El dilema de la paz

Mirador edición de VOZ de la semana del 5 al 11 de mayo de 2010

*Carlos A. Lozano Guillén

Los candidatos presidenciales no han querido demarcarse de la “seguridad democrática” uribista para hacer una propuesta concreta de solución política negociada del largo conflicto colombiano, que no ha podido resolverse por la vía militar como lo ha pretendido la oligarquía en casi 6 décadas de la historia política del país. Los candidatos presidenciales, se aferran a la política guerrerista de Uribe Vélez, fracasada en ocho años de enorme esfuerzo militar con el apoyo de los gringos, con la vana pretensión de ganar votos en un país que algunos analistas creen derechizado.

Como lo dijo el sargento Pablo Emilio Moncayo el día de su liberación por decisión unilateral de la guerrilla, “las FARC son una realidad, están ahí…”. Lo han corroborado los estudios de la Corporación Arco Iris, que reflejan la presencia insurgente en la geografía nacional y la recomposición de sus fuerzas después de los duros golpes que recibió en los últimos ocho años de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. También lo registra el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido hace una semana, que desató la ira de la cancillería y de la Casa de Nariño.

El dilema de la paz para los candidatos presidenciales no es entre solución política o militar. La victoria militar del Estado es lo determinante. De alguna forma excluyen los diálogos de paz, aunque con matices entre ellos. Gustavo Petro, por ejemplo, a quien apoyamos, pero con diferencias en aspectos fundamentales y de distinta interpretación del Ideario de Unidad, cree que deben hacerse las reformas y someter a la guerrilla. Es una variante de “izquierda” de la vieja tesis tradicional de darle duro a los alzados en armas para llevarlos derrotados a la mesa de negociación. En este caso la mesa es para firmar la rendición o la desmovilización. Petro eleva a paradigma el modelo de paz con el M19 y otros grupos guerrilleros que se desmovilizaron en la década de los años noventa del siglo pasado, que suscribieron la desmovilización a cambio de la Constituyente. La Constitución del 91 que estableció los derechos fundamentales y el Estado Social de Derecho a la par de los capítulos sociales y económicos que adoptaron el mercado neoliberal antipopular, no significó una paz general y menos aún profundas reformas políticas y sociales. Es más, lo positivo de esa Carta Política ya no existe. La clase dominante le puso conejo al M19 y al resto de organizaciones desmovilizadas.

La paz negociada implica cambios en la sociedad. Construir un nuevo país sobre bases sólidas democráticas y de justicia social. Tienen que pactarse con los insurgentes y la sociedad colombiana, que debe ser parte activa en los diálogos. Es el vacío que tiene la reciente propuesta de la Iglesia Católica, interesante pero insuficiente.

carloslozanogui@etb.net.co

El Primero de Mayo y la lucha popular

Editorial VOZ de la semana del 5 al 11 de mayo de 2010
El Primero de Mayo del presente año, que movilizará a millones de trabajadores colombianos, hombres y mujeres, en todo el país, se realiza en condiciones favorables para la lucha popular. Es evidente el desmoronamiento del régimen autoritario uribista, sumido en contradicciones internas por los distintos intereses de los partidos que lo apoyan y se acrecienta el desgaste de Álvaro Uribe Vélez al que algunos consideraban inatajable e invencible.

Por primera vez, esta semana, las encuestas colocan a Antanas Mockus con 38 por ciento de la intención de voto, nueve puntos más que Juan Manuel Santos (29 por ciento), quien, desesperado, regañó a la bancada parlamentaria del Partido de la U. Noemí Sanín tiene 11 por ciento, Gustavo Petro 5 por ciento y Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo 3 por ciento, entre los mejor calificados. Refleja que el respaldo se aleja del uribismo y el continuismo. Así el profesor Mockus, neoliberal y simpatizante de la “seguridad democrática”, no sea una persona confiable. Siga..

Gobierno colombiano ejerce ''terrorismo de Estado'' en caso de chuzadas

El especialista Alberto Cienfuegos insistió en que el DAS ''se trata de una empresa y de una acción criminal agenciada por el Estado'' y consideró que si bien la justicia de su país no lo atiende, debe hacerlo la justicia internacional.

Desde Bogotá, el politólogo colombiano, Alberto Cienfuegos, expresó que el Gobierno de su país ejerce un "terrorismo de Estado" ante las interceptaciones o "chuzadas" realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de esa nación.

"Creo que el Gobierno Nacional minimiza el asunto (de las interceptaciones de llamadas o "chuzadas"), estamos ante una empresa criminal agenciada por el Estado, eso en cualquier latitud se llama terrorismo de Estado", observó.

Cienfuegos aseguró en entrevista exclusiva para teleSUR que ese sistema era empleado por el Gobierno "para perseguir a la oposición, a la rama judicial y para perseguir a periodistas independientes".

Dijo que se trata de un propósito criminal de alterar la naturaleza del Estado colombiano al servicio de sectores vinculados al narco paramilitarismo.

"Esta es una historia reciente, de los últimos 8 años, donde el primer director del DAS del Gobierno de Uribe, Jorge Noguera, ha sido vencido judicialmente con el paramilitarismo" y agregó que buena parte de las estructuras del DAS fueron puestas al servicio del paramilitarismo. Siga..

Chávez y Fernández suscribirán acuerdos de cooperación

El jefe de Estado venezolano se reunió a puertas cerradas con el ex presidente hondureño, Manuel Zelaya, quien se encuentra desde el pasado 27 de enero en la isla caribeña. Se espera que Venezuela y República Dominicana oficialicen la compra del 49 por ciento de la empresa Refidomsa. Siga..