*Carlos A. Lozano Guillén
Edición Voz 2522
En Colombia, la clase dominante y los grupos de izquierda en descomposición, han practicado el mismo “deporte” criminal: asesinar comunistas con igual pretexto. Desde 1930, grupos de criminales se dedicaron a cazar a los dirigentes y militantes del Partido Comunista. En la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado, la resistencia armada campesina fue la consecuencia de la violencia de los latifundistas, con la complicidad de las dictaduras conservadoras, para exterminar a los dirigentes agrarios que convocaban a la lucha por la reforma agraria.
Durante la dictadura militar y los gobiernos del Frente Nacional se exacerbó la violencia anticomunista en campos y ciudades, hasta llegar a su punta de iceberg en los años ochenta del siglo XX, cuando paramilitares, narcotraficantes, caciques regionales bipartidistas y agentes del Estado (militares y policías), hicieron causa común para acabar con la Unión Patriótica a la cual ingresó desde su fundación el Partido Comunista, consecuente con su propuesta de solución política negociada del conflicto colombiano. De los cinco mil miembros de la Unión Patriótica asesinados, el 90 por ciento pertenecían al Partido Comunista Colombiano. Fue el duro precio que pagó en la lucha por la paz con democracia y justicia social. Esa “guerra” sucia se mantuvo después, hasta el siglo XXI, y aumentó al amparo de la “seguridad democrática” uribista con la cínica justificación de que los comunistas “combinan las formas de lucha”.
La clase dominante gobierna mediante la violencia, no sólo contra los comunistas, sino también contra otras organizaciones de izquierda, sindicales, agrarias y sociales. En su delirante obsesión por el poder lo defiende a la fuerza y sin la mínima concesión democrática y social.
Pero también este “deporte” lo practican grupos de la izquierda en descomposición. Lo hicieron en los años setenta y ochenta del siglo pasado, el llamado PLA y los camilistas M-L, que respaldados en el lenguaje radical y ultraizquierdista, atentaron contra las sedes del Partido Comunista y la JUCO. Por cierto, a estos grupúsculos provocadores pertenecieron algunos de los ahora fervientes ultraderechistas, vinculados al uribismo. También el “Grupo Franco”, dirigido por Fedor Rey y Hernando Pizarro Leongómez, responsable de la Masacre de Tacueyó, atentó contra la vida del entonces senador Hernando Hurtado y de Jaime Caycedo. Lo hicieron los “esperanzados”, desmovilizados del EPL en Urabá, en los años noventa. Y ahora lo ejecuta el ELN en Arauca. Los mismos pretextos y los mismos métodos criminales. Ni unos, ni otros acabaron la esperanza. El Partido Comunista jamás ordenó asesinar a nadie de derecha o de izquierda. Repudia el atentado personal y el secuestro. Son sus principios.
Edición Voz 2522
En Colombia, la clase dominante y los grupos de izquierda en descomposición, han practicado el mismo “deporte” criminal: asesinar comunistas con igual pretexto. Desde 1930, grupos de criminales se dedicaron a cazar a los dirigentes y militantes del Partido Comunista. En la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado, la resistencia armada campesina fue la consecuencia de la violencia de los latifundistas, con la complicidad de las dictaduras conservadoras, para exterminar a los dirigentes agrarios que convocaban a la lucha por la reforma agraria.
Durante la dictadura militar y los gobiernos del Frente Nacional se exacerbó la violencia anticomunista en campos y ciudades, hasta llegar a su punta de iceberg en los años ochenta del siglo XX, cuando paramilitares, narcotraficantes, caciques regionales bipartidistas y agentes del Estado (militares y policías), hicieron causa común para acabar con la Unión Patriótica a la cual ingresó desde su fundación el Partido Comunista, consecuente con su propuesta de solución política negociada del conflicto colombiano. De los cinco mil miembros de la Unión Patriótica asesinados, el 90 por ciento pertenecían al Partido Comunista Colombiano. Fue el duro precio que pagó en la lucha por la paz con democracia y justicia social. Esa “guerra” sucia se mantuvo después, hasta el siglo XXI, y aumentó al amparo de la “seguridad democrática” uribista con la cínica justificación de que los comunistas “combinan las formas de lucha”.
La clase dominante gobierna mediante la violencia, no sólo contra los comunistas, sino también contra otras organizaciones de izquierda, sindicales, agrarias y sociales. En su delirante obsesión por el poder lo defiende a la fuerza y sin la mínima concesión democrática y social.
Pero también este “deporte” lo practican grupos de la izquierda en descomposición. Lo hicieron en los años setenta y ochenta del siglo pasado, el llamado PLA y los camilistas M-L, que respaldados en el lenguaje radical y ultraizquierdista, atentaron contra las sedes del Partido Comunista y la JUCO. Por cierto, a estos grupúsculos provocadores pertenecieron algunos de los ahora fervientes ultraderechistas, vinculados al uribismo. También el “Grupo Franco”, dirigido por Fedor Rey y Hernando Pizarro Leongómez, responsable de la Masacre de Tacueyó, atentó contra la vida del entonces senador Hernando Hurtado y de Jaime Caycedo. Lo hicieron los “esperanzados”, desmovilizados del EPL en Urabá, en los años noventa. Y ahora lo ejecuta el ELN en Arauca. Los mismos pretextos y los mismos métodos criminales. Ni unos, ni otros acabaron la esperanza. El Partido Comunista jamás ordenó asesinar a nadie de derecha o de izquierda. Repudia el atentado personal y el secuestro. Son sus principios.
carloslozanogui@etb.net.co
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