martes, 2 de agosto de 2011

Desaparecido reclamante de tierras y amenazas de muerte contra otros dos


verto González, integrante del consejo menor de Caracolí, fue desaparecido presumiblemente por paramilitares hace unos días. La noticia fue confirmada en el día de ayer por familiares, de este reclamante de tierras, que habitaba en la Zona Humanitaria de Caracolí. Everto fue abordado en Gengadó por paramilitares, el pasado 23 de julio, quiénes se lo llevaron a un lugar desconocido. Los paramilitares le manifestaron que con “nosotros se va a arreglar el problema de la tierra”. Desde ese día Everto dejó de comunicarse.


El reclamante de tierras sostuvo permanentes altercados con los administradores de la empresa la Tukeka, ocupantes de mala fe, Claudia y Antonio Argote. Durante este último año su casa, sus cultivos de pan coger fueron destruidos.

Everto denunció estos hechos sin encontrar respuesta del Estado.

A uno de sus familiares, Álvaro González, Claudia Argote, le amenazó de muerte y le sostuvo telefónicamente que habían armado un grupo para proteger su tierra, y que contaba con conocimiento de la brigada 17 y la policía de Urabá. El teléfono desde el que llamó era de un móvil de un integrante de la brigada 17.

Álvaro fue amenazado por paramilitares hoy lunes 1 de agosto por los paramilitares.

La familia Argote ha sido nombrada por Raúl Hasbún como un sector empresarial cercano a su familia.

Un hermano de Everto, Jorge, fue asesinado por paramilitares en 2000, meses después que se negó a vender su predio. De acuerdo con testigos, alias “Napo”, “Jimmy”, “Campeche” o “55”, que luego pasó a manos de los Argote.

El pasado domingo Guillermo Díaz, quién se encuentra desplazado, debido a amenazar de muerte proferida por paramilitares meses atrás. La fuente le informó que si no lo mataban a él, iban a asesinar a su hijo de 14 años de edad.

Respecto a la amenaza del menor, el Ministerio del Interior, manifestó que no podía reubicarlo porque el programa solo está disponible para la protección de líderes.

Bogotá, D.C. 1 de agosto de 2011

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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