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| Funcionarios de alto nivel de áreas de seguridad y justicia del gobierno mexicano que trabajan como informantes para agencias del gobierno de Estados Unidos |
Funcionarios de alto nivel de áreas de seguridad y justicia del gobierno
mexicano que trabajan como informantes para agencias del gobierno de
Estados Unidos, tienen que acreditar "exámenes de confianza" a que los
someten diversas agencias estadounidenses que operan en territorio
nacional, antes de ser considerados interlocutores o servidores
confiables.
La presencia de corporaciones de Estados Unidos en acciones contra el
crimen organizado en territorio mexicano no son exclusivas de la
agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino de al menos
ocho instituciones relacionadas con temas de justicia, seguridad
nacional, migración, aduanas y tráfico de armas, entre otros, y cuando
se trata de casos considerados de alto impacto, como la detención de un
capo o un gran decomiso de drogas, químicos o armamento, las reuniones
con las contrapartes locales se realizan en un edificio que se localiza
en Paseo de la Reforma 225, en la colonia Juárez del Distrito Federal.
Los datos que brindan los agentes extranjeros se consideran claves.
Aportan información detallada del objetivo y su ubicación. Además, como
si se tratara de un acto de supervisión, participan en los operativos
que realizan las corporaciones mexicanas, y cuando éstas no cuentan con
el equipo adecuado, los estadounidenses lo donan y capacitan en su uso a
los funcionarios nacionales.
Esto tiene un costo: los funcionarios locales que participan en las
investigaciones, en el intercambio de información y que realizan labores
de inteligencia, son sometidos a exámenes de confianza por parte de los
estadounidenses; la evaluación incluye aplicaciones en el iris de los
sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente,
confiable y rápido que el polígrafo tradicional.
Las pruebas alcanzan a informantes de las agencias estadounidenses y
funcionarios como la procuradora Marisela Morales; el secretario de
Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el comisionado de la
Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; sus principales operadores, así
como altos mandos militares que sirven de enlaces.
Por lo que hace a la PGR, se aplican estas pruebas a quien esté al
frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) y a los titulares de las unidades
especializadas, como delitos contra la salud, secuestro, falsificación
de moneda y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los exámenes de confianza que aplican las autoridades mexicanas a sus
funcionarios no cuentan para las agencias de Estados Unidos.
Por otra parte, cuando las agencias estadounidenses quieren una
captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades
nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus
números telefónicos, los domicilios a los que acude, como ocurrió en el
caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de
Marina el 15 de diciembre de 2009.
“Cuando les interesa una operación, los casos se arman en oficinas
que se localizan en el edificio de Paseo de la Reforma 225. Las agencias
de Estados Unidos ocupan dos pisos. Allí se intercambian expedientes
con México y deciden qué hacer e incluso qué gobierno tiene más
elementos para procesar el asunto de que se trate.
"Antes de que se abrieran esas instalaciones, en la embajada
estadounidense se acordó el caso de Zhenli Ye Gon. Las autoridades
mexicanas pretendían obtener evidencia de los cuñetes de precursores
químicos que manejaba el empresario de origen chino, porque los
estadounidenses ya tenían las rutas, los puntos de arribo a México, sus
operaciones y pidieron colaboración dando todos los datos para la
captura", señalaron las fuentes.
Oficialmente, en Paseo de la Reforma 225 se localiza la Oficina
Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida, pero “en realidad es un
centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del
crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los
estadounidenses, que por actuaciones mexicanas. “Por Estados Unidos
acuden representantes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
(ATF), el Servicio Secreto, los marshalls, el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y
agregados de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia.
"En tanto, el gobierno mexicano envía a miembros de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como de
Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional, del Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen) y, en el caso de la PGR, dependiendo de la
importancia del caso, se presentan los titulares de la institución, el
subprocurador de la Siedo y los encargados de las unidades
especializadas de los temas a tratar", señalaron.
Cuando
se trata de un operativo importante, los elementos de Estados Unidos
“están presentes, participan en medio de los agentes mexicanos en las
operaciones y cateos, donde no llevan armas y, para que no los
reconozcan, no hablan y cubren sus rostros con pasamontañas y portan
chalecos antibalas con siglas de alguna corporación mexicana o del
Ministerio Público Federal.
“Tienen acceso inmediato a documentos y otras pruebas, y también
toman fotografías del lugar para enviarlas a sus centros de operación
–uno de ellos en Texas–, y realizan cruces de información que entregan a
México o para que se encaucen las solicitudes de extradición.
"No participan en los interrogatorios de los detenidos, porque todas
las pruebas, declaraciones o información obtenida se les proporciona a
través de los mecanismos formales", revelaron los entrevistados.
Asimismo, para tener colaboradores eficaces en los funcionarios
mexicanos, las agencias estadounidenses donan tecnología. “Por las
carencias, principalmente se ha beneficiado a las unidades de la SIEDO
con equipos que van desde computadoras hasta escáneres, detectores de
dinero falso, explosivos y red de aplicaciones diversas, y para su
manejo se capacita al personal fuera de los recursos de la Iniciativa
Mérida.
"Si bien los agentes estadounidenses en México no suman más de 400,
su fuerza radica en el gran número de informantes y funcionarios que
también han cooptado en localidades como Ciudad Juárez, Acapulco,
Culiacán y Mazatlán, Tijuana, Manzanillo y Monterrey", concluyeron los
entrevistados.
Calderón y Obama signaron carta de entendimiento
El acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en
territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y
Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono, que trabajan
conjuntamente con autoridades mexicanas en un centro de fusión e
inteligencia para el combate al narcotráfico, forma parte de una "carta
de entendimiento" signada por ambos gobiernos hace 18 meses.
Según legisladores de varios partidos, los detalles de coordinación
se concretaron durante la reunión entre los presidentes Felipe Calderón y
Barack Obama, el pasado marzo, y el acuerdo comenzó a operar hace dos
meses, cuando los estadounidenses iniciaron trabajos de inteligencia y
de planeación y ejecución de operativos contra los cárteles de la droga
en una base militar ubicada en el norte de México.
*Periódista de La Jornada
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