Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos del pasado 1° de
febrero, en las que descalifica el fallo de segunda instancia por las
desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia,
configuran un claro desacato del presidente de la República, quien tiene
la obligación de “prestar a los funcionarios judiciales (...) los
auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias”, según la
Constitución (art. 201.1).
Dado que la sentencia por las desapariciones del Palacio de Justicia
establece obligaciones de reparación a las víctimas en cabeza de su
ministro de Defensa y de los altos mandos militares, para que pidan
perdón a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de
noviembre de 1985 que llevaron a las desapariciones mencionadas, las
declaraciones de Santos1 pidiendo “a nombre de los colombianos” que se
actúe en sentido contrario, y que más bien se pida perdón al Ejército,
constituyen una manifiesta y flagrante insubordinación contra el Estado
de derecho.
Así mismo, consideramos que las descalificaciones hechas por el
Presidente Santos a la decisión de pedir a la Corte Penal Internacional
que someta a estudio una eventual responsabilidad del ex presidente
Belisario Betancur2, evidencian la intención del Gobierno de beneficiar,
con el fenómeno de la impunidad, a los mas altos dignatarios
comprometidos en graves de crímenes contra la humanidad como lo es la
desaparición forzada de personas.
Este alzamiento público contra las decisiones de los jueces de la
República pone en riesgo la vida y la integridad de los magistrados que
confirmaron la sentencia condenatoria contra el Coronel Plazas Vega por
las desapariciones investigadas, y a la vez estimula a los ciudadanos a
desconocer las actuaciones judiciales y cuestionar, por medios distintos
a los legalmente establecidos, los pronunciamientos de la justicia. El
presidente incumple así su promesa de no controvertir las decisiones
judiciales, y continúa la conducta de su antecesor de atacar a los
jueces cuando, con sus decisiones, sancionan conductas criminales de
altos responsables estatales por graves violaciones a los derechos
humanos.
No es función del Presidente impartir perdones a quienes sean
condenados por crímenes graves contra los ciudadanos, y mucho menos
hacerlo públicamente en nombre de todos los colombianos.
El ataque del primer mandatario a la independencia de la justicia y a
la autonomía que deben tener los jueces de la República para dictar sus
decisiones envía a las y los operadores judiciales un mensaje de
intimidación frente a la resolución de casos en que están criminalmente
comprometidos altos funcionarios de la Fuerza Pública. Tal es el caso de
las miles de desapariciones forzadas perpetradas en los últimos años o
la práctica masiva de las ejecuciones extrajudiciales, que se encuentran
casi todas en la más completa impunidad. Atacando a la independencia de
la justicia se agravan y confirman las escasas o nulas garantías para
que las víctimas puedan acceder a un recurso judicial efectivo ante las
instancias nacionales para la realización de sus derechos a la verdad, a
la reparación de los daños, a la sanción de los responsables y a la
garantía de que estos crímenes no se seguirán cometiendo.
Hay que tener en cuenta además las presiones que distintas instancias
del estamento militar vienen ejerciendo para imponer en la Constitución
y en la legislación nacional una extensión irrestricta del fuero
militar de modo tal que todas las operaciones militares y policiales,
incluidas las que resulten en vulneración de los derechos de los
ciudadanos, sean consideradas actos del servicio y por ende sean
conocidas en primera instancia por los jueces penales militares. No es
improbable que estas declaraciones del Presidente Santos se den también
en el marco de dichas presiones, las cuales configuran un ambiente de
impunidad y de intimidación en el cual las y los operadores judiciales
no encuentran las condiciones necesarias para el ejercicio independiente
y autónomo de sus funciones.
Por estas razones, la Coordinación Colombia – Europa – Estados
Unidos, red de 219 organizaciones sociales y de derechos humanos con
presencia a nivel nacional, convoca a la sociedad colombiana y a la
comunidad internacional a:
1. Respaldar y pedir respeto por las decisiones de los magistrados
del Tribunal Superior de Bogotá que confirmaron la sentencia por las
desapariciones del Palacio de Justicia, lo mismo que a las demás
decisiones de los tribunales de justicia que esclarezcan y castiguen
crímenes contra los derechos humanos, sin consideración a los rangos o
cargos de sus responsables.
2. Llamar al presidente Santos a rectificar sus declaraciones y
acatar sin ningún tipo de reparos y respaldar la presente sentencia y
cualquier otra providencia judicial en que se puedan ver afectados altos
responsables de la Fuerza Pública por crímenes contra los derechos
humanos, y abstenerse en el futuro de cualquier declaración que afecte
las condiciones de autonomía e independencia de que deben gozar las y
los funcionarios de la administración de justicia.
3. Exhortar al Gobierno nacional a brindar plenas garantías a las y
los funcionarios judiciales, testigos, apoderados y demás intervinientes
en los procesos en que se juzgan graves violaciones de derechos humanos
que comprometen a altos funcionarios del Estado.
4. Exhortar a los funcionarios y entidades de la administración de
justicia a no dejarse intimidar por el ambiente de descalificaciones y
de improperios de otras instancias del Estado, aunque provengan del
propio presidente de la República.
Bogotá, 6 de febrero de 2012
Notas:
1 “el progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre
otras, al Ejército, y ponerlo en la picota pública a que pida perdón,
más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo
suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto
en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y
aire”. ‘Más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército’: Presidente
Santos. Declaración del Presidente Juan Manuel Santos el 1 de febrero de
2012. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prens...
2 “... que a estas alturas pidan que una corte internacional lo
juzgue [al ex presidente Betancur] por el Palacio de Justicia. Eso no
tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza. (...) Y por
eso más bien le pido al Presidente Betancur a nombre de los colombianos,
que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”. Presidente Santos
rechaza fallo que conmina al Ejército a pedir perdón por caso de la toma
del Palacio de Justicia. Declaración del Presidente Santos el 1 de
febrero de 2012. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prens...

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Gustavo Gallón: Teléfono 317 665 52 20
Alirio Uribe: Teléfono 312 587 49 58
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José Humberto Torres: 316 310 62 62
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