Revista virtual Izquierda No. 1 mayo de 2010
Por: Carlos A. Lozano Guillén
Los candidatos presidenciales y el Gobierno Nacional dejaron por fuera de la agenda política nacional, los temas del intercambio humanitario y de la solución política negociada del conflicto. Todos los candidatos en campaña, de alguna manera, apoyan la “seguridad democrática” uribista, entendida como instrumento de guerra y de solución militar del conflicto.
Para Juan Manuel Santos, Antanas Mockus, Noemí Sanín y Germán Vargas Lleras, no es posible el intercambio humanitario y descartan los diálogos con la guerrillas, la única opción es la guerra, persistir en los operativos militares de gran escala, incluyendo los de rescate de los militares y policías en poder de las FARC, hasta lograr la rendición y la desmovilización de los insurgentes. Es la continuidad de los ocho años de “seguridad democrática” a cuyo amparo se lanzó el Plan Patriota, presentado por la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, en 2002, como el eje de la victoria contra las FARC en seis meses de cruentas batallas hasta llegar a la “madre de todas las batallas” en la cual quedarían pulverizadas las estructuras de la guerrilla. Entre tanto, Uribe Vélez continúa ordenando a los militares incrementar los operativos de fuerza, magnificando “la personalidad” de los guerrilleros muertos, mientras ocultan las bajas propias, divulgadas en los comunicados de las FARC. Quiere dar el “parte de victoria” antes del siete de agosto próximo, cuando tiene que abandonar la Casa de Nariño contra su voluntad.
Rafael Pardo, Jaime Araújo y Gustavo Petro, aunque le dan algún espacio a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla, se apoyan en lo “positivo” de la “seguridad democrática”, para obligarla a llegar en condiciones de vencida a la mesa de conversaciones. Petro, inclusive, como Uribe, se niega a reconocer la existencia del conflicto. Para él lo que hay es una “violencia”, originada en las condiciones sociales de desigualdad y de miseria. “La equidad social es la manera de superar la violencia”, dice el candidato del Polo Democrático Alternativo, en una especie de “visión de izquierda” de la “seguridad democrática”, que significa un matiz distinto a las variantes uribistas de los candidatos presidenciales, pero limitada en la necesidad de plantear como opción la solución política negociada del conflicto.
Lo cierto es que fracasó la “seguridad democrática” en los ocho años de gobierno uribista, a pesar de los cuantiosos recursos que aportó el Plan Colombia, el Pentágono yanqui y el Presupuesto Nacional para la guerra. Los noventa días de Martha Lucía Ramírez no pasaron de ser un anuncio arrogante y triunfalista, porque todavía está por venir la “madre de todas las batallas”. La guerrilla logró recomponerse a los golpes que le propinaron las Fuerzas Militares y está muy lejos del fin del fin anunciado por el general Freddy Padilla de León. Inclusive, el cuadro de la confrontación armada es preocupante en estos días de campaña electoral en que los combates aumentan en el Cauca, sur del Tolima, Nariño, Caquetá, Huila, Meta y Arauca, por lo menos.
Las FARC –el ELN también- son realidades nacionales, como lo reconoció el sargento Pablo Emilio Moncayo el día de su liberación, en un conflicto que no ha sido modificado en su origen, aún en las condiciones de degradación que refleja, de las causas políticas, sociales, económicas e históricas. No estamos, pues, ante una “violencia” más de las tantas que ha padecido Colombia, es, ciertamente, violencia, pero en el marco de un conflicto que tiene una naturaleza política, social y armada. En estas condiciones, la única manera de resolverlo es por la vía política, de acuerdos de paz entre el Estado, la insurgencia y la sociedad colombiana que no es ajena al conflicto y menos a las soluciones democráticas para superarlo.
El fracaso de la “seguridad democrática” y de la vía militar para resolver el conflicto, seguramente pondrá en el debate el tema del intercambio y de la paz, a partir del siete de agosto con el nuevo Gobierno. La debilidad del uribismo, en particular del “heredero del trono” que cuenta con todo el apoyo de la Casa de Nariño y de las gabelas oficiales, de alguna manera refleja el agotamiento de las políticas de fuerza, aún en sectores de la burguesía colombiana que se unirán a otras formas de solución pacífica.
En la campaña, los medios de comunicación, llevaron a los candidatos a dos temas principales: la guerra contra las FARC y el ataque a Venezuela y al presidente Chávez. Todos, sin excepción, cayeron en la celada, creyendo que la dureza y la actitud belicista es la que da votos, sobre todo cuando las encuestas, que polarizan la campaña, les da pocas probabilidades a otros candidatos y mantiene incólume la “enorme popularidad de Uribe”. En realidad, hay encuestas, poco publicitadas, que se inclinan por el intercambio humanitario y la paz negociada.
Es una nueva oportunidad para la salida política mediante los diálogos con la insurgencia. Lo plantea la Iglesia Católica que se “desmarca” del guerrerismo que está de moda. Así como también lo refleja la persistencia de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, que conquistaron, pese al saboteo oficial, la liberación unilateral por parte de las FARC de varios rehenes, incluyendo militares y policías.
Es una realidad que afrontará el nuevo Gobierno, cualquiera que sea. Intercambio humanitario sin tantas arandelas y obstáculos; así como abrir un espacio de negociación de paz con las guerrillas, pues en las condiciones actuales, dados los acercamientos de las FARC y del ELN, ésta tendría la ventaja de una guerrilla unida en la mesa de diálogo y de negociación.
La oligarquía dominante debe examinar muy bien si insiste en la “línea dura” de la “seguridad democrática” que prolongó la guerra y precarizó la democracia o acoge un camino distinto, de acercamientos con la guerrilla y de soluciones democráticas y pacíficas. La oligarquía debe superar la mezquindad con el pueblo colombiano de preferir el camino de la violencia y la confrontación al de soluciones políticas, sociales y económicas progresistas.
*Director de VOZ. Dirigente del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo
Bogotá D.C. 10 de mayo de 2010
Para Juan Manuel Santos, Antanas Mockus, Noemí Sanín y Germán Vargas Lleras, no es posible el intercambio humanitario y descartan los diálogos con la guerrillas, la única opción es la guerra, persistir en los operativos militares de gran escala, incluyendo los de rescate de los militares y policías en poder de las FARC, hasta lograr la rendición y la desmovilización de los insurgentes. Es la continuidad de los ocho años de “seguridad democrática” a cuyo amparo se lanzó el Plan Patriota, presentado por la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, en 2002, como el eje de la victoria contra las FARC en seis meses de cruentas batallas hasta llegar a la “madre de todas las batallas” en la cual quedarían pulverizadas las estructuras de la guerrilla. Entre tanto, Uribe Vélez continúa ordenando a los militares incrementar los operativos de fuerza, magnificando “la personalidad” de los guerrilleros muertos, mientras ocultan las bajas propias, divulgadas en los comunicados de las FARC. Quiere dar el “parte de victoria” antes del siete de agosto próximo, cuando tiene que abandonar la Casa de Nariño contra su voluntad.
Rafael Pardo, Jaime Araújo y Gustavo Petro, aunque le dan algún espacio a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla, se apoyan en lo “positivo” de la “seguridad democrática”, para obligarla a llegar en condiciones de vencida a la mesa de conversaciones. Petro, inclusive, como Uribe, se niega a reconocer la existencia del conflicto. Para él lo que hay es una “violencia”, originada en las condiciones sociales de desigualdad y de miseria. “La equidad social es la manera de superar la violencia”, dice el candidato del Polo Democrático Alternativo, en una especie de “visión de izquierda” de la “seguridad democrática”, que significa un matiz distinto a las variantes uribistas de los candidatos presidenciales, pero limitada en la necesidad de plantear como opción la solución política negociada del conflicto.
Lo cierto es que fracasó la “seguridad democrática” en los ocho años de gobierno uribista, a pesar de los cuantiosos recursos que aportó el Plan Colombia, el Pentágono yanqui y el Presupuesto Nacional para la guerra. Los noventa días de Martha Lucía Ramírez no pasaron de ser un anuncio arrogante y triunfalista, porque todavía está por venir la “madre de todas las batallas”. La guerrilla logró recomponerse a los golpes que le propinaron las Fuerzas Militares y está muy lejos del fin del fin anunciado por el general Freddy Padilla de León. Inclusive, el cuadro de la confrontación armada es preocupante en estos días de campaña electoral en que los combates aumentan en el Cauca, sur del Tolima, Nariño, Caquetá, Huila, Meta y Arauca, por lo menos.
Las FARC –el ELN también- son realidades nacionales, como lo reconoció el sargento Pablo Emilio Moncayo el día de su liberación, en un conflicto que no ha sido modificado en su origen, aún en las condiciones de degradación que refleja, de las causas políticas, sociales, económicas e históricas. No estamos, pues, ante una “violencia” más de las tantas que ha padecido Colombia, es, ciertamente, violencia, pero en el marco de un conflicto que tiene una naturaleza política, social y armada. En estas condiciones, la única manera de resolverlo es por la vía política, de acuerdos de paz entre el Estado, la insurgencia y la sociedad colombiana que no es ajena al conflicto y menos a las soluciones democráticas para superarlo.
El fracaso de la “seguridad democrática” y de la vía militar para resolver el conflicto, seguramente pondrá en el debate el tema del intercambio y de la paz, a partir del siete de agosto con el nuevo Gobierno. La debilidad del uribismo, en particular del “heredero del trono” que cuenta con todo el apoyo de la Casa de Nariño y de las gabelas oficiales, de alguna manera refleja el agotamiento de las políticas de fuerza, aún en sectores de la burguesía colombiana que se unirán a otras formas de solución pacífica.
En la campaña, los medios de comunicación, llevaron a los candidatos a dos temas principales: la guerra contra las FARC y el ataque a Venezuela y al presidente Chávez. Todos, sin excepción, cayeron en la celada, creyendo que la dureza y la actitud belicista es la que da votos, sobre todo cuando las encuestas, que polarizan la campaña, les da pocas probabilidades a otros candidatos y mantiene incólume la “enorme popularidad de Uribe”. En realidad, hay encuestas, poco publicitadas, que se inclinan por el intercambio humanitario y la paz negociada.
Es una nueva oportunidad para la salida política mediante los diálogos con la insurgencia. Lo plantea la Iglesia Católica que se “desmarca” del guerrerismo que está de moda. Así como también lo refleja la persistencia de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, que conquistaron, pese al saboteo oficial, la liberación unilateral por parte de las FARC de varios rehenes, incluyendo militares y policías.
Es una realidad que afrontará el nuevo Gobierno, cualquiera que sea. Intercambio humanitario sin tantas arandelas y obstáculos; así como abrir un espacio de negociación de paz con las guerrillas, pues en las condiciones actuales, dados los acercamientos de las FARC y del ELN, ésta tendría la ventaja de una guerrilla unida en la mesa de diálogo y de negociación.
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*Director de VOZ. Dirigente del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo
Bogotá D.C. 10 de mayo de 2010
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