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| Campesinos de Colombia fueron asesinados entre agosto y diciembre de 2010 en medio de su lucha por la recuperación de tierras de los desplazados |
Al menos 11 líderes producto del conflicto armado que vive ese país desde hace más de cuatro décadas, informó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
La autoría de estos crímenes se le atribuye a antiguos miembros de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes delinquen por no perder poder sobre las propiedades, señaló el Cinep, tras indicar que las muertes ocurrieron en las poblaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Arauca.
La autoría de estos crímenes se le atribuye a antiguos miembros de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes delinquen por no perder poder sobre las propiedades, señaló el Cinep, tras indicar que las muertes ocurrieron en las poblaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Arauca.
En Arauca, el presidente de la Asociación de Familias Desplazadas de Saravena, Edgar Bohórquez Palma, fue asesinado de un disparo en la espalda el pasado 24 de septiembre, cuando se desplazaba en una motocicleta por un barrio de ese departamento colombiano. Su hijo Edwin, de 4 años, resultó herido.
Bohórquez lideraba un proceso de reclamación de tierras para varios desplazados de la región, víctimas de los paramilitares de ese país que los desalojaron ilegalmente.
El líder campesino ya había pedido protección por amenazas, pero nunca la recibió.
Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Arauca hay 140 predios de hectáreas despojadas a campesinos. Mil 404 hectáreas fueron devueltas a 140 familias de esa región.
En Urabá, hasta finales del año pasado, la asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras reportó que tras la recuperación de cuatro mil hectáreas asesinaron a siete campesinos.
Estos crímenes se cometieron luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aceptara en agosto de 2010 incluir la Ley de Víctimas y de Tierras en la agenda de proyectos del Congreso colombiano, por solicitud del Partido Liberal, como parte de los acuerdos con la Mesa de Unidad Nacional.
En ese entonces, Santos dijo que el propósito de la iniciativa es devolver alrededor de dos millones de hectáreas que fueron despojadas a sus legítimos dueños.
El proyecto de ley está encaminado a restituir unas 500 mil hectáreas anuales hasta el fin de su mandato, en el año 2014.
El asesinato de los 11 líderes campesinos no es el primero que ocurre en el país suramericano. En 2002, según la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), ocurrieron 44 asesinatos de líderes de desplazados que reclaman sus tierras, y hasta la fecha no hay nadie procesado y condenado por este hecho.
Corrupción en la compra de tierras
En Jerusalén, Cundinamarca, el Incoder adquirió en 2006 dos extensos terrenos de 574 hectáreas para entregárselos a víctimas de la violencia, pero los predios por los que pagó 746 millones de pesos (394.312,59 dólares) no son aptos para ser explotados.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la institución deshacer el negocio.
teleSUR-El Espectador -
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