Iván Cepeda sostiene el retrato de su padre, el senador de la UP, Manuel Cepeda. Foto: Felipe Caicedo/EL TIEMPOEl Estado colombiano fue declarado responsable ante la comunidad internacional por el asesinato del senador de la Unión Patriótica, UP, Manuel Cepeda Vargas, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, condenara a la institucionalidad nacional por la ocurrencia de homicidio, hace 16 años.
A través de la sentencia condenatoria, el organismo multilateral dejó trasadas algunas bases acerca de la manera como los Estados miembro de la plataforma deben abordar procesos judiciales que, como éste, parecen poner en evidencia la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de delitos contra la humanidad.
En audiencia celebrada el pasado 26 de enero en San José de Costa Rica, los representantes designados por la institucionalidad colombiana aceptaron la responsabilidad del Estado en el homicidio de este líder izquierdista, que fue una de las más de 4 mil víctimas mortales que dejó el proceso de exterminio del que fue blanco la UP desde 1985 hasta 2002, año el que le fue retirada su personería jurídica como partido político.
El Consejo de Estado ya había condenado a la Nación al pago de más de 1.000 millones de pesos en diciembre 10 de 2008, tras hallarlo responsable por omisión del atentado que acabó con la vida del dirigente; su hijo Iván Cepeda renunció a hacerse a estos dineros y rechazó la parte resolutoria de la sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por considerar que fue dolosa la actuación de los agentes estatales en el crimen y que ésta no se redujo a un simple descuido.
Cepeda Vargas fue asesinado en el barrio Mandalay de Bogotá el 9 de agosto de 1994, cuando se disponía a desplazarse hacia al Capitolio Nacional, donde intervendría en un debate del Protocolo II de Ginebra, que regula el Derecho Internacional Humanitario.
Además de este asesinato, la Cidh estudia las demandas interpuestas en contra del Estado colombiano por el asesinatos de miles de dirigentes y militantes de la UP, que nació como producto de los diálogos de paz adelantados por el Gobierno de Belisario Betancourt con la guerrilla de las Farc, hace 25 años.
Pese a que este movimiento político se desligó pocos meses después de su nacimiento de la organización insurgente, tras el rompimiento de las negociaciones y la posterior salida de algunos desmovilizados rebeldes que se adhirieron a sus filas, grupos de paramilitares, aparentemente asistidos por agentes de la fuerza pública, llevaron a cabo un proceso de exterminio que acabó con la vida de miles de personas.
El Espectador
A través de la sentencia condenatoria, el organismo multilateral dejó trasadas algunas bases acerca de la manera como los Estados miembro de la plataforma deben abordar procesos judiciales que, como éste, parecen poner en evidencia la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de delitos contra la humanidad.
En audiencia celebrada el pasado 26 de enero en San José de Costa Rica, los representantes designados por la institucionalidad colombiana aceptaron la responsabilidad del Estado en el homicidio de este líder izquierdista, que fue una de las más de 4 mil víctimas mortales que dejó el proceso de exterminio del que fue blanco la UP desde 1985 hasta 2002, año el que le fue retirada su personería jurídica como partido político.
El Consejo de Estado ya había condenado a la Nación al pago de más de 1.000 millones de pesos en diciembre 10 de 2008, tras hallarlo responsable por omisión del atentado que acabó con la vida del dirigente; su hijo Iván Cepeda renunció a hacerse a estos dineros y rechazó la parte resolutoria de la sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por considerar que fue dolosa la actuación de los agentes estatales en el crimen y que ésta no se redujo a un simple descuido.
Cepeda Vargas fue asesinado en el barrio Mandalay de Bogotá el 9 de agosto de 1994, cuando se disponía a desplazarse hacia al Capitolio Nacional, donde intervendría en un debate del Protocolo II de Ginebra, que regula el Derecho Internacional Humanitario.
Además de este asesinato, la Cidh estudia las demandas interpuestas en contra del Estado colombiano por el asesinatos de miles de dirigentes y militantes de la UP, que nació como producto de los diálogos de paz adelantados por el Gobierno de Belisario Betancourt con la guerrilla de las Farc, hace 25 años.
Pese a que este movimiento político se desligó pocos meses después de su nacimiento de la organización insurgente, tras el rompimiento de las negociaciones y la posterior salida de algunos desmovilizados rebeldes que se adhirieron a sus filas, grupos de paramilitares, aparentemente asistidos por agentes de la fuerza pública, llevaron a cabo un proceso de exterminio que acabó con la vida de miles de personas.
El Espectador
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