Según el diario El Espectador un juez condenó a 17 años y tres meses de prisión a un hombre por reclutar en 2007 a tres jóvenes que fueron asesinados y posteriormente reportados por las autoridades como guerrilleros abatidos en combate, lo que en este país se denominan "falsos positivos", informó la Fiscalía.
El condenado es Jose Dionisio Ramos, alias "Joselito Carnaval" , quien reconoció, ante el titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo (norte) , haber cometido los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Los hechos juzgados tuvieron lugar el 1 de noviembre en 2007, en el corregimiento de El Pantano, departamento de Sucre, donde el Ejército presentó como abatidos en combate a Fabio Alberto Sandoval Feria y a Eleonay Manuel González Correa.
Las víctimas habían sido contactadas en Sincelejo por el condenado, quien les había ofrecido un trabajo falso en una finca de Nechí (Antioquia, noroeste) y un salario de 500 mil pesos mensuales (unos 250 dólares).
En su declaración, el reo comentó que el día que entregó a Sandoval y a González también condujo a un joven cuya identidad desconocía.
Ramos aseguró que "un soldado adscrito a inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre ofrecía 100 mil pesos (cerca de 50 dólares) por cada muchacho que fuera entregado para esos fines".
A cambio del supuesto guerrillero caído en combate, el militar recibiría beneficios y el reconocimiento de sus superiores.
Por otros casos similares, un fiscal pidió hoy la detención de cuatro personas, todas civiles, quienes supuestamente reclutaron también en 2007 a jóvenes en la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, después presentados como muertos en combate.
Se trata de Darío José Palomino Ballesteros, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Uriel Ballesteros Obeso, alias "Pocho" , y Ender Obeso Ocampo, alias "Pique" , todos ellos considerados "posibles coautores de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada de personas y concierto para delinquir agravado".
La decisión del fiscal se deriva de la desaparición y muerte de los jóvenes Camilo Andrés Valencia y Daniel Suárez Martínez, entre 5 y el 7 de diciembre de 2007.
En los mismos hechos, un total de once jóvenes de Soacha y de Ciudad Bolívar, otro sector bogotano, reclutados por las mismas fechas, aparecieron posteriormente como "bajas en combate".
En el caso de los jóvenes Valencia y Suárez Martínez murieron en un supuesto combate con tropas regulares del Ejército en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, vecino a Venezuela y a más de 700 kilómetros de Soacha.
Por ahora, el único civil detenido por esos hechos es Pedro Antonio Gámez Díaz, además de dos militares: el coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos y el soldado profesional Medardo Ríos Díaz.
El escándalo de los "falsos positivos" estalló en Colombia a inicios de 2008 y desde entonces la Fiscalía investiga unos 1.300 crímenes de este tipo ocurridos en el país.
En agosto pasado, el relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, concluyó tras una visita a Colombia que estos hechos se han producido en este país de "forma sistemática" y dijo que los jóvenes asesinados y después presentados como guerrilleros muertos en combate "suman aproximadamente los 1.800".
El condenado es Jose Dionisio Ramos, alias "Joselito Carnaval" , quien reconoció, ante el titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo (norte) , haber cometido los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Los hechos juzgados tuvieron lugar el 1 de noviembre en 2007, en el corregimiento de El Pantano, departamento de Sucre, donde el Ejército presentó como abatidos en combate a Fabio Alberto Sandoval Feria y a Eleonay Manuel González Correa.
Las víctimas habían sido contactadas en Sincelejo por el condenado, quien les había ofrecido un trabajo falso en una finca de Nechí (Antioquia, noroeste) y un salario de 500 mil pesos mensuales (unos 250 dólares).
En su declaración, el reo comentó que el día que entregó a Sandoval y a González también condujo a un joven cuya identidad desconocía.
Ramos aseguró que "un soldado adscrito a inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre ofrecía 100 mil pesos (cerca de 50 dólares) por cada muchacho que fuera entregado para esos fines".
A cambio del supuesto guerrillero caído en combate, el militar recibiría beneficios y el reconocimiento de sus superiores.
Por otros casos similares, un fiscal pidió hoy la detención de cuatro personas, todas civiles, quienes supuestamente reclutaron también en 2007 a jóvenes en la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, después presentados como muertos en combate.
Se trata de Darío José Palomino Ballesteros, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Uriel Ballesteros Obeso, alias "Pocho" , y Ender Obeso Ocampo, alias "Pique" , todos ellos considerados "posibles coautores de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada de personas y concierto para delinquir agravado".
La decisión del fiscal se deriva de la desaparición y muerte de los jóvenes Camilo Andrés Valencia y Daniel Suárez Martínez, entre 5 y el 7 de diciembre de 2007.
En los mismos hechos, un total de once jóvenes de Soacha y de Ciudad Bolívar, otro sector bogotano, reclutados por las mismas fechas, aparecieron posteriormente como "bajas en combate".
En el caso de los jóvenes Valencia y Suárez Martínez murieron en un supuesto combate con tropas regulares del Ejército en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, vecino a Venezuela y a más de 700 kilómetros de Soacha.
Por ahora, el único civil detenido por esos hechos es Pedro Antonio Gámez Díaz, además de dos militares: el coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos y el soldado profesional Medardo Ríos Díaz.
El escándalo de los "falsos positivos" estalló en Colombia a inicios de 2008 y desde entonces la Fiscalía investiga unos 1.300 crímenes de este tipo ocurridos en el país.
En agosto pasado, el relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, concluyó tras una visita a Colombia que estos hechos se han producido en este país de "forma sistemática" y dijo que los jóvenes asesinados y después presentados como guerrilleros muertos en combate "suman aproximadamente los 1.800".
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