ONGS denuncian ante la CIDH que la Jurisdicción Penal Militar continúa conociendo casos sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia

Por: organizaciones de Derechos Humanos

Durante la audiencia, sobre la actuación de la Jurisdicción Penal Militar realizada en el marco del 140° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., se presentaron por parte de La Asociación Minga, la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CALP, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR, la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos FCSPP y Justapaz, las acciones, medidas administrativas y judiciales, que desconocen la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano relativas a la utilización restrictiva de la jurisdicción penal militar y su incompetencia para investigar casos de violaciones a derechos humanos, en el marco del derecho a un recurso judicial adecuado en los términos del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido se presentaron las preocupaciones que rodean la puesta en vigor del Nuevo Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010) entre las que se destacan: i) la imparcialidad e independencia de las autoridades encargadas de administrar justicia; ii) la efectiva participación de las víctimas a lo largo de todo el proceso penal; iii) las amplias facultades de los jueces penales militares para ordenar labores de inteligencia y seguimiento; iv) la limitación de la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública en los casos en los que se encuentran en posición de garante; v) la tipificación de conductas que no guardan relación estrecha, directa y próxima, con el servicio militar; vi) la diferencia desproporcionada entre las penas impuestas por la justicia ordinaria y las establecidas por la justicia penal militar, sin que existan razones legitimas para ello, vii) causales de menor punibilidad y viii) Creación de un Cuerpo técnico de Investigaciones dependiente de la Justicia Penal Militar.

Finalmente Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron a la Comisión requerir al Estado Colombiano garantizar la aplicación excepcional de la jurisdicción penal militar y su incompetencia para actuar en casos de violaciones a derechos humanos y manifestaron nuevamente la necesidad de que la Comisión Interamericana visite a Colombia para que verifique la grave situación de Derechos Humanos en el país.