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| El vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo |
Por: Diana Carolina Durán Núñez
El escándalo por las falsas víctimas en la masacre de Mapiripán sigue creciendo. El vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo da su versión sobre los hechos. Carreño sostiene que las víctimas, tradicionalmente, han sido intimidades para que no denuncien
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha estado en el ojo del huracán desde que Mariela Contreras, indemnizada por el Estado como supuesta víctima de la masacre de Mapiripán, afirmara que en realidad sus familiares no habían muerto en ese macabro episodio y que los abogados del Colectivo, sus asesores legales, sabían del fraude. Desde entonces, distintos sectores denunciaron el presunto interés de algunas ONG en volver un negocio la tragedia de las víctimas del conflicto a través de sentencias de cortes internacionales. El gobierno Santos ya anunció que se constituirá como víctima de la estafa que denunció Mariela Contreras.
El escándalo siguió creciendo y en las últimas 36 horas se atizó más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hicieron hincapié en que la responsabilidad de investigar los crímenes, incluido quiénes fueron víctimas de ellos, es del Estado. La discusión se zanjará en la Corte Interamericana, que citó a todas las partes a audiencia el próximo 23 de noviembre. Entretanto, en entrevista con El Espectador, el miembro fundador del Colectivo, Eduardo Carreño, ofrece su versión sobre lo ocurrido.
¿Cómo es posible que el testimonio de Mariela Contreras se hubiera aceptado así no más por la justicia? Qué golazo el que le metió a la justicia.
Nosotros partimos de creerles a las víctimas. La señora Contreras va a la Fiscalía, relata los hechos, los ratifica en la Corte y públicamente frente a los otros familiares; había que creerle. La única obligación nuestra es acreditar que denunció las desapariciones. El Colectivo no tiene un organismo de investigación especializado, ni nos compete. Mariela llega a nosotros después de denunciar ante la Fiscalía, no antes, y sostuvo su versión todo este tiempo. Es la primera vez que nos pasa una situación así con una víctima.
¿Van a cambiar las dinámicas de recepción de denuncias de las víctimas que apoderan? Porque lo ocurrido es muy grave...
Si no les creemos a las víctimas, cambiamos de razón de ser y pasamos a ser organismo al servicio del Estado. Entendemos que hay situaciones muy complejas. Cada caso requiere un estudio a fondo.
¿Es éste un talón de Aquiles del Sistema Interamericano del que se están aprovechando?
Hay una estrategia oculta que debe irse develando. Está claro que quieren acabar con el Colectivo de Abogados por su representación de las víctimas y por haber logrado muchas condenas contra miembros de la Fuerza Pública. Lo nefasto es que terminan las víctimas, lamentablemente, siendo las investigadas por denunciar los crímenes que se cometieron contra ellos.
A ustedes los acusan de encontrar en el Sistema Interamericano una gallina de los huevos de oro.
Aquí hay que poner las cosas en orden. A nivel nacional, las víctimas tienen derecho a que se les indemnice en procesos contencioso administrativos, y los casos que llegan a la Comisión y a la Corte Interamericana son excepcionales. Decir que nosotros nos enriquecemos con esto y que las víctimas no tienen derecho a esas sumas, es un acto de mala fe. No queremos que se nieguen los derechos de las víctimas ni aquí ni internacionalmente. Y es que ningún abogado regional se mete en estos casos, les tienen terror.
¿Han pensado alguna vez que el trabajo de ustedes pareciera ser sesgado, como diciéndole al país que acá no hay militares sino bandidos?
Esa apreciación no corresponde a la realidad. La Fuerza Pública tiene unos 500 mil hombres. De esos hay presos unos 1.400, y por crímenes de lesa humanidad unos 800. Hay unos 10 mil investigados. Menos del 10%. Nunca hemos pretendido decir que la Fuerza Pública es bandida, nos basamos en casos concretos.
¿Por qué el Colectivo no atiende casos de víctimas de la guerrilla, que en este país abundan?
Nosotros no negamos la responsabilidad de los grupos guerrilleros y las organizaciones de derechos humanos han documentado varios casos. Pero no nos pidan ahora que cambiemos nuestra razón de ser y que representemos a las víctimas de la guerrilla. Ese no es el objeto de nuestro trabajo. Son las víctimas del Estado las que nosotras representamos, son las violaciones del Estado las que denunciamos.
¿Será que a partir de ahora la gente les creerá menos a las víctimas?
Lo que se está buscando es evitar que las víctimas sigan hablando y denunciando, y que la poca verdad revelada se oculte.
¿Demandar internacionalmente al Estado es útil en el camino hacia la paz?
El trabajo de los grupos de DD.HH. es importante para que la comunidad internacional sepa qué es lo que ha pasado en Colombia. Los casos que se tramitan a nivel internacional son muy importantes, porque han implicado una presión internacional frente al Estado para que se acaben esas prácticas y se garantice la existencia de diversas organizaciones como la oposición política, los sindicatos, los grupos de derechos humanos y de víctimas.
Pero los militares dicen que esos procesos no son otra cosa que guerra jurídica contra ellos. ¿Eso es así? El caso de Mariela parece confirmar esa tesis.
Hablar de conceptos de guerra jurídica es ubicar el trabajo de los defensores de derechos humanos donde no es. Cuando uno analiza los sistemas jurídicos, ve que lo que nosotros buscamos es garantizar el Estado de Derecho. Por esa vía los protagonistas de la guerra jurídica serían los jueces y la Fiscalía cuando investigan, y los abogados que representamos a las víctimas. Eso es equivocado.
* Entrevista publicada en el diario El Espectador
El escándalo por las falsas víctimas en la masacre de Mapiripán sigue creciendo. El vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo da su versión sobre los hechos. Carreño sostiene que las víctimas, tradicionalmente, han sido intimidades para que no denuncien
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha estado en el ojo del huracán desde que Mariela Contreras, indemnizada por el Estado como supuesta víctima de la masacre de Mapiripán, afirmara que en realidad sus familiares no habían muerto en ese macabro episodio y que los abogados del Colectivo, sus asesores legales, sabían del fraude. Desde entonces, distintos sectores denunciaron el presunto interés de algunas ONG en volver un negocio la tragedia de las víctimas del conflicto a través de sentencias de cortes internacionales. El gobierno Santos ya anunció que se constituirá como víctima de la estafa que denunció Mariela Contreras.
El escándalo siguió creciendo y en las últimas 36 horas se atizó más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hicieron hincapié en que la responsabilidad de investigar los crímenes, incluido quiénes fueron víctimas de ellos, es del Estado. La discusión se zanjará en la Corte Interamericana, que citó a todas las partes a audiencia el próximo 23 de noviembre. Entretanto, en entrevista con El Espectador, el miembro fundador del Colectivo, Eduardo Carreño, ofrece su versión sobre lo ocurrido.
¿Cómo es posible que el testimonio de Mariela Contreras se hubiera aceptado así no más por la justicia? Qué golazo el que le metió a la justicia.
Nosotros partimos de creerles a las víctimas. La señora Contreras va a la Fiscalía, relata los hechos, los ratifica en la Corte y públicamente frente a los otros familiares; había que creerle. La única obligación nuestra es acreditar que denunció las desapariciones. El Colectivo no tiene un organismo de investigación especializado, ni nos compete. Mariela llega a nosotros después de denunciar ante la Fiscalía, no antes, y sostuvo su versión todo este tiempo. Es la primera vez que nos pasa una situación así con una víctima.
¿Van a cambiar las dinámicas de recepción de denuncias de las víctimas que apoderan? Porque lo ocurrido es muy grave...
Si no les creemos a las víctimas, cambiamos de razón de ser y pasamos a ser organismo al servicio del Estado. Entendemos que hay situaciones muy complejas. Cada caso requiere un estudio a fondo.
¿Es éste un talón de Aquiles del Sistema Interamericano del que se están aprovechando?
Hay una estrategia oculta que debe irse develando. Está claro que quieren acabar con el Colectivo de Abogados por su representación de las víctimas y por haber logrado muchas condenas contra miembros de la Fuerza Pública. Lo nefasto es que terminan las víctimas, lamentablemente, siendo las investigadas por denunciar los crímenes que se cometieron contra ellos.
A ustedes los acusan de encontrar en el Sistema Interamericano una gallina de los huevos de oro.
Aquí hay que poner las cosas en orden. A nivel nacional, las víctimas tienen derecho a que se les indemnice en procesos contencioso administrativos, y los casos que llegan a la Comisión y a la Corte Interamericana son excepcionales. Decir que nosotros nos enriquecemos con esto y que las víctimas no tienen derecho a esas sumas, es un acto de mala fe. No queremos que se nieguen los derechos de las víctimas ni aquí ni internacionalmente. Y es que ningún abogado regional se mete en estos casos, les tienen terror.
¿Han pensado alguna vez que el trabajo de ustedes pareciera ser sesgado, como diciéndole al país que acá no hay militares sino bandidos?
Esa apreciación no corresponde a la realidad. La Fuerza Pública tiene unos 500 mil hombres. De esos hay presos unos 1.400, y por crímenes de lesa humanidad unos 800. Hay unos 10 mil investigados. Menos del 10%. Nunca hemos pretendido decir que la Fuerza Pública es bandida, nos basamos en casos concretos.
¿Por qué el Colectivo no atiende casos de víctimas de la guerrilla, que en este país abundan?
Nosotros no negamos la responsabilidad de los grupos guerrilleros y las organizaciones de derechos humanos han documentado varios casos. Pero no nos pidan ahora que cambiemos nuestra razón de ser y que representemos a las víctimas de la guerrilla. Ese no es el objeto de nuestro trabajo. Son las víctimas del Estado las que nosotras representamos, son las violaciones del Estado las que denunciamos.
¿Será que a partir de ahora la gente les creerá menos a las víctimas?
Lo que se está buscando es evitar que las víctimas sigan hablando y denunciando, y que la poca verdad revelada se oculte.
¿Demandar internacionalmente al Estado es útil en el camino hacia la paz?
El trabajo de los grupos de DD.HH. es importante para que la comunidad internacional sepa qué es lo que ha pasado en Colombia. Los casos que se tramitan a nivel internacional son muy importantes, porque han implicado una presión internacional frente al Estado para que se acaben esas prácticas y se garantice la existencia de diversas organizaciones como la oposición política, los sindicatos, los grupos de derechos humanos y de víctimas.
Pero los militares dicen que esos procesos no son otra cosa que guerra jurídica contra ellos. ¿Eso es así? El caso de Mariela parece confirmar esa tesis.
Hablar de conceptos de guerra jurídica es ubicar el trabajo de los defensores de derechos humanos donde no es. Cuando uno analiza los sistemas jurídicos, ve que lo que nosotros buscamos es garantizar el Estado de Derecho. Por esa vía los protagonistas de la guerra jurídica serían los jueces y la Fiscalía cuando investigan, y los abogados que representamos a las víctimas. Eso es equivocado.
* Entrevista publicada en el diario El Espectador
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