 |
 |
| María Isabel Urrutia a la Alcaldía de Cali |
Por: Redacción Política
El proceso electoral por la Alcaldía de Cali se convirtió en un hervidero. Registraduría revisará firmas de candidatos no aceptados.
El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez durante su intervención en el foro sobre vigilancia electoral, realizado el mipercoles en Cali.
Con el anuncio de que se verificará, una a una, la totalidad de las firmas que presentaron Rodrigo Guerrero y Susana Correa para inscribirse como candidatos independientes a la Alcaldía de Cali, la Registraduría Nacional trató de ponerle freno al escándalo suscitado tras la decisión de rechazar esas dos postulaciones porque algunas de las rúbricas no pasaron el dictamen pericial.
Según explicó el registrador Carlos Ariel Sánchez, quien precisamente ayer participó en un foro sobre vigilancia electoral realizado en la capital vallecaucana, serán 120 las personas encargadas de realizar dicha verificación, cuyos resultados se conocerán en un máximo de diez días. Por ahora, la Fiscalía y la Policía —que desplazó a 15 especialistas en delitos informáticos y electorales a Cali— ya indagan sobre las denuncias en torno a que los dos candidatos les habrían pedido plata para arreglarles los líos en las firmas, e incluso, en el caso de Guerrero, para garantizarle su triunfo en los comicios de octubre.
Sin embargo, lejos de amainar, la tormenta puede arreciar. ¿La razón? Las acusaciones que se le vienen encima al presidente Juan Manuel Santos por presunta participación en política. Como se sabe, fue el primer mandatario quien el lunes pasado reveló que dos miembros de la campaña de Rodrigo Guerrero se habían acercado a él para contarle sobre el intento de extorsión: “Me dijeron que hace un par de semanas les sugirieron que si pagaban $200 millones, un problema que había del registro de sus firmas sería resuelto (...) y luego, hace unos días, incluso le llegaron con otra oferta para ganar la elección. Les pidieron $2.000 millones”.
Santos dijo que al indagar lo sucedido con la campaña de Susana Correa, se encontró con que también les habían pedido dinero para ‘arreglarles’ los inconvenientes. Para el jefe de Estado es sospechoso que las inscripciones hayan sido rechazadas por supuestas irregularidades en el número de firmas que los supuestos extorsionistas les habían dicho. “Uno piensa: aquí hay algo muy torcido”, dijo el mandatario.
Solo que el senador vallecaucano del Polo Democrático Alexánder López asegura que el presidente Santos tiene o ha tenido una conexión con los candidatos en cuestión por lo que habría incurrido en un conflicto de intereses al salir a defenderlos: María Fernanda Carvajal Sinisterra, sobrina de María Eugenia Carvajal —esposa de Rodrigo Guerrero— es la actual secretaria privada en el despacho de la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez. Y Álvaro José Correa, hermano de Susana Correa, colaboró en la campaña para la segunda vuelta presidencial de Santos en el Valle.
“¿Será que si fuera un candidato del Polo, el presidente habría salido a defenderlo desestimando los conceptos de un funcionario que como el registrador es la primera autoridad electoral del país? ¿No le parece grave al presidente que se hayan presentado firmas de muertos y presos, como dice la Registraduría?”, se preguntó López, quien dijo que ante la imposibilidad de hacerle un debate al primer mandatario en el Congreso, citará al ministro encargado de la política, Germán Vargas Lleras, para que conteste estos y otros interrogantes.
El ministro ya adelantó una respuesta: “El presidente Santos recibió una denuncia el fin de semana de quienes aparentemente tienen y constataron pruebas de la comisión de un delito y lo que está pidiendo es que la eventual comisión de ese delito se investigue con celeridad y tiene que ser antes de que este proceso electoral concluya (...) de ninguna manera está interviniendo en política”.
Pero el senador López —de quien hay que decir es el promotor de la candidatura de María Isabel Urrutia a la Alcaldía de Cali— va más allá. Según señaló, las relaciones de Santos con Guerrero y Correa vienen desde 2006, cuando desde el Partido de la U estaba empeñado en sacar adelante la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. “El eje articulador de este mapa de relaciones es la Fundación Vallenpaz, liderada por Guerrero y con estrechos vínculos con Asocaña y la Fundación Carvajal, cuyos cuadros directivos desarrollaron vínculos con el programa Agro Ingreso Seguro, con la campaña de reelección de Uribe y con las consejerías presidenciales del nuevo gobierno de Santos”, agregó.
Sin duda, una arista más que le sale a la polémica. Por ahora, el registrador Sánchez se ha apresurado a explicar que la decisión de efectuar algunos cambios en el interior de la entidad —como el del director del Censo Electoral y el traslado de varios funcionarios de las oficinas centrales y de las registradurías municipales del Valle— sólo buscan dar tranquilidad a los candidatos y a la ciudadanía, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias del caso.
Ayer en Cali, Sánchez manifestó que se sigue esperando que los candidatos Guerrero y Correa presenten las denuncias y las pruebas sobre los intentos de extorsión de los que fueron víctimas, al tiempo que explicó que la Registraduría no cuenta con los medios logísticos para verificar cinco millones de firmas presentadas por otros aspirantes en todo el país, por lo que necesariamente hay que seguir utilizando la metodología del muestreo.
Por lo pronto, la situación en torno al proceso electoral en la capital vallecaucana sigue tensa. Rumores van y vienen. Unos acusan, otros se defienden. El asesinato, el martes pasado, de Nicolai Vera Rico, candidato al Concejo por el Movimiento Inclusión y Oportunidades (MIO), terminó por poner un manto de incertidumbre y temor sobre el proceso y sólo se espera que las autoridades —judiciales y electorales— aclaren cuanto antes todo lo que está sucediendo, porque ya hay quienes han comenzado a hablar de suspender las elecciones mientras otros se muestran indignados por la estigmatización de corrupción que hoy recae sobre la ciudad.
Redacción Política El Espectador
El proceso electoral por la Alcaldía de Cali se convirtió en un hervidero. Registraduría revisará firmas de candidatos no aceptados.
El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez durante su intervención en el foro sobre vigilancia electoral, realizado el mipercoles en Cali.
Con el anuncio de que se verificará, una a una, la totalidad de las firmas que presentaron Rodrigo Guerrero y Susana Correa para inscribirse como candidatos independientes a la Alcaldía de Cali, la Registraduría Nacional trató de ponerle freno al escándalo suscitado tras la decisión de rechazar esas dos postulaciones porque algunas de las rúbricas no pasaron el dictamen pericial.
Según explicó el registrador Carlos Ariel Sánchez, quien precisamente ayer participó en un foro sobre vigilancia electoral realizado en la capital vallecaucana, serán 120 las personas encargadas de realizar dicha verificación, cuyos resultados se conocerán en un máximo de diez días. Por ahora, la Fiscalía y la Policía —que desplazó a 15 especialistas en delitos informáticos y electorales a Cali— ya indagan sobre las denuncias en torno a que los dos candidatos les habrían pedido plata para arreglarles los líos en las firmas, e incluso, en el caso de Guerrero, para garantizarle su triunfo en los comicios de octubre.
Sin embargo, lejos de amainar, la tormenta puede arreciar. ¿La razón? Las acusaciones que se le vienen encima al presidente Juan Manuel Santos por presunta participación en política. Como se sabe, fue el primer mandatario quien el lunes pasado reveló que dos miembros de la campaña de Rodrigo Guerrero se habían acercado a él para contarle sobre el intento de extorsión: “Me dijeron que hace un par de semanas les sugirieron que si pagaban $200 millones, un problema que había del registro de sus firmas sería resuelto (...) y luego, hace unos días, incluso le llegaron con otra oferta para ganar la elección. Les pidieron $2.000 millones”.
Santos dijo que al indagar lo sucedido con la campaña de Susana Correa, se encontró con que también les habían pedido dinero para ‘arreglarles’ los inconvenientes. Para el jefe de Estado es sospechoso que las inscripciones hayan sido rechazadas por supuestas irregularidades en el número de firmas que los supuestos extorsionistas les habían dicho. “Uno piensa: aquí hay algo muy torcido”, dijo el mandatario.
Solo que el senador vallecaucano del Polo Democrático Alexánder López asegura que el presidente Santos tiene o ha tenido una conexión con los candidatos en cuestión por lo que habría incurrido en un conflicto de intereses al salir a defenderlos: María Fernanda Carvajal Sinisterra, sobrina de María Eugenia Carvajal —esposa de Rodrigo Guerrero— es la actual secretaria privada en el despacho de la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez. Y Álvaro José Correa, hermano de Susana Correa, colaboró en la campaña para la segunda vuelta presidencial de Santos en el Valle.
“¿Será que si fuera un candidato del Polo, el presidente habría salido a defenderlo desestimando los conceptos de un funcionario que como el registrador es la primera autoridad electoral del país? ¿No le parece grave al presidente que se hayan presentado firmas de muertos y presos, como dice la Registraduría?”, se preguntó López, quien dijo que ante la imposibilidad de hacerle un debate al primer mandatario en el Congreso, citará al ministro encargado de la política, Germán Vargas Lleras, para que conteste estos y otros interrogantes.
El ministro ya adelantó una respuesta: “El presidente Santos recibió una denuncia el fin de semana de quienes aparentemente tienen y constataron pruebas de la comisión de un delito y lo que está pidiendo es que la eventual comisión de ese delito se investigue con celeridad y tiene que ser antes de que este proceso electoral concluya (...) de ninguna manera está interviniendo en política”.
Pero el senador López —de quien hay que decir es el promotor de la candidatura de María Isabel Urrutia a la Alcaldía de Cali— va más allá. Según señaló, las relaciones de Santos con Guerrero y Correa vienen desde 2006, cuando desde el Partido de la U estaba empeñado en sacar adelante la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. “El eje articulador de este mapa de relaciones es la Fundación Vallenpaz, liderada por Guerrero y con estrechos vínculos con Asocaña y la Fundación Carvajal, cuyos cuadros directivos desarrollaron vínculos con el programa Agro Ingreso Seguro, con la campaña de reelección de Uribe y con las consejerías presidenciales del nuevo gobierno de Santos”, agregó.
Sin duda, una arista más que le sale a la polémica. Por ahora, el registrador Sánchez se ha apresurado a explicar que la decisión de efectuar algunos cambios en el interior de la entidad —como el del director del Censo Electoral y el traslado de varios funcionarios de las oficinas centrales y de las registradurías municipales del Valle— sólo buscan dar tranquilidad a los candidatos y a la ciudadanía, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias del caso.
Ayer en Cali, Sánchez manifestó que se sigue esperando que los candidatos Guerrero y Correa presenten las denuncias y las pruebas sobre los intentos de extorsión de los que fueron víctimas, al tiempo que explicó que la Registraduría no cuenta con los medios logísticos para verificar cinco millones de firmas presentadas por otros aspirantes en todo el país, por lo que necesariamente hay que seguir utilizando la metodología del muestreo.
Por lo pronto, la situación en torno al proceso electoral en la capital vallecaucana sigue tensa. Rumores van y vienen. Unos acusan, otros se defienden. El asesinato, el martes pasado, de Nicolai Vera Rico, candidato al Concejo por el Movimiento Inclusión y Oportunidades (MIO), terminó por poner un manto de incertidumbre y temor sobre el proceso y sólo se espera que las autoridades —judiciales y electorales— aclaren cuanto antes todo lo que está sucediendo, porque ya hay quienes han comenzado a hablar de suspender las elecciones mientras otros se muestran indignados por la estigmatización de corrupción que hoy recae sobre la ciudad.
Redacción Política El Espectador
No hay comentarios:
Publicar un comentario