Por Nelson Lombana Silva
La administración terrorista del presidente Uribe, las detenciones masivas, redadas o aprisionamiento de muchas personas con o sin orden judicial, so pretexto de sembrar miedo e incertidumbre entre la población civil acusada abiertamente de cómplice de la insurgencia, viola la convención americana de derechos humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, por cuanto desconoce los artículos 7, 8 y 11, que hacen referencia, respectivamente: Derecho a la libertad personal, garantías judiciales y protección de la honra y de la dignidad.
Las movilizaciones campesinas e indígenas por el derecho a la tierra, la reforma agraria integral, instalación de los servicios públicos, mejoramiento de las vías, salud, educación, han sido determinantes en el conflicto social y armado, pues por la exigencia de estos derechos ha sido la población estigmatizada de revoltosa y de auxiliadora de la guerrilla, lo que ha originado centenares de líderes campesinos e indígenas asesinados y desaparecidos, lo mismo que el desplazamiento forzado a lo largo y ancho del departamento.
De agosto de 2002, cuando Uribe tomó posesión como presidente de la república, los atropellos contra el sector campesino e indígena se incrementaron en forma alarmante. Una serie de siniestros operativos de las fuerzas armadas irrumpieron sembrando el terrorismo de Estado y facilitando la presencia del paramilitarismo.
La administración terrorista del presidente Uribe, las detenciones masivas, redadas o aprisionamiento de muchas personas con o sin orden judicial, so pretexto de sembrar miedo e incertidumbre entre la población civil acusada abiertamente de cómplice de la insurgencia, viola la convención americana de derechos humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, por cuanto desconoce los artículos 7, 8 y 11, que hacen referencia, respectivamente: Derecho a la libertad personal, garantías judiciales y protección de la honra y de la dignidad.
Las movilizaciones campesinas e indígenas por el derecho a la tierra, la reforma agraria integral, instalación de los servicios públicos, mejoramiento de las vías, salud, educación, han sido determinantes en el conflicto social y armado, pues por la exigencia de estos derechos ha sido la población estigmatizada de revoltosa y de auxiliadora de la guerrilla, lo que ha originado centenares de líderes campesinos e indígenas asesinados y desaparecidos, lo mismo que el desplazamiento forzado a lo largo y ancho del departamento.
De agosto de 2002, cuando Uribe tomó posesión como presidente de la república, los atropellos contra el sector campesino e indígena se incrementaron en forma alarmante. Una serie de siniestros operativos de las fuerzas armadas irrumpieron sembrando el terrorismo de Estado y facilitando la presencia del paramilitarismo.
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