En entrevista para teleSUR, Lozano explicó que la también conocida como ley “anti-chuzada” permite las interceptaciones telefónicas y el espionaje “a través de un sistema mucho más autoritario, policíaco, como el que se está estableciendo a través de la ley”.
En cuanto al artículo que establece que los barridos electromágneticos (escuchas y espionaje electrónico en un área geográfica completa) pueden hacerse sin orden judicial, Lozano aseguró que es otra prueba de la legalización del espionaje. “El barrido incluye todo el sistema virtual, los correos que antes fueron chuzados, ahora serán de manera legal y al margen de la orden de un funcionario, igual el celular que hace parte de este sistema”, dijo.
Finalmente, Carlos Lozano reiteró que esta Ley no es una herramienta útil en la realidad política de Colombia.
Dijo, en cambio, que esta norma concebida en el marco de la seguridad nacional y del enemigo interno, mantiene que “siempre la fuente, el origen de todas las investigaciones son los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Eso no ha sido modificado” y fue lo que precisamente dio origen a la “actitud desmedida del DAS”, aseveró Lozano al referirse al caso de las "chuzadas" ocurridas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, conformada por 56 artículos establece, entre otras cosas, lo siguiente: Las interceptaciones telefónicas sólo podrán hacerse con una orden judicial previa, la creación de una comisión parlamentaria de control político y seguimiento a las actividades de inteligencia, la información de inteligencia consignada en documentos será reservada por 30 años prorrogables y la modificación del Código Penal para aumentar las penas a los funcionarios públicos que divulguen información reservada.
teleSUR/ao-MM
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