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El Espectador comienza a revelar la información diplomática filtrada a wikileaks sobre Colombia. Este domingo, el surgimiento del escándalo de la parapolítica.
La génesis de las bandas criminales
El escándalo de los cables de Wikileaks deja ver cómo en 2006 la Embajada de Estados Unidos en Colombia parecía un confesionario. La parapolítica se vino como un alud y cada quien dio su versión al embajador William B. Wood.
El 29 de noviembre de 2006, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood, envió a Washington un largo reporte sobre el impacto que estaba sufriendo el gobierno Uribe y los políticos a raíz de las investigaciones de la parapolítica que apenas comenzaban. En el mismo cable incluyó las preocupaciones del alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre la crisis del proceso de negociación con las autodefensas, dejando ver la misma preocupación que hoy viven las autoridades: el auge de nuevas organizaciones criminales.
Recogiendo comentarios de Luis Carlos Restrepo, el documento expresa que el gobierno Uribe apoya las investigaciones de la parapolítica, pero está pagando un elevado costo político e institucional, porque muchos de los congresistas investigados son miembros de la coalición de gobierno. Restrepo manifestó que el peligro era que la oposición explotara la parapolítica para sacar ventaja y dijo que le pidió a Uribe que tratara de llegar a un acuerdo con el Polo y el Partido Liberal para un manejo coordinado que evitara el daño institucional.
Para lograr ese acuerdo, insistió Restrepo, habría que darles ventajas concretas, es decir, puestos en el Gobierno y “un compromiso de avanzar en las investigaciones sin importar hasta dónde puedan llegar”. Pero Restrepo admitió en la Embajada de Estados Unidos en Colombia que el hecho de no haber podido capturar a Vicente Castaño —en ese momento disidente del proceso de paz—, la impotencia del Gobierno para prevenir el surgimiento de nuevos grupos criminales y la lenta implementación de la Ley de Justicia y Paz en la Fiscalía, exacerbaban el problema.
En concreto, Restrepo comentó que los líderes paramilitares en La Ceja se sentían atrapados y no se podían poner de acuerdo en una estrategia común. Pero el grupo de La Ceja estaba buscando el liderazgo de Vicente Castaño, al punto de que su carta acusando al Gobierno de violar los acuerdos de paz fue consultada con los demás detenidos. El alto comisionado agregó que se negó a reunirse con Vicente Castaño y que es difícil capturarlo porque está muy bien financiado y protegido. Recalcó que Jorge 40 y Macaco estaban perdiendo el control y, como los demás, temían a los nuevos grupos emergentes.
En general, el año 2006, además de los debates electorales para renovar el Congreso y escoger Presidente, con reelección a bordo, se vio cruzado por la crisis creciente del proceso de paz con las autodefensas y los cíclicos rumores de investigaciones judiciales por nexos entre la política y el paramilitarismo. Eso explica el reporte enviado por el embajador Wood a Washington en el mes de febrero, en el que explica una curiosa coincidencia de tres líderes políticos preocupados por el mismo tema: la posibilidad de que fueran revocadas sus visas.
Los tres personajes fueron el entonces senador Mario Uribe, el dirigente conservador Carlos Holguín y el hoy gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La revista Cambio había publicado un artículo donde se decía que a varios políticos les serían revocadas sus visas si no removían de sus listas a candidatos parapolíticos. El cable dice que Mario Uribe era el más preocupado de los tres y que le presentó al embajador una lista con 11 de sus candidatos preguntándole a quién debía sacar y que lo haría con todos sobre los que Estados Unidos tuviera alguna duda.
El reporte del embajador explica cuál era el afán de Mario Uribe: necesitaba su visa porque tenía tres hijos viviendo en Estados Unidos. Por eso ofreció renunciar al Senado y a su carrera política si esa era la única manera de mantener su visa. El cable advierte que los tres políticos pidieron cita al embajador por separado. Holguín se limitó a explicar los procedimientos que estaban siguiendo para cumplir con la exigencia, pero Luis Alfredo Ramos fue más allá, y de entrada resaltó la posición de su partido pro Estados Unidos y sus nexos con el sector privado.
Aclaró que no tenían fundamento las informaciones, según las cuales al general Rito Alejo del Río, a quien se le había cancelado la visa por sospecha de actividades de narcotráfico, iba a entrar a su partido. Y para diferenciarse, comentó que Mario Uribe sí había dejado una tronera por ser demasiado abierto para recibir a cualquiera. El cable agrega que el embajador les dijo que Estados Unidos no estaba revisando las listas de candidatos, que eso era responsabilidad de los líderes de los partidos y que los procedimientos de visados seguían su curso normal sin relación con las elecciones colombianas, pero que no podía ofrecerles garantías.
De principio a fin, 2006 fue un año de decisiones trascendentales. Una prueba suficiente: el examen de constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz, que en el mes de mayo tumbó la columna vertebral del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas. En la antesala, el entonces procurador general de la Nación, Edgardo Maya, visitó la Embajada de Estados Unidos y dejó sus impresiones sobre lo que estaba pasando en el país. El embajador Wood transformó sus comentarios en un reporte con interpretaciones políticas.
Maya anticipó en la Embajada que pensaba enviar un concepto negativo a la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, pero que la Corte la iba a aprobar por razones políticas. Y añadió que si ya había aprobado la reelección presidencial, no tenía otra opción que aceptar la Ley de Justicia y Paz, porque era un pilar de la Presidencia de Álvaro Uribe. Acto seguido la emprendió contra el jefe del Estado, de quien dijo estaba rompiendo todas las reglas electorales, en particular el uso de bienes estatales y la transmisión por televisión de sus consejos comunales.
Luego explicó por qué el presidente Uribe obraba en esa forma: para provocar el rechazo de la oposición y luego jugar la carta de victimizarse. Sin embargo, Maya añadió que sería la primera y última reelección, porque pronto el público iba a cansarse de la mano dura de Uribe. El reporte del embajador describió a Maya como enemigo político de Uribe y portavoz constante de los pesos pesados del campo antiuribista. Por eso Wood advirtió que sus comentarios debían ponerse en ese contexto, pero también tomar nota sobre sus observaciones sobre Justicia y Paz.
La columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz, es decir, el camino expedito de las autodefensas al Congreso, se cayó en mayo. La crisis en el proceso de paz con el paramilitarismo, con sus disidencias, crímenes, nexos con el narcotráfico y rifirrafe con el Gobierno, se volvió protagónica. El escándalo de la parapolítica se veía venir. Finalmente estalló entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Las informaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia de esos días dejan ver cómo se vivió ese momento tenso de la historia reciente de Colombia.
En noviembre de 2006, por ejemplo, la Embajada envió un cable con comentarios diversos. El exsecretario del Partido Liberal José Noé Ríos admitió que él y sus copartidarios esperaban que algunos de su colectividad cayeran. A su vez, el entonces senador Jaime Dussán aceptó que no le extrañaría que al menos uno del Polo apareciera. Pero sin duda los más afectados eran los partidos de la coalición de gobierno. En concreto, Óscar Iván Zuluaga expresó que el Partido de la U estaba viviendo una crisis existencial y podía desplomarse.
Ya para diciembre, el tema estaba al rojo vivo y el dilema político era la presencia de la canciller María Consuelo Araújo en el Gobierno, mientras se daba por hecho que su hermano, el entonces senador Álvaro Araújo, iba a ser vinculado a las investigaciones de la Corte. Por eso, en diciembre de 2006, la Embajada envió un detallado informe sobre el caso, documentando los detalles del debate en el Congreso donde pidieron su renuncia y ella se defendió manifestando que tenía el respaldo del presidente Uribe.
El cable indica que muchos aliados del Gobierno defendieron a la canciller, pero que después admitieron que seguramente tendría que irse, y que lo haría en uno o dos meses como parte de una recomposición del gabinete para aminorar los efectos políticos. El reporte incluyó la postura del senador Luis Guillermo Vélez, quien después de obrar como uno de los principales defensores de la canciller en el debate del Congreso, le comentó a la Embajada que María Consuelo Araújo tendría que renunciar muy pronto. Y estuvieron de acuerdo Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas y Efraín Cepeda.
En medio de las discrepancias políticas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia dejó consignado qué pensaban en ese momento tres de los altos funcionarios de la justicia, los organismos de seguridad y la Policía sobre el caso Araújo. El fiscal Mario Iguarán, por ejemplo, confirmó que Sergio y Ana María Araújo estaban siendo investigados por posibles nexos con Jorge 40 , pero el general Óscar Naranjo y el entonces director del DAS, Andrés Peñate, dejaron claro ante la Embajada que no tenían evidencias de nexos de Álvaro Araújo con actos criminales.
Y mientras la parapolítica daba de qué hablar en Estados Unidos, el malogrado proceso de paz con las autodefensas ocupaba la máxima atención de Washington. Una prueba fue un cable remitido en diciembre de 2006 con los comentarios de primera mano del jefe de la misión de apoyo de la OEA para este proceso, Sergio Caramagna, quien le dijo textualmente al embajador Wood que nunca se hubiera imaginado ver a los líderes paramilitares tras las rejas, pero que entonces más que nunca, con el Gobierno sobre ellos, eran más vulnerables.
En su reporte a Washington, basado en las observaciones de Caramagna, el embajador Wood detalló uno de los aspectos que la sociedad colombiana intuyó, pero no supo en detalle: la división de los jefes ‘paras’. Un grupo moderado liderado por Ramón Isaza y Salvatore Mancuso, y otro radical y mucho más grande orientado por Ernesto Báez y alias Macaco. Con un comentario adicional de Caramagna: Macaco era el jefe con mayores seguidores y repartía vales con valor monetario por fuera de la cárcel. “Si se queda seis meses en Itagüí terminará controlando el penal”, aseguró.
En contraste, Caramagna describió a Mancuso como un hombre solo que temía por su vida. Así quedó escrito en el cable de la Embajada a Washington, con otros detalles. Que actuaba fuerte frente a los demás, pero que cuando estaba a solas parecía un niño asustado, siempre al borde de un colapso nervioso y con ganas de confesarlo todo, pero con miedo. Caramagna lo comparó con Carlos Castaño, a quien mataron sus compañeros cuando sospecharon que iba a contar la verdad sobre el grupo de las autodefensas en Estados Unidos.
En otro reporte del mismo diciembre, Caramagna contó a la Embajada, y ésta lo transmitió a Washington, que los jefes paramilitares habían admitido que aún podía contralor a sus excomandantes de medio nivel, pero que se sentían solos y resentidos. De todos modos, la misión de la OEA mantuvo informada a la Embajada sobre la emergencia que significaban 22 nuevos grupos criminales, especialmente integrados por excombatientes del bloque Norte, con sus estructuras intactas y, en ciertas regiones, con cooperación de las fuerzas de seguridad.
El año terminó con paranoia absoluta. La prueba es un reporte de 2006, en el cual la Embajada de Estados Unidos advierte que políticos de distintas tendencias han coincidido en la preocupación de que los exparamilitares pudieran lanzar una campaña de asesinatos de alto nivel para bajar la presión del castigo por sus crímenes. El general Óscar Naranjo comentó que los asesores presidenciales Fabio Valencia y Bernardo Moreno habían comentado su preocupación de que asesinaran a alguna figura pública, como la entonces senadora Piedad Córdoba o Gustavo Petro.
Otros manifestaron que los promotores de las acciones violentas podrían ser miembros de la Fuerza Pública para prevenir que sus miembros fueran ligados a los paramilitares. En particular, el entonces senador del Polo Democrático Gustavo Petro comentó que temía por un magnicidio que podría tener como objetivo o él o el presidente Uribe. Con un detalle en su comentario, que esa acción podía ser provocada por miembros de la Policía o del Ejército que estaban en riesgo de ser expuestos en sus nexos con los grupos paramilitares.
En medio de las especulaciones, el presidente Uribe se reunió con Wood, y de ese encuentro el diplomático envió un reporte en el que observó cómo Uribe se comparaba con sus antecesores y, respecto al expresidente Gaviria y su ministro Pardo dijo que criticaban su proceso con las autodefensas, pero habían hecho poco contra esos grupos. Además agregó que si probaba que los presos de La Ceja habían ordenado asesinatos, los iba a remover de Justicia y Paz, transferir a cárceles y extraditarlos. Y pidió acelerar los pedidos de extradición para él presionar a los ‘paras’.
En general, 2006 fue un año de revelaciones y desenlaces. Los errores del proceso de paz con las autodefensas y la laxitud de la Ley de Justicia y Paz terminaron por pasarles la cuenta de cobro a los políticos. Y ese reajuste se vivió cuando el expresidente Uribe hacía tránsito entre su primer y segundo mandato. El saldo, aún vigente, fue la parapolítica. La letra menuda de este doloroso proceso quedó consignado en los reportes que la Embajada de Estados Unidos hizo a Washington, y ahora se conocen gracias al aporte del portal Wikileaks.
Cronología
Entre el primero y segundo gobierno Uribe
Enero 2006
Una comisión del gobierno Uribe, creada para constatar la situación anómala de la entidad estatal, admitió que el DAS fue vulnerable a extrañas infiltraciones. Tres meses atrás habían salido del organismo el director Jorge Noguera Cotes y el subdirector José Miguel Narváez.
Enero
La corporación Nuevo Arco Iris publicó un estudio sobre las elecciones parlamentarias de 2002 y demostró que hubo situaciones atípicas, como candidatos únicos y raros cambios en tendencia política. Meses después, fue clave para las investigaciones de la parapolítica.
Enero
Se desmoviliza jefe paramilitar Hernán Giraldo. Oficialmente se dice que ya van 21.300 desmovilizados, en un proceso que empezó en noviembre de 2003, con la entrega de alias ‘Don Berna’. En ese momento faltaban ‘El Alemán’, Ramón Isaza, ‘Jorge 40’, ‘Jorge Pirata’, entre otros.
Febrero
La empresaria del chance en los departamentos de Bolívar, Sucre y Magdalena, Enilse López, más conocida como ‘La Gata’, fue capturada. La mujer fue acusada de nexos con los grupos paramilitares en la Costa Atlántica. Fue condenada por concierto para delinquir en 2011.
Abril
Estalla escándalo por las revelaciones del exjefe de Informática del DAS, Rafael García, quien acusó a Jorge Noguera de haber convertido el organismo en apoyo del paramilitarismo. García ratifica que existieron distritos electorales para posicionar candidaturas al Congreso.
Mayo
La Corte Constitucional tumbó artículos claves de la Ley de Justicia y Paz, creada en el proceso de paz con las autodefensas. En especial, cayó la posibilidad de que desmovilizados fueran calificados como sediciosos, lo cual les hubiera permitido llegar al Congreso.
Junio
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió a la Procuraduría un aumento de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de personal del Ejército. Meses después fue el comienzo del escándalo de los falsos positivos.
Junio
Caída de la columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz desató crisis en el proceso de paz con las autodefensas. Varios desmovilizados volvieron a las armas y los principales jefes tuvieron que ser recluidos en un mismo lugar. El gobierno Uribe buscó salida jurídica a la crisis con el paramilitarismo.
Agosto
Álvaro Uribe asumió su segundo mandato con un Congreso de mayorías uribistas. Lo posesionó el presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, el máximo elector. La Cámara quedó presidida por William Vélez. Hoy, ambos son investigados por la Corte Suprema.
Septiembre
El jefe paramilitar Vicente Castaño anunció que sólo vuelve a entregarse cuando el escenario del proceso de paz con el gobierno Uribe vuelva a lo que existía antes del fallo contra la Ley de Justicia y Paz. Se desató, además, guerra entre los propios jefes desmovilizados.
Octubre
La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigue a varios congresistas por supuestos nexos con el líder paramilitar ‘Jorge 40’. Son Zulema Jattin, Álvaro García, Dieb Maloof y Vicente Blel. A su vez, el senador Gustavo Petro avanzó en sus debates sobre la parapolítica.
Octubre
Un carro bomba estalló en un parqueadero de la Universidad Militar Nueva Granada. El presidente Uribe revocó autorización para buscar con las Farc un acuerdo humanitario y pidió a la Fuerza Pública lucha frontal contra los paramilitares que no quisieron entregarse.
Noviembre
Corte emprendió investigación contra cinco congresistas de la costa. Dieb Maloof, José Gamarra, Alfonso Campo, Salomón Saad y Jorge Luis Caballero. Arrancó el escándalo de la parapolítica. Se anunciaron pesquisas contra otros parlamentarios de la misma región.
Noviembre
Empezaron a proliferar testigos alrededor de los procesos de la parapolítica. El más sonado fue Jairo Antonio Castillo Peralta, conocido como ‘Pitirri’. Inicialmente, señaló a los excongresistas de Sucre, pero meses después lo hizo contra el exsenador antioqueño Mario Uribe Escobar.
Noviembre
El presidente Álvaro Uribe rompió su silencio ante la crisis y formuló un llamado a los congresistas para que por su propia iniciativa acudieran a la justicia a contar la verdad. La clase política en revuelo por cuenta del escándalo y la oposición alentando las pesquisas de la justicia.
Diciembre
Encrucijada de la canciller María Consuelo Araújo ante la decisión de la Corte de indagar la conducta de su hermano, el entonces senador Álvaro Araújo. El congresista se defendió manifestando que habló con ‘Jorge 40’ porque quería preservar su vida de la amenaza paramilitar.
Diciembre
Tras su detención en Italia, bajo cargos de narcotráfico, el empresario Giorgio Sale se convirtió en un incómodo personaje. Se conocieron sus relaciones de amistad con altos miembros del poder judicial y, con el paso de las semanas, sus nexos con jefes paramilitares.
Diciembre
El año 2006 concluyó con el rumor de más investigados por la parapolítica, la guerra desatada entre jefes de las autodefensas, la crisis en el proceso de paz con los grupos paramilitares y el desprestigio del DAS por las revelaciones de nexos con los grupos de autodefensa.
Elespectador.com
La génesis de las bandas criminales
El escándalo de los cables de Wikileaks deja ver cómo en 2006 la Embajada de Estados Unidos en Colombia parecía un confesionario. La parapolítica se vino como un alud y cada quien dio su versión al embajador William B. Wood.
El 29 de noviembre de 2006, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood, envió a Washington un largo reporte sobre el impacto que estaba sufriendo el gobierno Uribe y los políticos a raíz de las investigaciones de la parapolítica que apenas comenzaban. En el mismo cable incluyó las preocupaciones del alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre la crisis del proceso de negociación con las autodefensas, dejando ver la misma preocupación que hoy viven las autoridades: el auge de nuevas organizaciones criminales.
Recogiendo comentarios de Luis Carlos Restrepo, el documento expresa que el gobierno Uribe apoya las investigaciones de la parapolítica, pero está pagando un elevado costo político e institucional, porque muchos de los congresistas investigados son miembros de la coalición de gobierno. Restrepo manifestó que el peligro era que la oposición explotara la parapolítica para sacar ventaja y dijo que le pidió a Uribe que tratara de llegar a un acuerdo con el Polo y el Partido Liberal para un manejo coordinado que evitara el daño institucional.
Para lograr ese acuerdo, insistió Restrepo, habría que darles ventajas concretas, es decir, puestos en el Gobierno y “un compromiso de avanzar en las investigaciones sin importar hasta dónde puedan llegar”. Pero Restrepo admitió en la Embajada de Estados Unidos en Colombia que el hecho de no haber podido capturar a Vicente Castaño —en ese momento disidente del proceso de paz—, la impotencia del Gobierno para prevenir el surgimiento de nuevos grupos criminales y la lenta implementación de la Ley de Justicia y Paz en la Fiscalía, exacerbaban el problema.
En concreto, Restrepo comentó que los líderes paramilitares en La Ceja se sentían atrapados y no se podían poner de acuerdo en una estrategia común. Pero el grupo de La Ceja estaba buscando el liderazgo de Vicente Castaño, al punto de que su carta acusando al Gobierno de violar los acuerdos de paz fue consultada con los demás detenidos. El alto comisionado agregó que se negó a reunirse con Vicente Castaño y que es difícil capturarlo porque está muy bien financiado y protegido. Recalcó que Jorge 40 y Macaco estaban perdiendo el control y, como los demás, temían a los nuevos grupos emergentes.
En general, el año 2006, además de los debates electorales para renovar el Congreso y escoger Presidente, con reelección a bordo, se vio cruzado por la crisis creciente del proceso de paz con las autodefensas y los cíclicos rumores de investigaciones judiciales por nexos entre la política y el paramilitarismo. Eso explica el reporte enviado por el embajador Wood a Washington en el mes de febrero, en el que explica una curiosa coincidencia de tres líderes políticos preocupados por el mismo tema: la posibilidad de que fueran revocadas sus visas.
Los tres personajes fueron el entonces senador Mario Uribe, el dirigente conservador Carlos Holguín y el hoy gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La revista Cambio había publicado un artículo donde se decía que a varios políticos les serían revocadas sus visas si no removían de sus listas a candidatos parapolíticos. El cable dice que Mario Uribe era el más preocupado de los tres y que le presentó al embajador una lista con 11 de sus candidatos preguntándole a quién debía sacar y que lo haría con todos sobre los que Estados Unidos tuviera alguna duda.
El reporte del embajador explica cuál era el afán de Mario Uribe: necesitaba su visa porque tenía tres hijos viviendo en Estados Unidos. Por eso ofreció renunciar al Senado y a su carrera política si esa era la única manera de mantener su visa. El cable advierte que los tres políticos pidieron cita al embajador por separado. Holguín se limitó a explicar los procedimientos que estaban siguiendo para cumplir con la exigencia, pero Luis Alfredo Ramos fue más allá, y de entrada resaltó la posición de su partido pro Estados Unidos y sus nexos con el sector privado.
Aclaró que no tenían fundamento las informaciones, según las cuales al general Rito Alejo del Río, a quien se le había cancelado la visa por sospecha de actividades de narcotráfico, iba a entrar a su partido. Y para diferenciarse, comentó que Mario Uribe sí había dejado una tronera por ser demasiado abierto para recibir a cualquiera. El cable agrega que el embajador les dijo que Estados Unidos no estaba revisando las listas de candidatos, que eso era responsabilidad de los líderes de los partidos y que los procedimientos de visados seguían su curso normal sin relación con las elecciones colombianas, pero que no podía ofrecerles garantías.
De principio a fin, 2006 fue un año de decisiones trascendentales. Una prueba suficiente: el examen de constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz, que en el mes de mayo tumbó la columna vertebral del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas. En la antesala, el entonces procurador general de la Nación, Edgardo Maya, visitó la Embajada de Estados Unidos y dejó sus impresiones sobre lo que estaba pasando en el país. El embajador Wood transformó sus comentarios en un reporte con interpretaciones políticas.
Maya anticipó en la Embajada que pensaba enviar un concepto negativo a la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, pero que la Corte la iba a aprobar por razones políticas. Y añadió que si ya había aprobado la reelección presidencial, no tenía otra opción que aceptar la Ley de Justicia y Paz, porque era un pilar de la Presidencia de Álvaro Uribe. Acto seguido la emprendió contra el jefe del Estado, de quien dijo estaba rompiendo todas las reglas electorales, en particular el uso de bienes estatales y la transmisión por televisión de sus consejos comunales.
Luego explicó por qué el presidente Uribe obraba en esa forma: para provocar el rechazo de la oposición y luego jugar la carta de victimizarse. Sin embargo, Maya añadió que sería la primera y última reelección, porque pronto el público iba a cansarse de la mano dura de Uribe. El reporte del embajador describió a Maya como enemigo político de Uribe y portavoz constante de los pesos pesados del campo antiuribista. Por eso Wood advirtió que sus comentarios debían ponerse en ese contexto, pero también tomar nota sobre sus observaciones sobre Justicia y Paz.
La columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz, es decir, el camino expedito de las autodefensas al Congreso, se cayó en mayo. La crisis en el proceso de paz con el paramilitarismo, con sus disidencias, crímenes, nexos con el narcotráfico y rifirrafe con el Gobierno, se volvió protagónica. El escándalo de la parapolítica se veía venir. Finalmente estalló entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Las informaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia de esos días dejan ver cómo se vivió ese momento tenso de la historia reciente de Colombia.
En noviembre de 2006, por ejemplo, la Embajada envió un cable con comentarios diversos. El exsecretario del Partido Liberal José Noé Ríos admitió que él y sus copartidarios esperaban que algunos de su colectividad cayeran. A su vez, el entonces senador Jaime Dussán aceptó que no le extrañaría que al menos uno del Polo apareciera. Pero sin duda los más afectados eran los partidos de la coalición de gobierno. En concreto, Óscar Iván Zuluaga expresó que el Partido de la U estaba viviendo una crisis existencial y podía desplomarse.
Ya para diciembre, el tema estaba al rojo vivo y el dilema político era la presencia de la canciller María Consuelo Araújo en el Gobierno, mientras se daba por hecho que su hermano, el entonces senador Álvaro Araújo, iba a ser vinculado a las investigaciones de la Corte. Por eso, en diciembre de 2006, la Embajada envió un detallado informe sobre el caso, documentando los detalles del debate en el Congreso donde pidieron su renuncia y ella se defendió manifestando que tenía el respaldo del presidente Uribe.
El cable indica que muchos aliados del Gobierno defendieron a la canciller, pero que después admitieron que seguramente tendría que irse, y que lo haría en uno o dos meses como parte de una recomposición del gabinete para aminorar los efectos políticos. El reporte incluyó la postura del senador Luis Guillermo Vélez, quien después de obrar como uno de los principales defensores de la canciller en el debate del Congreso, le comentó a la Embajada que María Consuelo Araújo tendría que renunciar muy pronto. Y estuvieron de acuerdo Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas y Efraín Cepeda.
En medio de las discrepancias políticas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia dejó consignado qué pensaban en ese momento tres de los altos funcionarios de la justicia, los organismos de seguridad y la Policía sobre el caso Araújo. El fiscal Mario Iguarán, por ejemplo, confirmó que Sergio y Ana María Araújo estaban siendo investigados por posibles nexos con Jorge 40 , pero el general Óscar Naranjo y el entonces director del DAS, Andrés Peñate, dejaron claro ante la Embajada que no tenían evidencias de nexos de Álvaro Araújo con actos criminales.
Y mientras la parapolítica daba de qué hablar en Estados Unidos, el malogrado proceso de paz con las autodefensas ocupaba la máxima atención de Washington. Una prueba fue un cable remitido en diciembre de 2006 con los comentarios de primera mano del jefe de la misión de apoyo de la OEA para este proceso, Sergio Caramagna, quien le dijo textualmente al embajador Wood que nunca se hubiera imaginado ver a los líderes paramilitares tras las rejas, pero que entonces más que nunca, con el Gobierno sobre ellos, eran más vulnerables.
En su reporte a Washington, basado en las observaciones de Caramagna, el embajador Wood detalló uno de los aspectos que la sociedad colombiana intuyó, pero no supo en detalle: la división de los jefes ‘paras’. Un grupo moderado liderado por Ramón Isaza y Salvatore Mancuso, y otro radical y mucho más grande orientado por Ernesto Báez y alias Macaco. Con un comentario adicional de Caramagna: Macaco era el jefe con mayores seguidores y repartía vales con valor monetario por fuera de la cárcel. “Si se queda seis meses en Itagüí terminará controlando el penal”, aseguró.
En contraste, Caramagna describió a Mancuso como un hombre solo que temía por su vida. Así quedó escrito en el cable de la Embajada a Washington, con otros detalles. Que actuaba fuerte frente a los demás, pero que cuando estaba a solas parecía un niño asustado, siempre al borde de un colapso nervioso y con ganas de confesarlo todo, pero con miedo. Caramagna lo comparó con Carlos Castaño, a quien mataron sus compañeros cuando sospecharon que iba a contar la verdad sobre el grupo de las autodefensas en Estados Unidos.
En otro reporte del mismo diciembre, Caramagna contó a la Embajada, y ésta lo transmitió a Washington, que los jefes paramilitares habían admitido que aún podía contralor a sus excomandantes de medio nivel, pero que se sentían solos y resentidos. De todos modos, la misión de la OEA mantuvo informada a la Embajada sobre la emergencia que significaban 22 nuevos grupos criminales, especialmente integrados por excombatientes del bloque Norte, con sus estructuras intactas y, en ciertas regiones, con cooperación de las fuerzas de seguridad.
El año terminó con paranoia absoluta. La prueba es un reporte de 2006, en el cual la Embajada de Estados Unidos advierte que políticos de distintas tendencias han coincidido en la preocupación de que los exparamilitares pudieran lanzar una campaña de asesinatos de alto nivel para bajar la presión del castigo por sus crímenes. El general Óscar Naranjo comentó que los asesores presidenciales Fabio Valencia y Bernardo Moreno habían comentado su preocupación de que asesinaran a alguna figura pública, como la entonces senadora Piedad Córdoba o Gustavo Petro.
Otros manifestaron que los promotores de las acciones violentas podrían ser miembros de la Fuerza Pública para prevenir que sus miembros fueran ligados a los paramilitares. En particular, el entonces senador del Polo Democrático Gustavo Petro comentó que temía por un magnicidio que podría tener como objetivo o él o el presidente Uribe. Con un detalle en su comentario, que esa acción podía ser provocada por miembros de la Policía o del Ejército que estaban en riesgo de ser expuestos en sus nexos con los grupos paramilitares.
En medio de las especulaciones, el presidente Uribe se reunió con Wood, y de ese encuentro el diplomático envió un reporte en el que observó cómo Uribe se comparaba con sus antecesores y, respecto al expresidente Gaviria y su ministro Pardo dijo que criticaban su proceso con las autodefensas, pero habían hecho poco contra esos grupos. Además agregó que si probaba que los presos de La Ceja habían ordenado asesinatos, los iba a remover de Justicia y Paz, transferir a cárceles y extraditarlos. Y pidió acelerar los pedidos de extradición para él presionar a los ‘paras’.
En general, 2006 fue un año de revelaciones y desenlaces. Los errores del proceso de paz con las autodefensas y la laxitud de la Ley de Justicia y Paz terminaron por pasarles la cuenta de cobro a los políticos. Y ese reajuste se vivió cuando el expresidente Uribe hacía tránsito entre su primer y segundo mandato. El saldo, aún vigente, fue la parapolítica. La letra menuda de este doloroso proceso quedó consignado en los reportes que la Embajada de Estados Unidos hizo a Washington, y ahora se conocen gracias al aporte del portal Wikileaks.
Cronología
Entre el primero y segundo gobierno Uribe
Enero 2006
Una comisión del gobierno Uribe, creada para constatar la situación anómala de la entidad estatal, admitió que el DAS fue vulnerable a extrañas infiltraciones. Tres meses atrás habían salido del organismo el director Jorge Noguera Cotes y el subdirector José Miguel Narváez.
Enero
La corporación Nuevo Arco Iris publicó un estudio sobre las elecciones parlamentarias de 2002 y demostró que hubo situaciones atípicas, como candidatos únicos y raros cambios en tendencia política. Meses después, fue clave para las investigaciones de la parapolítica.
Enero
Se desmoviliza jefe paramilitar Hernán Giraldo. Oficialmente se dice que ya van 21.300 desmovilizados, en un proceso que empezó en noviembre de 2003, con la entrega de alias ‘Don Berna’. En ese momento faltaban ‘El Alemán’, Ramón Isaza, ‘Jorge 40’, ‘Jorge Pirata’, entre otros.
Febrero
La empresaria del chance en los departamentos de Bolívar, Sucre y Magdalena, Enilse López, más conocida como ‘La Gata’, fue capturada. La mujer fue acusada de nexos con los grupos paramilitares en la Costa Atlántica. Fue condenada por concierto para delinquir en 2011.
Abril
Estalla escándalo por las revelaciones del exjefe de Informática del DAS, Rafael García, quien acusó a Jorge Noguera de haber convertido el organismo en apoyo del paramilitarismo. García ratifica que existieron distritos electorales para posicionar candidaturas al Congreso.
Mayo
La Corte Constitucional tumbó artículos claves de la Ley de Justicia y Paz, creada en el proceso de paz con las autodefensas. En especial, cayó la posibilidad de que desmovilizados fueran calificados como sediciosos, lo cual les hubiera permitido llegar al Congreso.
Junio
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió a la Procuraduría un aumento de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de personal del Ejército. Meses después fue el comienzo del escándalo de los falsos positivos.
Junio
Caída de la columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz desató crisis en el proceso de paz con las autodefensas. Varios desmovilizados volvieron a las armas y los principales jefes tuvieron que ser recluidos en un mismo lugar. El gobierno Uribe buscó salida jurídica a la crisis con el paramilitarismo.
Agosto
Álvaro Uribe asumió su segundo mandato con un Congreso de mayorías uribistas. Lo posesionó el presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, el máximo elector. La Cámara quedó presidida por William Vélez. Hoy, ambos son investigados por la Corte Suprema.
Septiembre
El jefe paramilitar Vicente Castaño anunció que sólo vuelve a entregarse cuando el escenario del proceso de paz con el gobierno Uribe vuelva a lo que existía antes del fallo contra la Ley de Justicia y Paz. Se desató, además, guerra entre los propios jefes desmovilizados.
Octubre
La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigue a varios congresistas por supuestos nexos con el líder paramilitar ‘Jorge 40’. Son Zulema Jattin, Álvaro García, Dieb Maloof y Vicente Blel. A su vez, el senador Gustavo Petro avanzó en sus debates sobre la parapolítica.
Octubre
Un carro bomba estalló en un parqueadero de la Universidad Militar Nueva Granada. El presidente Uribe revocó autorización para buscar con las Farc un acuerdo humanitario y pidió a la Fuerza Pública lucha frontal contra los paramilitares que no quisieron entregarse.
Noviembre
Corte emprendió investigación contra cinco congresistas de la costa. Dieb Maloof, José Gamarra, Alfonso Campo, Salomón Saad y Jorge Luis Caballero. Arrancó el escándalo de la parapolítica. Se anunciaron pesquisas contra otros parlamentarios de la misma región.
Noviembre
Empezaron a proliferar testigos alrededor de los procesos de la parapolítica. El más sonado fue Jairo Antonio Castillo Peralta, conocido como ‘Pitirri’. Inicialmente, señaló a los excongresistas de Sucre, pero meses después lo hizo contra el exsenador antioqueño Mario Uribe Escobar.
Noviembre
El presidente Álvaro Uribe rompió su silencio ante la crisis y formuló un llamado a los congresistas para que por su propia iniciativa acudieran a la justicia a contar la verdad. La clase política en revuelo por cuenta del escándalo y la oposición alentando las pesquisas de la justicia.
Diciembre
Encrucijada de la canciller María Consuelo Araújo ante la decisión de la Corte de indagar la conducta de su hermano, el entonces senador Álvaro Araújo. El congresista se defendió manifestando que habló con ‘Jorge 40’ porque quería preservar su vida de la amenaza paramilitar.
Diciembre
Tras su detención en Italia, bajo cargos de narcotráfico, el empresario Giorgio Sale se convirtió en un incómodo personaje. Se conocieron sus relaciones de amistad con altos miembros del poder judicial y, con el paso de las semanas, sus nexos con jefes paramilitares.
Diciembre
El año 2006 concluyó con el rumor de más investigados por la parapolítica, la guerra desatada entre jefes de las autodefensas, la crisis en el proceso de paz con los grupos paramilitares y el desprestigio del DAS por las revelaciones de nexos con los grupos de autodefensa.
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