Hernán Moreno Villarroel:
detective y ex edecán del presidente Salvador Allende fue hecho prisionero el 13 de setiembre de 1973, el 19 de ese mismo mes, en Calama —era secretario de la Gobernación de ese departamento—, lo fusilaron (junto a otros 26 detenidos) y enterraron en una fosa común en la Quebrada del Buitre. Entonces brillaba la estrella de Arellano Stark. Se dijo que murió en un intento de fuga. A veces 38 años no pasan en vano...
El ciudadano Hernán Elizardo Moreno Villarroel, nació en la ciudad de Illapel el 18 de abril de 1944. Cursó su enseñanza básica y media en el Liceo N° 3 de Santiago, en la Universidad Técnica del Estado, en , obtuvo el título de Ingeniero primero de tránsito. Unos años antes, a los 21 años había cursado en la Escuela Técnica de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI, en enero de 1966, lució placa de detective destinado a la Comisaría de Valparaíso, donde en agosto de 1968 es ascendido.
En abril de 1970, es destinado al Departamento de Informaciones y, posteriormente, a la Subdirección General, Sección Presidencia de la República, donde cumple funciones de edecán del Presidente de la República don Salvador Allende Gossens.
Con fecha 16 de noviembre de 1971, tras ser contratado en CODELCO, don Hernán Moreno presenta su renuncia voluntaria a la PDI. En 1973 fue ascendido a Secretario de la Gobernación de Calama, manteniéndose en dicho cargo formalmente hasta el 19 de septiembre de 1973.
Con motivo del "pronunciamiento militar" Moreno es detenido e interrogado entre el 13 de septiembre y el 18 de octubre de 1973, juzgado por un Consejo de Guerra en la ciudad de Calama y condenado a dos años de relegación en la Isla Quiriquina. Nunca viajó al sur. En la tarde del 19 de octubre de 1973 fue sacado de la cárcel —donde esperaba su traslado al lugar de relegación— y llevado por personal militar, venido desde Santiago (encabezado por Sergio Arellano Stark), hacia el sector Topater, donde junto a otros 26 detenidos fue fusilado y enterrado en el sector Quebrara del Buitre, en lugar no habilitado por el Código Sanitario.
Su cuerpo nunca fue entregado a la familia , que tampoco tuvo información sobre su muerte; visitó a su viuda el capellán del ejército Luis Jorquera Molina quien la informa que su cónyuge había tratado de huir, intento donde encontró la muerte; esos hechos no figuran en los documentos militares ni civiles de la época.
Durante, pues, 38 años, los deudos de Hernán Moreno Villarroel buscaron saber y que se haga justicia. Sus abogados no lo consiguieron.
El acto de ocultar la verdad, no es más que una forma de mentir. Y quien niega justicia a un inocente no hace más que participar y ser cómplice de aquella injusticia. Paradójicamente, esa ha sido —por casi dos décadas— el insólito comportamiento de los abogados de DDHH de Chile así como de aquellos que cumplen funciones en el denominado Programa de DDHH, dependiente del Ministerio del Interior (hoy encabezado por Rodrigo Hinzpeter Kirchberg).
Dentro del grupo de abogados de DDHH se encuentra el actual diputado por el Partido Comunista Hugo Gutiérrez Gálvez.
A fines de 1995 la fiscalía militar de Antofagasta —luego de un exhaustivo estudio de más de de cinco años— concluye con el reconocimiento de los restos óseos de las 26 personas ejecutadas en la ciudad de Calamaese 19 de octubre de 1973, entre los restos fueron reconocidos por el Servicio Médico Legal los del ex funcionario de Investigaciones y edecán del presidente Salvador Allende, Hernán Moreno Villarroel.
Su familia, entonces, estimó que había llegado finalmente la hora de interponer las acciones civiles en contra del Estado de Chile –representado actualmente por su Presidente de la República, sus ministros, y restantes funcionarios— puesto que el asesinato fue perpetrado por la comitiva de militares encabezada por el comandante Sergio Arellano Stark, entonces funcionario oficial del Estado y del gobierno.
Se acoge Demanda Rol 12.068 de 2011 en el 20° Juzgado Civil de Santiago
Para ello, y dado que los hechos respecto de la muerte de Hernán Moreno ya habían sido aclarados por el propio ejército por medio de distintos procesos iniciados desde fines de 1988, su esposa e hijas decidieron —por mandato notarial otorgado ante notario público de Copiapó en agosto de 1998— que fuera el abogado defensor de las víctimas de DDHH, Hugo Gutiérrez Gálvez, quien interpusiese las demandas civiles en contra del Fisco, con la finalidad que el Estado les reparase económicamente por tan amargo daño causado.
La vesania entonces no tuvo límite: un oficial encomendado por Arellano Stark en el sector de Topater (próximo a Calma), a las seis de la tarde del 19 de octubre de 1973, le ofreció a Hernán Moreno, correr en menos de dos minutos tras una colina para evitar la metralla de una UZI y de una AKA. No lo consiguió, tampoco otros dos prisioneros, que terminaron también ametrallados.
Así a fines de octubre de 1973 el capellán del ejército Jorquera Molina le dice a la viuda de Moreno que su marido había sido abatido por los militares tras aplicársele la Ley de Fuga porque —según el sacerdote— habría intentado escapar junto a otras personas detenidas y llevadas al sector de Topater.
Transcurrieron trece largos años, pero el abogado de DDHH Hugo Gutiérrez Gálvez nunca interpuso las prometidas demandas civiles, tampoco entregó informes escritos ni cuenta alguna sobre el avance de los procesos criminales. Molesta, por tanto, la familia con el proceder del hoy diputado Gutiérrez, así como de las constantes negativas de parte de los abogados del Programa de DDHH a proporcionar información por escrito sobre el proceso argumentando un “prolongado secreto de sumario” —tal como lo certificaran por escrito los jóvenes abogados de dicha entidad, Catalina Lagos y Francisco Javier Ugás— los deudos del ex edecán de Salvador Allende, deciden contratar en marzo del presente año otros servicios profesionales.
La oficina Mitrovic & Asociados pese a la nula cooperación de los abogados Hugo Gutiérrez Gálvez, Boris Paredes Bustos, y los funcionarios del Programa de DDHH, lograron reconstituir, en dos meses, las circunstancias del asesinato de Hernán Moreno Villarroel. Cabe considerar que los abogados de DDHH se negaron entregar incluso los números de los roles de las causas buscadas, que finalmente pudieron hallarse merced a la ayuda brindada por personal de la Policía de Investigaciones como la otorgada por Malvina Pinto, funcionaria del Poder Judicial, de otra manera la búsqueda bien se podría haber demorado años.
Acopiados todos los antecedentes, los informes emitidos en 1993 por el SML, los certificados confeccionados en octubre de 1974 por el médico del ejército, Luis Rojas Delzo —que demuestran tanto el fusilamiento como la sepultura ilegales, la abogada Ruzy Mitrovic con fecha 26 de mayo pasado, interpuso la demanda civil a favor de la familia Moreno Gutiérrez por Indemnización de daños y perjuicios causados por el Estado de Chile.
Dicho libelo recayó en el 20° juzgado civil de Santiago, a cargo de la magistrada Gabriela Silva Herrera, que con fecha 10 de junio, acogió en todas sus partes la demanda, certificando en su resolución que la cuantía requerida por la familia es por una suma que se sitúa en tornno de los US$ 2,87 millones. La acción civil quedó signada bajo la causa rol N° 12.068 de ese tribunal. Cabe recordar que el Estudio Mitrovic lleva, por casi tres años, la representación de 25 familias afectadas en el Caso Nutricomp ADN, en el que bien se puede denominar el juicio del siglo.
Sobre la responsabilidad del Estado chileno
Más allá que cuestionar por qué los abogados de DDHH han evitado interponer, por décadas, las acciones civiles en contra del Estado por hechos comprobados, debe señalarse que dentro de la teoría de la responsabilidad objetiva el Estado de Chile (que administra y en definitiva manda al ejército de Chile) es el obligado (el deudor), mientras que la familia de don Hernán Moreno Villarroel es el acreedor, de modo tal que existe la necesidad jurídica de que el Fisco compense económicamente a la familia de la víctima por los daños y perjuicios provocados entre la fecha del fusilamiento ilegal y la actualidad. El Estado es responsable por los daños provocados por el ejército y el problema se presenta entonces como una transferencia (desde la víctima) a otro (el responsable).
Addenda
Resulta extraño, por no decir sospechoso, que un general como Sergio Arellando Stark (quien después de su salida del Ejército en 1976, continuase su carrera como copropietario de la empresa Fanaloza y ligado al mundo de las operaciones financieras y bancarias), se haya dado la maña de perpetrar actos de genocidio pasando por sobre las instituciones militares, obviando la ley expresa y normativa vigente establecida en el CJM, e involucrando en aquellos ilícitos a personal militar de carrera, todos con grado de oficiales, que habían actuado profesionalmente, estableciendo interrogatorios y consejos de guerra, como fue el procedimiento y protocolo acorde seguido por personal de la Sección Segunda de Inteligencia compuesta –entre otros oficiales- por el mayor Luis Ravest San Martín, capitán Carlos Langer, teniente Hernán Núñez Manríquez, mas algunos otros suboficiales tales como don Misael Ramírez Pizarro; así como por el personal del Consejo de Guerra, conformado por personal tanto del Ejército como de Carabineros, todos del rango de oficiales, entre los que se encontraban: el mayor Carlos Robles Orellana, mayor Luis Aravena Romo, capitán César Zavala Verdugo, capitán Carlos Langer von Fustenberg, el secretario teniente Álvaro Romero Reyes, y los asesores jurídicos señores Oscar Mardones Oyarzun y Claudio Schultz. En ninguno de los procesos sustanciados por ambas entidades, se ordenó la pena de fusilamiento ni en contra de don Hernán Moreno Villarroel ni en contra de los restantes detenidos.
Los fusilamientos perpetrados en la ciudad de Calama no obedecen a un acto de fuerza en tiempos de guerra ni a la acción de un demente; el personal del ejército de Calama se opuso a seguir las órdenes dadas por Sergio Arellano, de modo que prácticamente los propios oficiales que a dicho comandante “loco” acompañaron tuvieron que realizar, ellos mismos, tan sórdidos asesinatos.
Y así como resulta incomprensible que un general desquiciado haya cometido tales atrocidades, de la misma manera resulta inconcebible que abogados de DDHH no hayan interpuesto las acciones civiles para que el Estado de Chile repare el daño causado; peor todavía, que hayan mantenido en el más absoluto secreto a las familias afectadas los documentos e informes a los que ellos por décadas, como en el caso de Hugo Gutiérrez Gálvez, tuvieron acceso.
Para no mencionar el silencio —o la complicidad— aportada por la prensa nacional —e internacional— que a veces se autodefinbe como el Cuarto Poder del Estado. Negar u ocultar una verdad, no es más que otra forma de mentir.
*Ingenierto físico, escritor, consultor.
Surysur
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