Arguyendo una supuesta “confidencialidad” para proteger la seguridad nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores se niega en forma ilegal informar al Senado de la República el número de integrantes de la comisión militar de Estados Unidos que opera en Colombia.
En efecto, el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Enrique Robledo solicitó de la Cancillería dicha información y su titular María Ángel Holguín respondió con una negativa.
Frente a ese proceder ilegal que desconoce el derecho de todo ciudadano a información gubernamental y sobre todo echando por la borda la atribución constitucional de los congresistas colombianos de ejercer control político, el senador Robledo reaccionó en forma contundente enviándole la siguiente comunicación a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín:
Como senador de la República, no puedo hacer otra cosa que rechazar su decisión de negarse a informarme sobre el número de militares, civiles y contratistas norteamericanos autorizados para residir en el país –desde 1974–, según lo contempla el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia”, suscrito en 1974.
Argüir una supuesta “confidencialidad” para negarme dicha información no solo es ilegal sino que no resiste análisis, incluso porque solo le he solicitado cuántos son y no cómo se llaman ni dónde están ubicados. Y porque el Acuerdo de 1974 señala que esos norteamericanos serán solo tres –uno por cada arma– y que el incremento de su número solo podría darse por solicitud expresa del gobierno colombiano. ¿Por qué es confidencial una petición del gobierno de Colombia al de Estados Unidos?
Y es el colmo que usted me diga que su negativa a informarme se fundamenta en el Decreto 3355 de 2009 y en el artículo 4° del Decreto 274 de 2000, porque cualquiera puede constatar que esas normas no vienen al caso y porque los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les autoriza expresamente las leyes, leyes que me confieren el derecho a la información que le solicito y que tiene que ver nada menos que con la soberanía nacional.
Por las razones expuestas, reitero la solicitud elevada para que me informe, año por año, el número de personal militar, civil y contratista que ha permanecido en Colombia en virtud del Acuerdo citado.
Bogotá, 14 de marzo de 2011
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