Diez años del hundimiento de la esperanza de paz para Colombia

Por Nelson Lombana Silva.- PaCoCol

Acorralado el presidente de la república, Andrés Pastrana Arango,  por la clase más reaccionaria, belicista y militarista, desde los cuarteles del rancio generalato, hace diez años, exactamente el 20 de febrero se ponía fin a la llamada zona de distención en forma perentoria e irrespetando los acuerdos previos que decían que en el eventual caso del rompimiento de los diálogos, el gobierno garantizaba un plazo de 48 horas para los insurgentes salir de los perímetros urbanos. La presión militarista de la época llevó a romper ese pacto de honor.

En segundo lugar, la serie de disculpas que el presidente Pastrana Arango mostró en su momento carecen de contenido y seriedad, fueron disculpas desesperadas para justificar lo injustificable. El criminal montaje del militarismo contra la señora Elvia Cortés, al colgarle el “collar bomba”, con el cual los medios de comunicación cumpliendo con su triste papel, profundizaron sus ataques contra el proceso y la débil respuesta del gobierno nacional fue ponerse al lado de los generales de la república y en contra del sueño dorado de los colombianos de la paz con justicia social. El desvío del avión, igualmente, se comprobó que fue también un montaje perfectamente acoplado por el militarismo reaccionario y recalcitrante.

Pero, si estos hechos no se hubieran presentado, el gobierno nacional se hubiera tenido que inventar otras disculpas quizás más pueriles o sofisticadas para decir que era imposible continuar con el proceso. El fondo de todo era que una vez más la oligarquía se declaraba incapaz de ceder y hacerle ciertas concesiones a los anhelos del pueblo colombiano. Se recordará que varias horas tuvieron los generales “detenido” al presidente en la base militar de Melgar, un encuentro que poco trascendió en los medios de comunicación, se manejó con sigilo y discreción. Todo parece indicar que allí, los militares y el embajador de los Estados Unidos, le dijeron al presidente: “Maestro, el proceso no va más”.

Resulta pertinente, también, recordar la carta del comandante Manuel Marulanda Vélez al presidente Pastrana en la cual le reclama con fuerza sobre qué temas se pueden comenzar a abordar de la agenda debidamente aprobada por las dos partes, por cuanto el movimiento insurgente proponía cualquiera de los temas prevista en este acuerdo e inmediatamente la respuesta era que ese tema era imposible abordar.

Si hay que sacar una lección diáfana y precisa de ese ejercicio es que el gobierno nacional nunca tuvo sinceridad y deseos de resolver el problema de la guerra que viene sacudiendo al país nacional. Es más: Triunfó la política criminal de la burguesía, el militarismo y el terrorismo de Estado. Se podría afirmar que Pastrana fue objeto de un vulgar ultimátum.

Diez años después, la “agenda para negociación: Gobierno – FARC”, sigue vigente y es precisamente, la insurgencia la que le propone a Santos Calderón, retomarla, naturalmente bajo otras condiciones, pero vuelve la oligarquía y los enemigos agazapados de la paz, a los cuales hizo referencia en su momento Otto Morales Benítez, a colocarle todo tipo de trabas a las ruedas de la iniciativa. No dice la burguesía ni pío, sobre la iniciativa, pero sí repite maquinalmente el mismo sonsonete: “La guerrilla no tiene iniciativa”.

Bueno resulta recordar los términos de esa agenda, por cuanto la peste del olvido en el gobierno es una constante, lo mismo que la tergiversación y la desinformación:

1.       Solución Política negociada: 1.1. Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional. En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz. De ahí el compromiso que debemos asumir todos los colombianos con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales y religiosos.

2.      Protección de Derechos Humanos como responsabilidad del Estado: 2.1. Derechos fundamentales; 2.2. Derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente; 2.3. Tratados internacionales sobre derechos humanos.

3.      Política agraria integral: 3.1. Democratización del crédito, asistencia técnica, mercadeo; 3.2. Redistribución de la tierra improductiva; 3.3. Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico y/o enriquecimiento ilícito; 3.4.
Estímulo a la producción; 3.5. Ordenamiento territorial integral; 3.6. Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo.

4.      Explotación y conservación de los recursos naturales: 4.1. Recursos naturales y su distribución; 4.2. Tratados internacionales; 4.3. Protección del medio ambiente sobre la base del desarrollo sostenible.

5.      Estructura económica y social: 5.1. Revisión del modelo de desarrollo económico; 5.2. Políticas de distribución del Ingreso; 5.3. Ampliación de mercados internos y externos; 5.4. Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada; 5.5. Apoyo a la economía solidaria y cooperativa; 5.6. Estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la nación; 5.7. Participación social en la planeación; 5.8. Inversión en bienestar social, educación e investigación científica.

6.      Reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico: 6.1. Sistema judicial; 6.2. Órganos de control; 6.3. Instrumentos de lucha contra la corrupción; 6.4. Narcotráfico.

7.      Reforma política para la ampliación de la democracia: 7.1. Reforma a los partidos y movimientos políticos; 7.2. Reformas electorales; 7.3. Garantías a la oposición; 7.4. Garantías para las minorías; 7.5. Mecanismos de participación ciudadana.

8.     Reformas del Estado: 8.1. Reforma al congreso; 8.2. Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública; 8.3. Descentralización y fortalecimiento del poder local; 8.4. Servicios públicos; 8.5. Sectores estratégicos.

9.      Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario: 9.1. Desvinculación de los niños del conflicto armado; 9.2. Minas antipersonales; 9.3. Respeto a la población civil; 9.4. Vigencia de normas internacionales.

10.   Fuerzas militares: 10.1. Defensa de la soberanía; 10.2. Protección de los Derechos Humanos; 10.3. Combate a los grupos de autodefensa; 10.4. Tratados internacionales.

11.   Relaciones internacionales: 11.1. Respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención; 11.2. Integración regional latinoamericana; 11.3. Deuda externa; 11.4. Tratados y convenios internacionales del Estado.

12.  Formalización de los acuerdos: 12.1. Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos.

Este documento histórico debe estudiarse en la actualidad para comprender con claridad los procesos y asumir una posición consecuente sobre quién realmente no ha querido dar pasos hacia la paz con justicia social.

Además, para ahondar en la lucha por la salida política al conflicto social y armado y acabar con esta guerra que según la corporación Arco Iris, ha dejado en los últimos tres años 6.400 militares fuera de combate, 2.235 de ellos durante el año de 2.011. En ese sentido señala el director de esta corporación, León Valencia: “Es una dolorosa guerra, invisible a los ojos de la opinión pública que apenas alcanza a sentir el gran ruido de la muerte  de los jefes guerrilleros”[i] 

Todo parece indicar que a pesar de la inmensa cantidad de dólares y tecnología al servicio de la guerra en Colombia, las fuerzas militares ganan la batalla solo en los medios de comunicación. Las cifras son irrefutables.

Ibagué, febrero 21 de 2012


[i] Semanario VOZ La verdad del pueblo. Edición 2626 semana del 15 al 21 de febrero de 2012. Primer plano. (1)