según
declaraciones del embajador de ese país, William Brownfield "Nosotros
pudimos brindar un mínimo de apoyo en inteligencia a la operación…” (28)
Sodoma, en el que mataron al guerrillero conocido como “el mono Jojoy”,
un bombardeo de dimensiones colosales, que dejó un tramo de La Macarena
tan arrasado como la ciudad bíblica luego de la rabieta divina. Odiseo,
operación garrafal donde murió el máximo líder de las FARC, Alfonso
Cano, nunca se sabrá si producto del despliegue de casi mil hombres y 18
aviones de guerra reconocidos, o por el tiro de gracia de “tres
servidores del estado” sin reconocer.
U
operación Orión, desarrollada en la comuna 13 en plena ciudad de
Medellín, en la que hubo una ejecución extrajudicial, decenas de
heridos, varios desaparecidos, muchísimos desplazados, 355 detenciones,
muchas de ellas arbitrarias, y 170 judicializaciones que no condujeron a
lo mucho que se aseguró (29). Una maniobra que de acuerdo con algunas
versiones se valió de avanzadas paramilitares en los barrios La Palomera
y La Arenera, que tiene al general Mario Montoya, ex comandante del
Ejército, dando explicaciones acerca de su responsabilidad, un añadido a
las investigaciones que le cursan en relación con las “falsas
desmovilizaciones” y los “falsos positivos”.
Batallas
vengativas, llenas de saña, en las que se festeja la muerte con risas,
parranda y medios. Triunfos que recuerdan otros tiempos de salvajismo,
no de los lejanos hunos o demás bárbaros según Roma, sino de acá mismo y
de similares figurantes, cuando levantábamos monumentos con las
calaveras de los liberales muertos por el glorioso ejército conservador
de los tiempos de la Guerra de los Mil Días, no para que la perversa
historia no se repitiera, sino para amedrentar al que osara sublevarse o
llevar la contraria. Tiempos recientes los remotos, de encono contra
civiles, ferocidad contra campesinos y crueldades que son signadas por
el deber.
Con la Fuerza Pública que nos
protege; con la Seguridad Democrática que acecha por doquier gracias al
miedo que nos espanta; con el recelo de todo y todos que nos lleva a
disparar por si acaso y a matar por prevención: Todos tan contentos.
Procuramos
entonces ignorar que es un asunto sujeto a una directa
proporcionalidad: de la misma manera que no puede ser buena una sociedad
que descuida la educación, la ciencia o la cultura en sus prioridades,
tampoco puede serlo aquella que pontifica lo castrense y lo consagra con
un presupuesto de miedo conseguido a costa de demacrar y masacrar a buena parte de los propios amparados.
La pequeña muerte
Colombia
es el país de América Latina que destina más dinero al gasto militar
con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). Entre 1998 y 2007, el
promedio se ubicó en el 3,9%, por encima de Chile y muy lejos de países
como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina o México (30).
Con
la puesta en marcha de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
(PDSD), entre los años 2002 y 2006, se incrementó el número de las
unidades militares y policiales y aumentó el pie de fuerza al menos en
un 30%. Se indica como un atenuante del dato el hecho de que estas
estadísticas incluyan a la Policía, lo que no ocurre en algunos otros
países. Algo irrelevante toda vez que, al igual que en tantas otras
situaciones, en este país pocas cosas son como se dicen o deben ser, y
las Fuerzas Militares cumplen funciones y parecen policías, y éstos se
creen militares. Un sino que no es fortuito, sino, muchas veces,
fatídico.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por
increíble que parezca, consiguió amnistiar el triple de los
paramilitares reales, los sacó como conejos de su sombrero cordobés y de
los doce mil existentes amnistió 36 mil . Los pocos reincidentes
descarriados, Águilas Negras que nadie vio, Urabeños de broma
(Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bien aclara Caballero (31)), si
acaso, coincidieron en bandas criminales espontáneas, con indulgencia
denominadas BACRIM, a las que mortifica, aduce el establecimiento, el
chiste de todo el peso de la ley. Aquel gobierno, incluso, mantuvo con
desvergüenza la idea de que no había conflicto. Y los informes, de Uribe
a Santos, alegan que las guerrillas están disminuidas, acabadas. Sin
embargo, al tiempo, en contrasentido, no son suficientes las aumentadas
prebendas de los oficiales. Ni el ya magnánimo fuero. Ni todas las
exenciones. Y no basta el presupuesto duplicado.
A
los colombianos siempre han querido hacernos creer que el oneroso gasto
en defensa sienta “las bases para la reconciliación y la paz”. Las
bases gringas, tal vez. Como lo afirmó alguna vez Juan Manuel Santos,
entonces ministro de Defensa, la Seguridad Democrática potencializó “el
desarrollo económico y social de los últimos años, y el de los años por
venir” (32). Un sarcasmo grande que llega a sostener que el altísimo
volumen de recursos utilizado para dotar y mantener en funcionamiento
las instituciones armadas, “termina reflejándose en una mayor
satisfacción de las necesidades básicas de la población tales como
educación, salud y vivienda, entre otros y por lo tanto en un mayor
bienestar social” (33).
En otras palabras, que
quitarle presupuesto a la educación, la salud, la vivienda y los rubros
básicos, y feriarlo en armamento y canonjías para los militares, es lo
indicado. Así, “el bien público” de la seguridad reduce la pobreza y el
desempleo, y, quién lo duda, florecen la paz y la armonía. Con razón
estamos como estamos, inmersos en un mar de mentiras que embusteros
expertos quieren hacernos creer que son piadosas.
Apunta el escritor
uruguayo Eduardo Galeano: “Pequeña muerte llaman en Francia a la
culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos
encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman; pero
grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace “(34). Es la
contradicción inadmisible que nos hacen tragar y de la que además
debemos estar agradecidos. Y, sobre todo, callados.
(*) Juan Alberto Sánchez Marín es periodista, cineasta y realizador de televisión
NOTAS:
1. García
Márquez, Gabriel. Obra Periodística 2: Entre cachacos. “De Corea a la
realidad”. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1989. Pág. 286.
2.
Justs the Facts. A project of the Latin America Working Group Education
Fund in cooperation with the Center for International Policy and the
Washington Office on Latin America. http://justf.org/
3.
Carta de congresistas demócratas al presidente Obama. Lunes 28 de
septiembre de 2009. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. http://www.
5. Obras
de don Francisco Quevedo y Villegas. Tomo VII. “Exequias á una Tórtola,
que se quejaba viuda, y después se halló muerta”. Madrid, 1794. Pág.
240.
6. Deuda con la humanidad II. 23 años de falsos positivos (1988-2011). Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, CINEP/PPP. Colombia, 2011.
7. International Peace Observatory. La ONU denuncia "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y una impunidad del 98,5%. http://bit.ly/hmiU5a
8. Naciones
Unidas, Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. 31
de marzo de 2010. http://www2.ohchr.org/english/
9. Revista Semana. Cinep a Santos: "falsos positivos no han dejado de ser un problema". 25 de marzo de 2010. http://bit.ly/yhFBOH
10. Comunicado del CINEP/PPP ante afirmación de Juan Manuel Santos. “Falsos positivos no han desaparecido”. http://bit.ly/w2GTl7
11. El Tiempo. “Falta marco jurídico para afrontar este conflicto político-militar”. 16 de noviembre de 2011. http://bit.ly/xEW6of
12. El Espectador. Marco para la paz no beneficiará a guerrilleros secuestradores. 12 de diciembre de 2011. http://bit.ly/ypqhby
13.
“Por medio del cual se deroga la Ley 1224 de 2008 y se dictan otras
disposiciones” [Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública]”.
Radicación: 23 de marzo de 2011. http://bit.ly/xQYqVY
14. Congreso de la República. Proyecto de Acto Legislativo N° 07 de 2011 de Senado. “Por
medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con
relación a la administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones”. http://www.mij.gov.co/
15. Idem.
16. Coronel
(r) del Ejército Bernardo Torres Dávila, en el diario El Colombiano:
“Fuero militar, motor para subir moral a las tropas”. Medellín, 3 de
noviembre de 2011. http://bit.ly/yj6Cho
17. Noticias UNO. Informe en Youtube: Desmovilizado testificará a favor del Teniente Raúl Muñoz. Subido: 15/10/2011. http://www.youtube.com/watch?
18.
DEMIL buscó anular hace un tiempo el convenio interinstitucional entre
el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que facultaba a la Fiscalía para
efectuar las primeras diligencias en el caso de las presuntas muertes
en combate.
19. El Tiempo. Opinión. Laura Gil. http://bit.ly/ztIMEU
20. El Colombiano. Medellín, 3 de noviembre de 2011. Artículo citado.
21. La
Directiva Permanente No. 208, del 20 de noviembre de 2008, impartió
instrucciones particulares a las Fuerzas Militares para implementar las
15 Medidas. Ver el documento: “Avances caso Soacha. Noviembre 2008 – Abril 2010”, en: http://bit.ly/zIZsm9
22. Ministerio
de Defensa Nacional. Directivas Derechos Humanos. Directiva Permanente
No. 10 de 2007. Reiteración de obligaciones para autoridades encargadas
de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. Pág.
62. http://web.presidencia.gov.co/
23. Ministerio
de Defensa. Directiva Permanente No. 19 de 2007. Complemento Directiva
10 de 2007. Reiteración obligaciones para autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. http://www.mindefensa.gov.co/
24. Noticias UNO. “Raúl Carvajal denunció la presunta muerte de su hijo ante el presidente Santos”. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/yUCjV2
25. El Tiempo. “Un hombre dejó el cadáver de su hijo en la Plaza de Bolívar de Bogotá”. 20 de febrero de 2011. http://bit.ly/em7s0R
26. “Operación Jaque. Una jugada no tan maestra”. Documental. Dir. Gonzalo Guillén. Prod. Teleamazonas. http://www.youtube.com/watch?
27. Revista Semana. Detalles de la 'Operación Camaleón', la misión que rescató a los uniformados. 13 de junio de 2010. http://bit.ly/AcLNc9
28. El Colombiano. “E.U. apoyó operación Camaleón”. 17 de junio de 2010. http://bit.ly/wDgit9
29. dhColombia.
Red de Defensores No Institucionalizados. “Cinco años de la Operación
Orión: No más mentiras”, documento de organizaciones de DDHH. 14 de
octubre de 2007. http://bit.ly/wtmtmy
30. Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Imprenta Nacional de Colombia, 2009. Según fuente: Gasto Militar. SIPRI Yearbook 2008; Tasa de crecimiento del PIB: World Bank World Development Indicators. Pág. 15. Ver documento: http://www.mindefensa.gov.co/
31. Revista Semana. Antonio Caballero. “Otra vez la farsa”. Antonio Caballero. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/xBEFKt
32. Documento citado: Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Presentación del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
33. La mala puntuación es textual del documento original. Qué se va a hacer, así es.
34. Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores - Edit. Catálogos, Bs. As. Primera edición, 1989. Pág. 71.
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