Los generales en justicia y paz

A medida que el proceso de Justicia y Paz ha avanzado va quedando más claro que el involucramiento de militares en el proyecto paramilitar ha sido más de vieja data, menos marginal e incluso a veces más activo de lo que los gobiernos han admitido.

Casi mil militares y policías han sido mencionados en Justicia y Paz como posibles cómplices del paramilitarismo, entre ellos, por lo menos diez Generales. Al menos cinco Generales tienen procesos abiertos por casos de derechos humanos, y dos de éstos han sido condenados. Sin embargo, ha sido difícil para la justicia investigar si las acusaciones contra los altos oficiales tienen o no fundamento, o si han sido víctimas, como ellos han sostenido, de una guerra jurídica que la guerrilla ha entablado en su contra como parte de su estrategia para combatirlos.

Los hechos muestran que cada investigación penal contra los generales resulta un calvario para los testigos y funcionarios judiciales involucrados. No obstante, la información hasta ahora recabada presenta ya un panorama más claro de los factores que contribuyeron a la imbricación de la fuerza pública con los paramilitares.

El primero, la larga tradición establecida por gobiernos desde el de Rojas Pinilla, pasando por Guillermo León Valencia y hasta Ernesto Samper de tolerancia y promoción de las formas de autodefensa ciudadanas. Quizá la última y más nefasta de estas apuestas de autodefensa fueron las Cooperativas de Seguridad Convivir, puestas en práctica en los años noventa. En teoría ésta figura jurídica buscaba ponerle un control legítimo a unas fuerzas de autodefensas en pleno renacimiento, pero terminó fue sirviendo de patente de corso para narcotraficantes y paramilitares.

En segundo lugar, las doctrinas contrainsurgentes que se radicalizaron a finales de los años 70 en toda América Latina, como respuesta a la ola revolucionaria que invadía el continente. La tesis de que había que “quitarle el agua al pez” (quitarle apoyo campesino a la guerrilla) se instauró como enseñanza de los asesores norteamericanos, en la era Reagan, que le dieron forma a lo planteado en el famoso documento Santa Fe II. Esta doctrina no era más que poner como blanco a los civiles, en el entendido de que la guerra insurgente no podía florecer sin ellos.

Así se mancilló el principio de distinción entre combatientes y civiles desarmados y se legitimaron las masivas violaciones de derechos humanos, como arma de guerra. Por último, el largo período en el que el país vivió bajo un régimen de excepción, llámese Estado de sitio o de conmoción interior; o en situaciones regionales, áreas especiales de orden público.

Esta excepcionalidad permitió sobre todo que muchas actuaciones quedaran en la impunidad. De hecho las primeras denuncias que involucraban a militares de alto rango con violaciones de derechos humanos, especialmente tortura y desaparición forzada, se remontan a la época del Estatuto de Seguridad Nacional, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Pero en aquel entonces la justicia militar no sólo juzgaba a los uniformados, sino también a civiles involucrados en el conflicto. Era ante el Consejo de Estado donde se tramitaban en aquella época las sanciones administrativas contra el Ministerio de Defensa. Y ésta cartera estuvo al mando de militares hasta 1991.

Casi mil militares y policías han sido mencionados en Justicia y Paz como posibles cómplices del paramilitarismo, entre ellos, por lo menos diez Generales. Al menos cinco Generales tienen procesos abiertos por casos de derechos humanos, y dos de éstos han sido condenados. Sin embargo, ha sido difícil para la justicia investigar si las acusaciones contra los altos oficiales tienen o no fundamento, o si han sido víctimas, como ellos han sostenido, de una guerra jurídica que la guerrilla ha entablado en su contra como parte de su estrategia para combatirlos.

Los hechos muestran que cada investigación penal contra los generales resulta un calvario para los testigos y funcionarios judiciales involucrados. No obstante, la información hasta ahora recabada presenta ya un panorama más claro de los factores que contribuyeron a la imbricación de la fuerza pública con los paramilitares.

El primero, la larga tradición establecida por gobiernos desde el de Rojas Pinilla, pasando por Guillermo León Valencia y hasta Ernesto Samper de tolerancia y promoción de las formas de autodefensa ciudadanas. Quizá la última y más nefasta de estas apuestas de autodefensa fueron las Cooperativas de Seguridad Convivir, puestas en práctica en los años noventa. En teoría ésta figura jurídica buscaba ponerle un control legítimo a unas fuerzas de autodefensas en pleno renacimiento, pero terminó fue sirviendo de patente de corso para narcotraficantes y paramilitares.

En segundo lugar, las doctrinas contrainsurgentes que se radicalizaron a finales de los años 70 en toda América Latina, como respuesta a la ola revolucionaria que invadía el continente. La tesis de que había que “quitarle el agua al pez” (quitarle apoyo campesino a la guerrilla) se instauró como enseñanza de los asesores norteamericanos, en la era Reagan, que le dieron forma a lo planteado en el famoso documento Santa Fe II.

Esta doctrina no era más que poner como blanco a los civiles, en el entendido de que la guerra insurgente no podía florecer sin ellos. Así se mancilló el principio de distinción entre combatientes y civiles desarmados y se legitimaron las masivas violaciones de derechos humanos, como arma de guerra. Por último, el largo período en el que el país vivió bajo un régimen de excepción, llámese Estado de sitio o de conmoción interior; o en situaciones regionales, áreas especiales de orden público.

Esta excepcionalidad permitió sobre todo que muchas actuaciones quedaran en la impunidad. De hecho las primeras denuncias que involucraban a militares de alto rango con violaciones de derechos humanos, especialmente tortura y desaparición forzada, se remontan a la época del Estatuto de Seguridad Nacional, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Pero en aquel entonces la justicia militar no sólo juzgaba a los uniformados, sino también a civiles involucrados en el conflicto. Era ante el Consejo de Estado donde se tramitaban en aquella época las sanciones administrativas contra el Ministerio de Defensa. Y ésta cartera estuvo al mando de militares hasta 1991.

General Farouk Yanine Díaz
Este general del Ejército murió en agosto de 2011 cuando estaba siendo procesado por la justicia, acusado de haber promovido la creación de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, especialmente del MAS. Yanine era una leyenda en la fuerza pública. Era un oficial carismático, a quién muchos consideraban un “pacificador” que desterró a las Farc de esa región. Pero siempre a su sombra estaba la sospecha de que sus triunfos militares los había conseguido de la mano de paramilitares. Vendría a ser la desaparición de 19 comerciantes en octubre de 1987, y luego en 1988, la masacre de la Rochela donde murieron 12 investigadores judiciales que seguían las pistas de estas desapariciones, los hechos que pusieron el nombre de altos oficiales del Ejército sobre la mesa por sus relaciones con paramilitares.

En particular el general FaroukYanine Díaz resultó señalado por su escolta con un testimonio, reseñado en un reciente informe del Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de La Rochela en el que dice que:«(…) al percatarse de lo ocurrido que iban a enviar una comisión de jueces, (Yanine) decidió consultar con Vladimir para que él con su grupo los mataran cuando bajaran. Al otro día de haber pasado la consulta le envió doscientos millones de pesos en un maletín en pago por lo que debía hacer. No quedando muy contento cuando se percató de que también habían fallado, le manifestó a Vladimir que él tenía que responder por lo que había pasado y fue así como se reunieron para llegar a un acuerdo que si algo pasaba no se debía mencionar a Yanine en ese trabajo y que él saldría en defensa de ellos argumentando que no habían sido los paramilitares sino la guerrilla (…).

Alonso de Jesús Baquero, más conocido como Vladimir, fue el paramilitar capturado y condenado por esta masacre y en sus declaraciones involucró tanto al General Carlos Julio Gil Colorado (asesinado luego por la guerrilla) como a Yanine. Es así como este último fue vinculado a un proceso en 1994 por la masacre.

Era la primera vez que la justicia ordinaria investigaba a un militar de alto rango y además se le capturaba. Luego de un incidente de colisión de competencias resuelto en el Consejo Superior de la Judicatura en 1996, su caso pasó a la Justicia Penal Militar donde fue absuelto. Vendría a ser en 2008 cuando se le requirió de nuevo, sin que pudiera conocer sentencia en su caso pues murió un año después.

General Alfonso Manosalva
Desde sus primeras versiones libres, Salvatore Mancuso ha asegurado que este General le prestó colaboración a las autodefensas para cometer varias masacres en la región de Itüango, en Antioquia, jurisdicción de IV Brigada en 1997. Según Mancuso, la cercanía con el general Manosalva era tal que estuvieron reunidos por lo menos en diez ocasiones. El ex jefe paramilitar Raúl Hasbún también ha señalado los vínculos de Manosalva con las autodefensas.

En versión libre aseguró que en 1996 fue enviado por Carlos Castaño a reunirse con el General y que éste le pidió que enviaran un grupo de paramilitares para hacerle frente a las milicias de Medellín. Fruto e esta solicitud se cometió la masacre de Belén Buenavista que selló el ingreso de la llamada Casa Castaño a Medellín en lo que luego serían el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara.

Otro paramilitar que mencionó a Manosalva es Ramón Isaza quien le atribuyó la responsabilidad intelectual en la masacre de la vereda La Esperanza, de Carmen de Viboral, también en 1996, en el oriente de Antioquia, y donde murieron 27 personas. La justicia no pudo establecer si estas acusaciones eran ciertas. Manosalva murió de un aneurisma en abril de 1997 sin que se le hubiese investigado por estos hechos.

General Mario Montoya
El ex comandante del Ejército, General Mario Montoya, tiene varias situaciones pendientes de esclarecer con la justicia aunque por ninguna de ellas se le requiere hasta el momento. Montoya renunció a su cargo como máximo jefe del Ejército en medio de una controversia judicial y política gravísima cuando se descubrió en 2008, que en varias guarniciones militares se estaban realizando de manera más o menos sistemática, ejecuciones a civiles que eran pasados como militares.

A lo largo de los juicios que se han seguido por estos crímenes, muchos inculpados señalan que había una excesiva presión por tener bajas enemigas, y que eso conllevó a la macabra práctica de crear combates ficticios donde morían seres humanos reales, que eran de hecho civiles ajenos a los combates. No obstante, no es por este tema que Montoya está siendo investigado sino por otros dos hechos: la Operación Orión y la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana. La operación Orión consistió en la retoma que hizo el gobierno de la Comuna 13 de Medellín que para 2002, cuando Montoya era comandante de la Cuarta Brigada, estaba literalmente en poder de las milicias guerrilleras.

En octubre de ese año se vivió una batalla campal en aquel barrio, la cual dejó varios muertos y heridos. Pero no es la desproporción en el uso de la fuerza lo que enreda a Montoya, sino las declaraciones de Diego Fernando Murillo, conocido como ‘Don Berna’, quien aseguró que las AUC de Medellín actuaron conjuntamente con los militares en esta operación.

Algo que ya había denunciado la comunidad de aquellos barrios, dado que una vez desterradas las milicias, el control de la zona quedó en manos de paramilitares. Además, durante la operación y después de ella hubo varios casos de desaparición de personas que son investigadas. Las acusaciones de un posible contubernio entre militares y paramilitares son graves y si la justicia las comprueba, Montoya podría resultar responsable.

El segundo proceso es por la supuesta desmovilización de 63 guerrilleros de las Farc en Tolima, y respecto a la cual la Fiscalía ya tiene suficientes evidencias de que resultó ser mayormente un montaje que se financió con recursos del Estado.

Según lo que ha afirmado la justicia, el fraude se hizo a instancias del Ejército que contactó en la cárcel a Olivo Saldaña, un ex guerrillero con quien armó la puesta en escena, y del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien aún no ha rendido ndagatoria por este caso. La investigación del general Montoya, comandante del Ejército en ese momento está en el despacho del Fiscal General de la Nación encargado directamente de instruir el caso. Los fiscales de Justicia y Paz además han pedido a la justicia que investigue otras acusaciones que han surgido en los procesos que lleva.

El General ha sido mencionado en múltiples ocasiones por los ex paramilitares. Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ narcotraficante que dijo haber financiado a los paramilitares y que se coló en las negociaciones de las AUC con el gobierno, le aseguró a la justicia hace pocos meses que Montoya hacía parte de la nómina de la Oficina de Envigado cuando estuvo como comandante de la IV Brigada de Medellín. Daniel Rendón, conocido como ‘Don Mario’, también le aseguró a la justicia que le había dado 1.500 millones para que autorizara la operación del Frente Centauros en el sur del país.

A esa acusación Montoya respondió que para la época de la que habla Rendón él se encontraba asignado al Comando Conjunto del Caribe, en la Costa Atlántica. Un paramilitar de base, llamado Luis Adrián Palacio se ha mantenido en la versión de que Montoya le envió en 2003 un carro y 7 armas al jefe paramilitar conocido como Doble Cero, quien actuaba en el oriente antioqueño, y de quien se sabe tenía estrecha vinculación con sectores militares, dado que él había sido oficial del Ejército.

El nombre de Montoya también ha sido mencionado en otros procesos, como el de la masacre de La Resbalosa, en San José de Apartadó, donde fueron asesinadas siete personas, entre ellas, tres menores. La mención a Montoya se ha hecho en relación a que directamente viajó a la zona a diseñar la operación que sirvió de marco a la masacre.

Si bien el general Montoya fue conocido por el país por la exitosa operación que liberó a Íngrid Betancourt y a otros secuestrados, algunos de sus operativos han sido objeto de graves denuncias. La Operación Marcial, en el oriente antioqueño, en 2003, por ejemplo, redujo notablemente la influencia guerrillera en esa zona, pero arrojó, según denuncias de organizaciones locales, un saldo de 88 civiles asesinados.

Estas denuncias nunca han podido ser plenamente investigadas dado que la Justicia Penal Militar no ha transferido los procesos de aquella época a la justicia ordinaria, tal como lo había prometido el hoy Presidente Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Defensa. Similar cuestionamiento se le hizo en el Congreso de Estados Unidos donde un senador demócrata señaló que en Putumayo se había hallado una fosa común con más de 100 víctimas de los paramilitares, cuyas muertes se dieron entre 1999 y 2001, justo cuando Montoya era uno de los principales líderes militares de esa zona con la Fuerza Tarea Conjunta.

Por el calibre de estos señalamientos y denuncias, la justicia tiene el desafío de esclarecer si el General es inocente o culpable. Montoya fue exonerado en una investigación que se le abrió a raíz de denuncias hechas por pobladores de Bojayá, Chocó, quienes aseguran haberlo visto a Montoya reunido con los paramilitares justo en mayo de 2002, poco después de la masacre cometida por las Farc contra 89 personas que se refugiaban en una Iglesia para evitar caer en el fuego cruzado de los combates entre insurgentes y paramilitares.

General Rito Alejo del Río
Quizás el General más controvertido en la historia de las fuerzas militares es Rito Alejo del Río. Actualmente enfrenta un juicio por la muerte de Marino López Mena, un campesino asesinado en el Chocó por miembros del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, en una operación que según el propio jefe de ese bloque, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, fue coordinada con la Brigada XVII del Ejército bajo mando de Del Río.

Del Río fue comandante de esa división militar entre 1996 y 1998, años en los que las AUC tuvieron un control casi absoluto de la región de Urabá. Tantos testimonios hablaban de la estrecha relación de Del Río con los paramilitares que el gobierno de los Estados Unidos decidió cancelarle la visa.

El 21 de julio de 2001 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía le abrió instrucción por el presunto delito de concierto para delinquir por el apoyo a grupos paramilitares, y diez días después se le profirió medida de aseguramiento. Sin embargo a los cuatro días el juzgado 31 le concedió un recurso de habeas corpus dado que la investigación debería llevarla el despacho del Fiscal General en persona.

El 9 de octubre de ese año el Fiscal General Luis Camilo Osorio precluyó la investigación contra Del Río. Actualmente la Comisión de Acusaciones investiga a Osorio por posibles vínculos con los paramilitares y entre otros cargos, por sospechas de que obstruyó la investigación al general Del Río.

En el proceso de Justicia y Paz varios jefes de las AUC han mencionado de Del Río como un colaborador estrecho. Lo han hecho Ever Veloza, más conocido como ‘HH’; Salvatore Mancuso habló incluso de reuniones con él; Freddy Rendón “El Alemán” ha dicho que "por orden de Carlos Castaño, los jefes del bloque Chocó de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) dispusieron de doce de sus hombres para que se integraran a las fuerzas especiales del Ejército que adelantaron en febrero de 1997 la operación Génesis".

En esta operación los paramilitares asesinaron al campesino Marino López Mena en el corregimiento de Bijao, en Riosucio, Chocó; y ese homicidio es el que tiene en los tribunales a Del Río. La Fiscalía lo acusa de “homicidio agravado en calidad de autor mediato en estructuras organizadas de poder”.

La estrategia de la defensa ha sido dilatar el proceso para lograr un vencimiento de términos y desde octubre del año 2011, y hasta junio de 2012 se espera que el juez octavo de Bogotá dicte sentencia. Además el caso del general De Río por posibles vínculos con paramilitares se ha reabierto a instancias de la Corte Suprema de Justicia, sobre la base de que existen nuevas pruebas que ameritan reabrir el proceso.

En lo fundamental, estas pruebas son las declaraciones de los paramilitares que en muchos casos, alcanzan también a salpicar al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y especialmente a su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno, quien murió en un accidente aéreo.

Al general Del Río aún no se le ha vinculado formalmente a la investigación por la masacre de Mapiripán a pesar de que varios comandantes paramilitares lo han relacionado con este hecho. Uno de ellos, Elkin Casarrubia Posada aseguró que Del Río coordinaba las acciones con un paramilitar llamado Yunda y Cero Cuatro y que con ellos se hicieron los arreglos para que los miembros de las AUC de Urabá fueran trasladados hasta San José del Guaviare en aviones que también les prestaban servicios a las Fuerzas Militares.

General Jaime Humberto Uscátegui
El primer General condenado a prisión por omisión en detener una masacre, la de Mapiripán, fue Jaime Humberto Uscátegui. No obstante, hoy hay testimonios que lo exoneran -como el de Salvatore Mancuso- y en abril de 2012 la Procuraduría le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise su caso.

Uscátegui fue condenado a 40 años por la masacre de Mapiripán, en el Meta, en una sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá que lo encontró culpable de por secuestro, homicidio agravado y falsedad. Luego de una revisión de su caso, la Corte Suprema encontró que la falsedad había prescrito y rebajó la pena a 37 años. No obstante el caso de Uscátegui está rodeado de interrogantes y vacíos.

La matanza ocurrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997 cuando dos aviones provenientes de Urabá, con por lo menos 120 paramilitares a bordo, aterrizó en la base antinarcóticos del Guaviare, de donde fueron trasladados por tierra y en lanchas hasta Mapiripán, un corregimiento a orillas del río Guaviare con fuerte influencia de la guerrilla y centro de la producción comercialización de la coca en ese sector de la Amazonía.

Durante estos días fueron asesinadas 7 personas y según testimonios de ese momento, desaparecidas 41, algunas de las cuales, según dijeron testigos, fueron arrojadas al río. Uscátegui era comandante de la Séptima Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio y en consecuencia, se entiende que Mapiripán era de su jurisdicción, aunque el principal argumento de su defensa es que allí estaba acantonada una Brigada Móvil #2 y que por tanto los hechos de Mapiripán no eran de su responsabilidad. Argumento que ha sido descartado en todas las instancias.

El Coronel Hernán Orozco –protegido por medidas cautelares y exiliado en Estados Unidos a pesar de haber sido también condenado- atestiguó contra Uscátegui en el sentido de que este le habría obligado a modificar un fax en el que el oficial enviaba un reporte, basado en el testimonio del juez de Mapiripán, sobre los primeros acontecimientos que anunciaban ya la ocurrencia de la masacre. En mayo de 1999 la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento a Uscátegui, con base en el testimonio de Orozco.

Pero luego el caso pasó a Justicia Penal Militar donde ambos fueron condenados por omisión. No obstante el caso volvió a la justicia ordinaria y en 2007 un juez lo absolvió por los delitos más graves y le dio una condena de 40 meses por haber alterado un documento público.

Pero después de una apelación ante el Tribunal Superior, este en 2009 descartó el argumento de que no tenía jurisdicción y lo condenó por los hechos de la masacre. El Estado colombiano fue condenado por las masacre de Mapiripán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ni aun así se ha logrado que se aclaren los cabos sueltos de esta matanza.

Algunos de estos cabos sueltos han sido reiteradamente mencionados en Justicia y Paz y tienen que ver con el planeamiento de la masacre, en la que según testimonios de paramilitares, participaron el general Rito Alejo del Río, el exsecretario de gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno (ya fallecido) y el zar de la esmeraldas Víctor Carranza.

Así, la Fiscalía encontró que en el listado de víctimas había inconsistencias y que algunas de las personas que se habían presentado como desaparecidas, en realidad gozan de buena salud. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si los demás desaparecidos fueron realmente asesinados o secuestrados por las AUC o son personas que tuvieron otro destino.

Muchos políticos, incluido el actual alcalde de Bogotá Gustavo Petro, han defendido a Uscátegui y lo consideran un chivo expiatorio de los verdaderos responsables de la masacre. Pero la justicia que ha estudiado los voluminosos expedientes del caso, nunca ha podido ser convencida de ello. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos decidir si revisa el caso por la petición de la Procuraduría.

General Álvaro Velandia Hurtado
Si algún caso muestra los escabrosos caminos de la impunidad en las violaciones de derechos humanos por parte de militares es el de Nidia Erika Bautista y el general Álvaro Velandia Hurtado. Ella era una socióloga y economista de 35 años, guerrillera del M-19 que en 1986 fue detenida por miembros de la III Brigada de Cali que la torturaron y arrojaron a un basurero en las afueras de la ciudad.

Ella denunció el hecho y un año después, en retaliación, el 30 de agosto de 1987 fue desaparecida por hombres armados que la montaron en una camioneta y se la llevaron. Su cuerpo fue uno más de los que apareció en un pueblo de Cundinamarca donde fue enterrada como NN y el caso hubiese quedado en el olvido a no ser porque en 1990 un sargento retirado del Ejército, Bernardo Garzón, le contó a la Procuraduría los detalles del secuestro y asesinato de la mujer.

Ese mismo año exhumaron los restos de Bautista y por la ropa se pudo corroborar que se trataba de ella. Cuatro años después la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, en cabeza de Hernando Valencia Villa, le abrió investigación al general Alvaro Hernán Velandia, comandante del Batallón Charry Solano, quien para la época del crimen era jefe de inteligencia del Ejército. Con base en este expediente Velandia fue destituido por omisión en la desaparición y posterior asesinato de Nidia Erika Bautista.

Allí empezó un pulso jurídico que ha durado casi 20 años y ha sido tortuoso, con amenazas, retractación de un testigo central y bandazos de la justicia. Tanto el procurador Valencia como los familiares tuvieron que salir del país por amenazas contra sus vidas.

En 1996 el testigo que había ayudado a encontrar el cuerpo, repentinamente se retractó ante un tribunal militar, y un congresista hizo un debate público para confundir a la opinión intentando demostrar que el cuerpo hallado no correspondía al de Bautista.

En 2001 la Fiscalía retomó el proceso penal que seguía en la impunidad y realizó la exhumación de los restos de Nidia Erika. Pocos meses después no obstante, el Consejo de Estado anuló la actuación de la Procuraduría que siete años atrás había destituido a Velandia. Casi al mismo tiempo la Fiscalía logró comprobar con base en pruebas de ADN que el cuerpo exhumado sí era el de la guerrillera del M-19. Entre ires y venires, en 2009 el Consejo de Estado ratificó la destitución del General Velandia Hurtado.

Pero en 2011 una sala de conjueces de nuevo la tumbó y ordenó que sea restituido en su cargo, decisión que el Presidente del Consejo anunció en su momento sería demandada por falta de competencia. No obstante todo el debate ha sido en el terreno disciplinario ya que en el penal el caso quedó cerrado en 2004 cuando la Fiscalía determinó que no había mérito para acusar al General.

La estructura de inteligencia militar que comandó el general Velandia, luego se convertiría en la Brigada XX, por cuyas actuaciones han sido investigados otros generales como Iván Ramírez. Por temible fama, la Brigada XX fue desmontada, luego de gran presión internacional.

General Jesús Armando Arias Cabrales
El segundo General condenado por la justicia ordinaria es Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia, asaltado por guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985. El General había sido detenido en 2008 pero el fallo en su contra se promulgó en abril de 2011, después de que ya hubiese sido condenado por los mismos hechos el coronel Alfonso Plazas Vega.

Al momento de los hechos, Arias era el comandante de la Brigada XIII del Ejército y la juez que lo condenó encontró evidencias que bajo su mando se dieron las órdenes de realizar interrogatorios a quienes salían con vida del Palacio, entre los que se encuentran, varios desaparecidos.

En grabaciones presentadas por la Fiscalía durante el proceso se demostró que Arias, conocido como Arcano 6, estaba al mando de la operación en la Casa del Florero. A pesar de ello, en este caso, como en varios más de los que involucran a altos oficiales, la Procuraduría pidió la absolución de Arias (al igual que con Uscategui y del Rio).

Lo paradójico es que había sido la Procuraduría la primera en destituir a Arias Cabrales por los hechos del Palacio cuando estaba al frente de ella Alfonso Gómez Méndez, en 1990, lo cual en su momento levantó una inmensa polvareda que llegó al Congreso de la República. Cuando Gómez Méndez sancionó a Arias se le vino el mundo encima pues se trataba de un General muy apreciado. Todavía se le veía como un héroe de la retoma del Palacio y había conseguido una imagen de mano dura durante 1988 cuando fue nombrado como jefe militar de Urabá, aunque paso por esa región se dio después de que ocurrieran allí las primeras masacres a manos de paramilitares contra trabajadores bananeros: las de La Negra, Honduras y Bahía Coquito en Turbo.

Almirante Rodrigo Quiñones
Cuando pasó por Barrancabermeja, a principios de los años 90, el Almirante Rodrigo Quiñones cultivó la peor fama que pueda tener un militar. Se le atribuyó la creación de una red de inteligencia informal responsable de por lo menos 50 asesinatos de líderes y sindicalistas del Magdalena Medio. Las denuncias derivaron en una investigación en la justicia penal militar que fue rápidamente cerrada sin que encontrara ninguna responsabilidad de la Armada en estos hechos.

No obstante el nombre de Quiñones volvió a registrarse en los grandes medios cuando a finales de los 90 en el área bajo su jurisdicción, los Montes de María, se cometieron, entre muchas otras, dos de las peores masacres de las Auc, en las que hubo un despliegue masivo de hombres bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso: la de El Salado, en Carmen de Bolívar en 2000 y la de Chengue en Ovejas, Sucre, en 2001.

Desde que se cometieron estas masacres, se rumoraba que el Batallón de Infantería de Marina que estaba bajo el mando de Quiñones había permitido la entrada de los paramilitares, e incluso se dijo, que los soldados habían contribuido con ellas. En ambos casos, los militares justificaron su inacción porque estaban ocupados buscando reses robadas a finqueros de la región y no tenían recursos para acudir al llamado urgente de la población.

Y en ambos casos, los testimonios recogidos por la Fiscalía dicen que los miembros de la Armada permitieron la retirada de los paramilitares hacia sus bases, ubicadas ya para ese entonces, ante los ojos de todos, en Macayepo y San Onofre. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía investigaron a Quiñones por omisión en sus funciones. La primera lo absolvió. En el caso del proceso penal este iba rumbo a la vinculación de Quiñones cuando, súbitamente el expediente fue trasladado a otro despacho y la fiscal que lo llevaba terminó exiliada por amenazas.

El caso se trasladó a la Corte Suprema de Justicia donde fue absuelto en 2005. Las declaraciones de los paramilitares ante Justicia y Paz están dando nueva información sobre el caso. Mancuso, entre otros desmovilizados, ha atestiguado que los paramilitares recibieron el apoyo de la Armada para actuar en los Montes de María durante el tiempo en que Quiñones estaba allí. Mancuso ha dicho que para la masacre de El Salado, Carlos Castaño les dio el número del teléfono del almirante y que “Johncito”, que iba al mando de la operación tenía completa información sobre la ubicación de las tropas oficiales.

General Iván Ramírez
El general Iván Ramírez fue absuelto en el caso de las desapariciones ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia. Pero otros casos llenan su antiguo y voluminoso expediente. Desde principios de los 80 cuando se habló de una especie de mano negra llamada Triple A (en referencia a unas alianzas anticomunistas, como las que prosperaron en la región), y uno de sus miembros, según varias ONG de derechos humanos, era Ramírez.

El ex guerrillero del M-19 José Cuesta se ha declarado una “prueba viviente” contra Ramírez, dado que fue torturado en1980 por miembros el Batallón de Charry Solano y, según Cuesta, directamente por Ramírez cuando éste era apenas un oficial de rango medio. Su nombre ha aparecido mencionado por testigos en el caso de las desapariciones de Nidia Érika Bautista, y Amparo Tordecillas.

En 1997 el entonces embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette, dijo que la Brigada XX del Ejército estaba auspiciando a escuadrones de la muerte. El comandante era Ramírez y esta acusación le valió la cancelación de su visa, y que la Brigada fuera desarticulada. Aun así siguió en el Ejército hasta el año 2000 y en 2006, ya retirado, el gobierno Uribe lo nombró asesor del DAS, justo cuando se empezó a crear al interior de esta entidad de seguridad, una estructura criminal para seguir e intervenir las comunicaciones de magistrados, periodistas y miembros de la oposición. Algunas investigaciones contra Ramírez no han prosperado porque, como en el caso de Bautista y Tordecillas, el testigo que lo acusó se retractó tiempo después.