Por Agencia EFE
Bogotá.- (EFE).- Un juez colombiano sentenció a 31 años y seis meses de prisión a cada uno de siete militares enjuiciados por la muerte de tres civiles que presentaron después como guerrilleros muertos en combate, casos conocidos como "falsos positivos" y uno de los mayores escándalos del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La Fiscalía General precisó hoy en un comunicado que la decisión la adoptó un juzgado de la localidad de Montelíbano, en el norteño departamento de Córdoba, donde ocurrieron los hechos.
Los uniformados, entre ellos un oficial y un suboficial, fueron hallados culpables del delito de homicidio en persona protegida, contemplado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La fuente recordó que los militares fueron procesados por la muerte, el 20 de junio de 2008, de tres civiles durante un falso combate con insurgentes del Frente 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población de Puerto Libertador.
Además de presentarlos como rebeldes muertos en combate, los militares reportaron que les decomisaron tres revólveres, dos granadas de fragmentación y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, un civil que sobrevivió al ataque declaró al fiscal que "los militares, mediante engaños, los llevaron al lugar de los hechos, donde les dispararon y luego vistieron los cuerpos con trajes camuflados".
Los sentenciados son el subteniente Jonathan Polanco Botello, el cabo tercero Raúl Cárdenas Carvajal y cinco soldados profesionales, todos ellos detenidos.
El caso hace parte del escándalo de los "falsos positivos", es decir, civiles asesinados por militares que los presentan como rebeldes dados de baja en combates para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios.
Más de estos 2.000 casos han sido documentados por la Fiscalía, que investiga o ha investigado a 1.487 uniformados, 89 de los cuales ya han sido condenados.
La práctica de los "falsos positivos" se desveló tras las denuncias de desaparición de una veintena de jóvenes de Soacha, una populosa localidad vecina a Bogotá.
Estos jóvenes desaparecieron en febrero de 2008 y sus cadáveres fueron encontrados en fosas comunes en el noreste del país.
El pasado viernes, 3 de junio, un juez de la ciudad de Bucaramanga declaró culpables a los primeros ocho implicados en el llamado "caso Soacha" de los delitos de "homicidio agravado, desaparición forzada y agravada, y peculado por apropiación".
El próximo 28 de junio está previsto que se conozca la sentencia contra estos militares, para los que la Fiscalía pide una pena individual de sesenta años de prisión.
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