Agencias
La abogada de Córdoba calificó como un exabrupto jurídico la decisión de la Procuraduría de Colombia e indicó que la defensa de la ex senadora no reconoce ninguna legitimidad al procurador.
La abogada de Córdoba calificó como un exabrupto jurídico la decisión de la Procuraduría de Colombia e indicó que la defensa de la ex senadora no reconoce ninguna legitimidad al procurador.
La Procuraduría de Colombia abrió una segunda investigación a la defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, por sus supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ministerio Público anunció que formuló un pliego de cargos contra la ex senadora opositora, por evidencias halladas en una computadora decomisada en el campamento del fallecido jefe militar del grupo insurgente, Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”.
Fuentes de la entidad dijeron a periodistas que la decisión se tomó, al considerar que existen pruebas suficientes sobre supuestos nexos de Córdoba con las FARC, la mayor y más antigua guerrilla del continente.
Según la Procuraduría, en la computadora, recuperada tras un ataque durante el cual pereció Briceño en 2010, en la región sureña de La Macarena, hay datos que ligarían a la ex senadora con ese grupo rebelde.
Córdoba fue destituida e inhabilitada por esa dependencia el año pasado, con base en presuntos informes obtenidos de la computadora portátil atribuida a otro jefe de las FARC, Raúl Reyes, quien murió en marzo de 2008, en un ataque a su campamento en territorio ecuatoriano.
Tales pruebas fueron posteriormente declaradas como ilegales por la Corte Suprema de Justicia, pues las tropas colombianas no cumplieron los procedimientos de acuerdo con protocolos internacionales para este tipo de pruebas.
La ex senadora admitió tener contactos con las FARC, pero aclaró que obedecieron a la labor que desarrollaba como facilitadora, autorizada por el Estado, para conseguir la libertad de políticos y militares secuestrados por esa organización.
La abogada de Córdoba Maria Ximena Castilla, calificó como un exabrupto jurídico la decisión de la Procuraduría.
“Del procurador general Alejandro Ordoñez se puede esperar cualquier cosa porque su único ánimo es perjudicara a la ex senadora Piedad Córdoba pese a que hemos insistido que no tiene competencia para investigarla”, dijo Castilla citada por la emisora colombiana RCN.
La jurista indicó que la defensa de Córdoba no reconoce ninguna legitimidad al procurador Ordoñez y por ello se declaró a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la Tutela que busca se determine si el jefe del Ministerio Público es o no competente para adoptar sanciones contra su cliente.
Agregó que el propio estatuto de Congresista es claro es señalar que el único competente para adoptar una determinación tan importante como lo es la destitución e inhabilidad contra la Congresista Córdoba es el Consejo de Estado.
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