Un año fue desaparecida la ambientalista Sandra Viviana Cuéllar |
OIDHACO
Periodismo Humano
Desde su llegada al poder el gobierno del presidente Santos
ha encontrado todo el respaldo de Bruselas a pesar de que Colombia
mantiene uno de los más altos índices de violaciones a los derechos
humanos en Occidente. Las cifras de las desapariciones
forzadas en lugar de disminuir van en aumento. Según
la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) “a mayo de 2011, el total acumulado de
personas desaparecidas incluidas en el Registro Nacional de
Desaparecidos sumaba más de 57.200. En el 2010, la OACNUDH registró un
aumento significativo de casos de desaparición forzada: casi un 40% en
2010 con respecto a 2009”.
Para Oidhaco, esta situación es muy preocupante. “Y
preocupa todavía más, el silencio de la UE ante este drama que afecta a
miles de personas”, declara Vincent Vallies, portavoz de la
organización con sede en Bruselas. Le recuerda a la UE que
organizaciones colombianas y europeas le han solicitado que condene
públicamente esta situación y que pida al gobierno colombiano que lleve a
cabo una lucha frontal contra este crimen, apoyando a las víctimas y
juzgando a los responsables.
Hace un año fue desaparecida la ambientalista Sandra
Viviana Cuéllar, al parecer, por su labor profesional en defensa de
los intereses de las comunidades que ven cómo las empresas y el
gobierno pasan por encima de sus derechos para poder explotar los
recursos naturales. “Al día de hoy no tenemos noticias de Sandra y no
vemos acciones del gobierno enmarcadas en encontrar su paradero;
seguiremos exigiendo” declara Vincent Vallies. El gobierno colombiano
todavía no ha tomado las acciones necesarias para finalizar el proceso
de ratificación del Convenio Internacional para la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas, “es muy grave y no nos
indica una voluntad de lucha contra ese crimen” añade el portavoz de
Oidhaco.
La mayoría de los crímenes en
Colombia permanecen en la impunidad. Ahora, las organizaciones de DDHH
temen que las reformas en curso sobre fuero militar y justicia
transicional, refuercen todavía más la impunidad. Igualmente la actitud
del gobierno frente a la justicia ha llamado la atención.
Recientemente el Tribunal Superior de Bogotá, a través de una sentencia
condenatoria sobre desaparición forzada en el caso del Palacio de
Justicia, obligó tanto al ejército colombiano como al Estado a pedir
perdón públicamente a las víctimas. Pero el presidente Santos
descalificó la sentencia “pidiendo ‘a nombre de los colombianos’ que se
actúe en sentido contrario, y que más bien se pida perdón al
Ejército”#. La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de transferir ese caso a la Corte Interamericana por “falta de
esclarecimiento judicial de los hechos” es una prueba más de la
impunidad en el país. “A 26 años de los hechos, el Estado únicamente ha
sancionado a dos autores mediatos, algunos procesos no han tenido
avances significativos y continúan en etapa preliminar, y otros han
sido objeto de dilaciones procesales.
Asimismo, a la fecha, el Estado
no ha tomado las medidas suficientes para dar con el paradero de once
de los doce desaparecidos.”#
Oidhaco espera de la UE una
actitud más firme y le pide aprovechar el próximo Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Ginebra para
expresar públicamente sus preocupaciones frente a las violaciones de
Derechos Humanos y la impunidad que les acompaña, y que muestre su
apoyo a las víctimas de estos crímenes.
(*) La Oficina Internacional Derechos Humanos-Acción Colombia
representa una red de más de 30 organizaciones europeas e internacionales. Tiene su sede en Bruselas.
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