Daniel Kovalik, Gimena Sánchez-Garzoli & Anthony Dest
CounterPunch
El 9 de noviembre de 2011, la familia de Juan Carlos Galvis –destacado dirigente sindical de Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos) y amigo personal nuestro– sufrió una violenta invasión de su hogar por dos presuntos paramilitares. Los intrusos entraron a la casa de Galvis mientras Juan Carlos y su hijo estaban ausentes y atacaron a su esposa, Mary, y a sus dos hijas, Jackeline y Mayra. Agarraron a Mayra, una niña con síndrome de Down, le colocaron una pistola en la cabeza y amenazaron con matarla si Mary no revelaba el paradero de Juan Carlos y su hijo. Luego ataron y amordazaron a Mary y Jackeline y volvieron a exigirles que dijeran dónde estaban Juan Carlos y su hijo. Los atacantes procedieron a pintar con espray las caras de Mary y Juan en una foto de matrimonio que la familia había colocado en la pared. Antes de arrasar y abandonar la casa robaron dos laptops, algunas memorias USB y documentos. El traumático ataque produjo un choque a Mayra que duró días y que le impidió hablar.
La familia se vio obligada a huir a otra ciudad en la que se oculta ahora. Sus temores tienen fundamento. Dos de los colegas de Juan Carlos en Sinaltrainal, John Fredy Carmona Bermudez y Luis Medardo Prens Vallejo, fueron asesinados en los últimos meses.
En total, 30 sindicalistas fueron asesinados en Colombia el año pasado. La Escuela Nacional Sindical (ENS) informa de que cuatro han sido asesinados este año, y otros movimientos sindicales han informado de más asesinatos (por ejemplo, Justicia para Colombia ha informado de 6). Semejantes asesinatos han convertido a Colombia, donde unos 3.000 sindicalistas han sido asesinados desde 1986, en el país del mundo en el cual es más peligroso ser sindicalista, y si la tasa de asesinatos de este año sigue igual, es seguro que Colombia conservará esa lamentable distinción.
Mientras tanto, el gobierno colombiano no ha hecho nada efectivo para procesar a los responsables de esa violencia antisindical, y la ONU informó recientemente de que la tasa de impunidad en Colombia para esos crímenes sigue siendo un 95%, lo que significa que solo un 5% de los asesinatos de sindicalistas se han enjuiciado con éxito.
Fueron los dos factores –la tasa sin precedentes de asesinatos de sindicalistas y la alta tasa de impunidad de esos asesinatos– los que condujeron a Barack Obama a declarar en 2008 en su tercer debate con John McCain que se opondría al Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC).
Aunque es peligroso ser sindicalista en Colombia, los sindicalistas son de los pocos que pueden organizarse con más libertad. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el modelo de las “Cooperativas de Trabajo Asociado” (CTA) proliferó en toda Colombia. Ese modelo de destrucción de los sindicatos que excluye contractos directos entre trabajadores y compañías debilita gravemente las condiciones laborales, los salarios y las protecciones de seguridad ocupacional. Los trabajadores han arriesgado la pérdida de sus exiguos medios de vida realizando paros para obtener contratos directos que ofrecen más probabilidad de garantizar sus derechos sindicales básicos.
En abril de 2011, los presidentes Obama y Santos presentaron un Plan de Acción Laboral (PAL) para encarar la violencia antisindical, perseguir los crímenes contra los sindicatos, eliminar la intermediación laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores en los sectores portuarios, azucareros, en el aceite de palma y otros. Desde la firma del PAL, Colombia ha jugado a aparecer como si cumpliera con el PAL, mientras al mismo tiempo socava su propósito. Ha cumplido los requerimientos superficiales como establecer el Ministerio del Trabajo, aprobar legislación y multar a compañías abusivas.
Aunque la cantidad de sindicalistas asesinados ha disminuido (y por cierto, como opinó el padre Javier Giraldo hace un cierto tiempo, hay muchos menos sindicalistas que matar), el clima de inseguridad y las amenazas de muerte contra ellos no han cambiado. Esto deja la posibilidad de que la cantidad de asesinatos y ataques vuelva a aumentar una vez que progrese el TLC. A menudo se presentan los asesinatos de sindicalistas y activistas laborales como si no estuvieran relacionados con sus actividades por los derechos sindicales –robos, celos, o vínculos con el narcotráfico son los motivos utilizados para blanquear los asesinatos-. Por ejemplo, fue asesinado Hernán Darío, un abogado que representaba al mayor sindicato del sector público en Valle del Cauca (Sintraemcali) y a varios activistas sindicales en el sector de la caña de azúcar. Subsiguientemente arrastraron su nombre por el lodo sobre la base de afirmaciones no confirmadas que lo vinculaban con narcotraficantes. Esta táctica se utilizó con el fin de crear un ambiente de confusión e impedir acciones a favor de la justicia.
El año pasado, Colombia promulgó una ley que supuestamente prohíbe las CTA, pero la realidad es que solo las restringe por su nombre, mientras otras formas de intermediación laboral, incluidas las Sociedades Anónimas Simplificadas, empresas fantasmas, y supuestos “contratos sindicales”, las han reemplazado. En los sectores azucarero y portuario, los dirigentes de paros y los afiliados a sindicatos vuelven pocas veces a ser contratados mediante esos nuevos contratos. El Ministerio del Trabajo y los inspectores laborales designados por el PAL no intervienen efectivamente para remediar esas situaciones. Más de 70 trabajadores portuarios afro-colombianos en Turbo que trataron de formar un sindicato en octubre de 2011 han sido despedidos. Esos trabajadores recibieron un ultimátum para que firmen una carta declarando que no se afiliarán a un sindicato, o los despedirán.
El Ministerio ni siquiera interviene para implementar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como lo determina el PAL. El caso de 51 trabajadores del sector público de EMCALI despedidos es solo uno de numerosos ejemplos. En lugar de implementar las recomendaciones de la OIT de marzo de 2012 de volver a contratar a los trabajadores, las autoridades procedieron a despedir a los trabajadores que realizaron una huelga de hambre en Cali la semana pasada. Esas víctimas de las injustas prácticas laborales en Colombia han estado sin trabajo desde 2004 ya que fueron colocados en la lista negra por defender sus derechos laborales, y ni siquiera se les permite que protesten.
Algunos de los trabajadores que se beneficiarían más de una implementación efectiva del Plan de Acción Sindical son los afro-colombianos. La mayoría de estos trabajadores, que representan aproximadamente un 25% de la población de Colombia y una cantidad desproporcionada de los más de 5,2 millones de desplazados en el interior, trabajan en sectores en los que los estándares de derechos laborales son los más bajos. Como tales, muchos no pueden ejercer libremente su derecho a sindicarse, y si tratan de hacerlo enfrentan amenazas de muerte o empobrecimiento. Muchos trabajadores afro-colombianos describen su situación como “esclavitud en nuestros días”.
Los trabajadores portuarios afro-colombianos en Buenaventura, un puerto clave para el TLC, trabajan en uno de los ambientes más abusivos de Colombia. En ese puerto, los afro-colombianos trabajan en condiciones peligrosas entre 24 y 48 horas continuas, y duermen frecuentemente en los contenedores. El duro entorno los obliga a permanecer dentro del complejo portuario durante toda una semana sin la posibilidad de volver a casa. La atención sanitaria frecuentemente se reserva para los individuos más privilegiados que trabajan en oficinas, y a menudo despiden a los trabajadores que resultan heridos o incapacitados. Los que intentan organizarse son despedidos o se les niega el empleo. En enero de 2012 fue necesario un paro para que algunos de estos trabajadores recibieran contratos directos. A la mayoría de los trabajadores portuarios se la sigue contratando mediante intermediarios, y los que tienen contratos directos tienen bajos salarios y se les prohíbe sindicalizarse. Recién hoy, después de meses de presión, el Ministerio del Trabajo inició una investigación de algunos de estos abusos.
A pesar de todo, a pesar de la continua violencia antisindical, de la alta tasa de impunidad, de serios impedimentos para la organización de sindicatos y de las condiciones espantosas que enfrentan los trabajadores, el presidente Obama está ahora a punto de anunciar en la Cumbre de las Américas que Colombia ha cumplido el Plan de Acción Laboral. Las condiciones de trabajo y la protección de los sindicalistas en Colombia no reflejan la evaluación del gobierno de EE.UU. del Plan de Acción Laboral. Si Obama sigue adelante con sus planes en Cartagena de dar luz verde al TLC, los trabajadores colombianos y estadounidenses perderán su último medio de presión para frenar la ola de violencia antisindical y defender los derechos de la gente más vulnerable en Colombia.
Daniel Kovalik es abogado general de United Steelworkers.
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