Tal como él ejerció ese derecho en su momento, a Gustavo Petro lo juzgaremos los ciudadanos por lo que haga o deje de hacer; por el gabinete que escogió, por los resultados que entregará y también por la conducta de las personas que seleccionó para liderar las entidades distritales, sobre todo si entre ellas y el alcalde existe una estrecha amistad.
De los nombres anunciados, unos son de cal y otros de arena. Unos tienen suficientes créditos profesionales. Otros, no tanto (por ejemplo, ¿una periodista manejando el complejo IDU?). Unos exhiben títulos y comportamiento impecable. Pero algunos, aunque cargan en su cartera diplomas y experiencia, guardan la ética en un baúl.
Diego Bravo es el nuevo gerente del Acueducto, la empresa industrial y comercial más importante del Distrito. Es un enigmático abogado especializado en legislación ambiental que ha tenido una habilidad descomunal para derivar sus ingresos del sector público, no obstante que estuvo envuelto en una polémica que le trajo consecuencias disciplinarias que al final, no acató. Fue gerente liberal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con muchas críticas, entre 1994 y 2000. En 1997 le dio su visto bueno a la construcción de una planta de tratamiento de aguas contaminadas con químicos, entre Villapinzón y Chocontá, donde nace el río Bogotá. En este siglo un proyecto de esas características sería considerado un crimen contra el planeta. En esa década, el escándalo surgió porque una de las firmas denunció a Bravo por favorecer a una competidora. En 2002, la Procuraduría le impuso una multa de casi $9 millones de entonces, por haber “cambiado durante la audiencia de adjudicación, los factores de evaluación de las ofertas”.
La planta, cuya construcción estaba calculada en $20 mil millones de dineros del Banco Interamericano de Desarrollo, nunca se levantó, a petición del BID. Su juez calificó su actitud como “grave y dolosa” (“engañosa o fraudulenta” según el diccionario de la Real Academia). Curiosamente, Bravo no sufrió daño. Mejoró su estatus y alcanzó a ser candidato a la gobernación del departamento por el que recibió la sanción. En 2008, ya como integrante del Polo Democrático, aspiró a ser personero por el grupo petrista, es decir, vigilante de la conducta de los demás empleados distritales. Todavía no había pagado la multa. El escándalo de prensa lo hizo retirarse, otra vez con buena suerte. A comienzos de 2009 obtuvo un contrato directo —sin concurso— con la Corporación del Canal del Dique por más de 90 millones de pesos. Una de las cláusulas del acto jurídico lo obligaba a suscribir una declaración de “no deudor moroso del Estado”. Y la hizo.
En enero de 2010, tras una columna de Daniel Coronell, se supo que el exgerente de la CAR seguía incumpliendo el fallo. Al parecer el asunto quedó así porque el castigo prescribió. Por cierto, el columnista de Semana mencionaba la coincidencia entre el voto del senador Petro por Alejandro Ordóñez y el nombramiento de Bravo en un altísimo puesto de la Procuraduría, de donde acaba de retirarse para ir al Acueducto. El alcalde que rechazó la existencia de una maniobra clientelista, escogió a dedo a Bravo, quien pertenece ahora a su movimiento Progresistas, para manejar un billón 900 mil millones de pesos, de los cuales $855 mil millones se invertirán mediante licitaciones y contratación directa.
Sabemos que la campaña para dirigir a Bogotá concluyó a favor de Petro y, por ende, de Bravo. Viene la campaña de reelección de Ordóñez. Seguramente los dos anteriores harán fuerza por su tercer amigo. Veremos si el procurador general asumirá con tanto esfuerzo las investigaciones contra ellos como lo hizo con el antecesor del alcalde y su hermano.
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