Oidhaco
Bruselas, 7 de noviembre de 2011. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CoIDH- como responsable de la matanza de Mapiripán de 1997, en la que paramilitares de extrema derecha en connivencia con el ejército colombiano, asesinaron y descuartizaron a pobladores de este municipio colombiano. Ante la impunidad, las víctimas, unas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- CCAJAR-, recurrieron a la CoIDH para buscar justicia.
Previo a la representación de ellas por parte de estos defensores de DD.HH., la justicia colombiano tomó testimonio a las víctimas, entre ellas, a una supuesta falsa víctima que, según su propio testimonio actual, se hizo pasar por víctima sin serlo.
Oidhaco lamenta la posible existencia de falsos testimonios, que ponen en riesgo la credibilidad de las verdaderas víctimas y espera del Estado Colombia una pronta investigación que permita la identificación de todas las victimas de este crimen Sin embargo un tema central en este caso es la reacción oficial y su impacto en la legítima lucha de las víctimas y los defensores colombianos contra la impunidad.
El caso ha desatado numerosas declaraciones por parte de funcionarios del gobierno colombiano que, desafortunadamente, desprestigian la labor de los defensores de las víctimas, en este caso el CCAJAR. El propio presidente Santos, ha tachado a los abogados de este colectivo de “avivatos” y “corruptos” y los acusa de “minar la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Oidhaco le recuerda al Presidente colombiano que las víctimas y sus defensores recurren a la justicia internacional dado el grado inaceptable de impunidad que en Colombia llega al 98%. “Si Colombia investigara, juzgara y llevara a la cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, las víctimas no necesitarían de la justicia internacional”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización. “Así que”, señala el portavoz, “solicitamos al presidente Santos responsabilidad y respeto en sus declaraciones hacia las víctimas y sus representantes. Desde Oidhaco queremos pedirle también, que en lugar de condenar la labor de defensa de los DD.HH., condene las masacres, las amenazas y luche para erradicar la impunidad en Colombia”.
Es importante decir en voz alta que los defensores, tal como lo ha manifestado la CIDH, para este caso particular, no fueron quienes reconocieron a la supuesta víctima: “la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación –FGN- y en la información y documentación oficial que el Gobierno aportó”. En dicho pronunciamiento la CIDH recuerda que fue la FGN quién tomó el testimonio a la supuesta víctima, antes de ser representada por los defensores.
La situación de seguridad de las personas defensoras de los DDHH es dramática, como lo subraya Gustavo Gallón – Director de la Comisión Colombiana de Juristas – .“Treinta y ocho defensores de derechos humanos (33 hombres y cinco mujeres), por lo menos, han sido asesinados o desaparecidos forzadamente durante el primer semestre de este año”.
Oidhaco le solicita a la UE que, “teniendo en cuenta las buenas relaciones que mantiene con Colombia, arrope a las víctimas colombianas y a sus defensores, y exija al presidente Santos, como primera autoridad colombiana, que los respete y que tome como bandera de su gobierno la lucha contra la impunidad”.
Oidhaco, apoya y agradece las manifestaciones de respaldo que han tenido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y las víctimas que representan por parte de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y de organizaciones nacionales e internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, entre otros.
Igualmente, manifiesta que “la trayectoria de los defensores del CCAJAR, respaldada en treinta años de labor, durante los cuales han representado a numerosas víctimas y conseguido su reparación ante la justicia internacional y local, no puede mancharse por un caso de doble ineficiencia de la justicia colombiana. Primero el Estado Colombiano abandona a las víctimas de esta masacre y luego reconoce como víctima a una persona que, al parecer, no lo es”, advierte Vallies.
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